Pizcar entre plaguicidas

Flora trabajó durante años en campos agrícolas de Sinaloa. En su segundo embarazo tuvo complicaciones de salud. La joven de 31 años originaria de Guerrero cuenta que su niña nació con la cabeza muy grande y murió a los días. No sabe exactamente el nombre de la complicación de la pequeña, pero ella cree que fue porque durante ese embarazo estuvo expuesta a los plaguicidas que arrojan las avionetas que fumigan los campos. “Yo nomás recogía tomate, pero las avionetas pasaban todo el día y el aire hacía que nos bañáramos de eso”, relata.

Un jornalero fumiga en un campo del norte. Cuartoscuro

Uno de los peligros más latentes para los jornaleros es el uso de plaguicidas. Las autoridades sanitarias en México (Cofepris) han advertido que los trabajadores agrícolas están sometidos a riesgos especiales asociados a la inhalación y contacto durante la preparación y aplicación de los plaguicidas a los cultivos. Debido a que la exposición constante ocasiona enfermedades cancerígenas y deformaciones congénitas, diversas normas prohíben que los niños y las mujeres embarazadas o en estado de lactancia realicen actividades donde se manejen sustancias tóxicas.

Los trabajadores indígenas son más vulnerables a los efectos de estos químicos por diversos motivos. “No son informados sobre la peligrosidad de la exposición, los contratantes no los dotan con el equipo de protección requerido y las condiciones en las que viven y trabajan impiden, por ejemplo, que se bañen y laven la ropa después de haber estado en contacto con plaguicidas”, se expone en un informe de Cofepris.

Uno de los Estados donde más se utilizan plaguicidas es Sinaloa, debido a que su actividad económica principal es la agricultura. Un estudio hecho por José Guillermo Galindo Reyes, doctor en toxicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, encontró que en los campos de la entidad las empresas utilizan plaguicidas que están prohibidos en otros países. “Existe un mercado negro de plaguicidas y en él están involucradas diversas autoridades, comenzando por las aduanas que permiten el paso de estos productos prohibidos”.

El autor del libro Jornaleros y medio ambiente: Los agroquímicos en la agricultura sinaloense levantó muestras en 2008 y 2014 del agua de los drenes y los suelos agrícolas, así como muestras de sangre y orina de los jornaleros y las personas que viven en las zonas aledañas a los campos. “Los mismos plaguicidas que encontré en suelo y agua son los mismos que encontré en sangre y orina”, explica.

El investigador señala que debido a la exposición constante a los plaguicidas los jornaleros presentan una serie de problemas de salud. “Empiezan a padecer intoxicaciones agudas con síntomas como vómitos, dolores de cabeza o temblores. Las personas que por periodos largos están expuestos a estas sustancias presentan enfermedades más serias, desde leucemias, daños al hígado, cáncer, alteraciones congénitas, sus hijos pueden tener malformaciones o algún tipo de tara (deficiencia mental)”, menciona.

En un operativo emprendido a nivel nacional entre la Cofepris y la Secretaría del Trabajo en 2013 para revisar si a los jornaleros se les capacitaba sobre el manejo de los plaguicidas y agroquímicos, Sinaloa fue la entidad donde más irregularidades se detectaron: 3.680 fallas en 122 recorridos realizados en un año. La empresa con más anomalías en la entidad, según la información brindada en respuesta a una solicitud de información, fue la de Ceuta Produce.

Una vida entre químicos

Everardo trabaja con plaguicidas en un campo de Ceuta Produce, una de las empresas agrícolas más importantes de Sinaloa. Hace unos meses le cayó un ácido en los ojos que trató con remedios caseros. El incidente no pasó a mayores, pero el hombre desde entonces no deja de preguntarse qué pasaría si ante un accidente de trabajo quedara incapacitado. “No tengo seguro social permanente, sólo como eventual. Yo no tengo vacaciones y así me esté revolcando de dolor, tengo que ir a trabajar o si no me descuentan el día”, afirma.

El señor de 52 años cuenta que nunca le han explicado los riesgos por los químicos que emplea, no le realizan exámenes médicos periódicos para monitorear los daños que pudiera haber en su salud y tampoco lo han capacitado para usar el material de trabajo a fin de evitar los riesgos, pese a que todas son obligaciones por ley. “Aprendí viendo a los otros”, comenta. La ropa que usa para su trabajo él la lava.

Margarita Nemecio, defensora de los jornaleros migrantes indígenas, menciona que es obligación del patrón capacitar al personal que está en contacto con los agroquímicos a fin de disminuir el riesgo por su uso. También la empresa debe desinfectar el equipo de trabajo. “El químico no se quita solo con agua y jabón, se impregna y por eso la empresa se debe encargar de desinfectar esa ropa todos los días”.

Everardo es de Puebla, pero vive en Elota -municipio costero ubicado a 130 kilómetros de Culiacán, la capital de Sinaloa- desde hace varios años. La empresa le permitió instalarse con su familia en un cuarto del albergue.

