La Fiscalía de Madrid confirma que ha trasladado a los juzgados denuncias por un nuevo delito relacionado con las muertes en residencias
El ministerio público recibió en octubre una denuncia colectiva de 109 familiares por denegación de asistencia sanitaria en 2020 que ha enviado a los jueces que ya investigaban los abandonos
Se confirma que las familias de fallecidos en residencias de Madrid tendrán una nueva oportunidad judicial. La Fiscalía de Madrid ha informado este lunes de que ha presentado denuncias por un nuevo delito en relación con las muertes de 2020 sin asistencia médica, como ya había informado EL PAÍS. Se trata del tipo penal de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, una vía distinta al homicidio imprudente y la omisión de socorro, que era el cauce intentado hasta ahora por cientos ...
Se confirma que las familias de fallecidos en residencias de Madrid tendrán una nueva oportunidad judicial. La Fiscalía de Madrid ha informado este lunes de que ha presentado denuncias por un nuevo delito en relación con las muertes de 2020 sin asistencia médica, como ya había informado EL PAÍS. Se trata del tipo penal de denegación de un servicio público por motivos discriminatorios, una vía distinta al homicidio imprudente y la omisión de socorro, que era el cauce intentado hasta ahora por cientos de querellantes que actuaron contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso y dos consejeros. Las asociaciones que respaldan a las familias han aplaudido la noticia y han pedido al firmante de los protocolos de triaje, Carlos Mur, “que tire de la manta”.
La Fiscalía ha dado la noticia por medio de una nota de prensa, que se conoce en un momento de alta tensión política con ocasión de la cobertura mediática del quinto aniversario de estos hechos. Este movimiento del Ministerio Público se debe a que en octubre recibió una denuncia colectiva de 109 familiares de 115 fallecidos. Los fiscales han tenido que analizar contrarreloj sus casos porque, según advirtieron las asociaciones, el nuevo delito comenzaba a prescribir el 18 de marzo, cinco años después de las primeras muertes. Ahora, los jueces deben tomar alguna medida contra los denunciados antes de seis meses, de lo contrario se entendería que la vía por este nuevo delito quedaría también cerrada.
Las familias han apuntado contra cuatro responsables de la gestión de la crisis sanitaria en Madrid. el firmante de los protocolos de no hospitalización, el director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur de Víu; el geriatra al que consideran “ideólogo” de ese triaje, Francisco Javier Martínez Peromingo; el director de las urgencias Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; y el asesor sanitario de Ayuso, Antonio Burgueño Carbonell. Además, incluyen el nombre de 25 geriatras que se encargaron de filtrar las peticiones telefónicas de hospitalización de las residencias.
Los fiscales están pidiendo a los jueces que citen a declarar “como investigados de los responsables de la Administración que fueron los autores intelectuales de la elaboración y, en su caso, firmaron los protocolos ya identificados en la denuncia”, según ha podido comprobar EL PAÍS, que ha tenido acceso a uno de los decretos. Fuentes legales vinculadas a las asociaciones que patrocinan a las familias consideran probable que los jueces atiendan esta petición de la Fiscalía. Hasta ahora, los jueces habían citado como testigos a Mur y a Peromingo, pero nunca los habían imputado. Las asociaciones también interpretan que la expresión genérica ”autores intelectuales” deja la puerta abierta a que sean citados los superiores de Mur en el Gobierno madrileño.
No obstante, la suerte de los 109 denunciantes será dispar. Quienes tenían un procedimiento previo por los delitos de homicidio y omisión de socorro podrán sumar ahora este nuevo delito a las causas existentes, pero si ya ha sido archivado previamente no podrán ser reabiertos, informan fuentes de la Fiscalía. Por otro lado, sí han sido trasladadas a los juzgados los casos de nueve denunciantes que hasta ahora no habían judicializado la muerte de sus familiares.
La denuncia colectiva fue anunciada en octubre por dos asociaciones de familiares, Verdad y Justicia y Marea de Residencias, que dan asesoría legal a los hijos de fallecidos. Las familias tomaron esta decisión al ver que cientos de querellas presentadas hace cinco años por homicidio imprudente y omisión de socorro no estaban teniendo éxito. Creen que la nueva denuncia, por el artículo 511 del Código Penal (denegación de un servicio público por motivos discriminatorios), tiene más visos de prosperar.
Tras conocer la noticia, las asociaciones han difundido un comunicado celebrando el avance. “Es un primer paso decisivo para conocer la verdad y hacer justicia con las víctimas de las residencias”, han dicho. “El segundo paso para que se haga Justicia está ahora en manos de los Juzgados de Instrucción, a quienes pedimos que dicten las medidas de investigación necesarias para evitar la prescripción de los delitos”.
La noticia se produce en pleno conflicto con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con ocasión de la cobertura mediática por el quinto aniversario de los hechos. Hace unas semanas, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, pidió disculpas tras ser acusado de ofender a los familiares que aparecieron en el programa Lo de Évole, en La Sexta. Y la semana pasada, Ayuso calificó de “sectario” un programa especial de RTVE que incluyó un documental crítico con la gestión que hizo el Ejecutivo madrileño.
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