Su entorno no es muy promisorio. En Elota (42.900 habitantes) el 56,8% de sus pobladores está en pobreza, un 32% presenta “carencia por acceso a la alimentación”, el 55% de la población de 15 años y más ni siquiera terminó la educación básica, y en tres de cada diez viviendas sus habitantes padecen hacinamiento. Entre las localidades con los mayores grados de rezago social están los campos Tayoltita, la Retama, Nuevo Caimanes, Empaque Tarriba, y Ballavista –todos parte de Ceuta Produce-, según un informe de la Secretaría de Desarrollo Social sobre la situación de pobreza.

El campo donde trabaja Everardo es de Ceuta Produce, una empresa establecida en Elota y que formó parte del estudio que realizó el investigador Galindo Reyes. En la región analizada –que comprende las localidades de Elota, Navolato y Mazatlán- encontró que hay poca regulación sobre el uso de los plaguicidas. “En su mayoría los jornaleros no usan equipos protectores con mascarillas y andan con ropa ligera porque es una zona muy calurosa. En muchas ocasiones andan trabajando y las avionetas fumigadoras pasan arriba y los fumigan junto a los cultivos”, resalta.

Las empresas no alertan a los trabajadores del daño a la salud y los jornaleros tampoco tienen conciencia de los problemas que les puede traer en un futuro. “Todos los plaguicidas traen una etiqueta y ahí vienen con letras chiquitas las precauciones que deben tener, pero un 80% de los jornaleros son analfabetas. Ha habido casos donde lavan los envases de los plaguicidas y los utilizan para almacenar agua para beber”, expone el doctor en ciencias.

Jornaleros en un campo de Sinaloa. Héctor Guerrero

Ceuta Produce, una empresa señalada

Desde el 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había informado a las autoridades del trabajo sobre las condiciones que, según dos expedientes que le habían hecho llegar, imperaban en los campos de Ceuta Produce. En una queja se expone que 200 campesinos de Veracruz fueron engañados por la empresa, ya que trabajaban de doce a catorce horas, los hacían comprar sus productos básicos en tiendas de raya y eran humillados por el personal. En una carta enviada por un jornalero a su esposa el hombre le escribe: “No esperes el dinero porque aquí no ganamos nada, no alcanza para comer”.

Diez años después de esa queja, en el 2011 la organización Tlachinollan denunció que la empresa no les brindaba contratos formales a sus trabajadores, las viviendas donde los albergaban se encontraban en malas condiciones y en algunas tiendas al interior de los campamentos los productos básicos eran muy caros.

Pese al historial de quejas, los campos agrícolas de Ceuta Produce han sido poco inspeccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). A pesar de que el reglamento en la materia establece la obligación de llevar a cabo visitas extraordinarias y ordinarias (periódicas), la STPS sólo ha girado órdenes para realizar una visita a cada uno de los seis campos que tienen en Sinaloa.

En las inspecciones hechas en diciembre de 2013 se revisaron 76 lineamientos en materia de seguridad e higiene. En el campo Caimanes y Capule se encontraron 53 irregularidades, mientras que en el campo Cinco fueron 58. Los otros tres campos se encontraban sin actividad. El inspector pidió atender las fallas y ordenó prohibir la utilización de mujeres embarazadas o lactantes en labores peligrosas e insalubres, realizar exámenes médicos de ingreso a los empleados, proporcionar equipo de protección personal a quien tenga contacto con plaguicidas, y contratar un seguro de vida para los traslados de los jornaleros. También pidió contratar un médico e instalar una enfermería dotada con medicamentos y material de curación en uno de los campos.

En agosto de 2014 la Secretaría envió un oficio a la empresa donde le informaban de las fallas. “Se determinó la existencia de condiciones que no se ajustan a los ordenamientos legales en la materia, lo que impide garantizar la salud y la vida de los trabajadores”. Se les advertía que contaban con un plazo para corregir las anomalías y si no acataban, se le sancionaría y hasta se podría clausurar el centro de trabajo.

En abril de 2015 al haber advertido que no se dio cumplimiento a las observaciones, se le envió un oficio a la compañía. “Se remite el expediente a la dirección jurídica y se solicita la instauración del procedimiento administrativo sancionador en virtud de las presuntas violaciones a la ley laboral”, se lee en el documento.

En 2015 y 2016 la STPS realizó nuevas visitas a las oficinas corporativas de la empresa Agroservicios Ceuta, donde encontró nuevas irregularidades, como el hecho de que no se acreditó el pago de reparto de utilidades y tampoco se comprobó que dada de alta a sus empleados en el fondo de vivienda (Infonavit).

Las sanciones impuestas sumaron medio millón de pesos pesos (unos 27.700 dólares), pero nunca se pagaron porque fue anulada después de que la empresa interpusiera un juicio y el Tribunal Superior de Justicia Administrativa fallara a su favor. En respuesta a este medio, la empresa aseguró que una de sus premisas es que los trabajadores y sus familias reciban un trato justo y digno. "Sin embargo, reconocemos que en el proceso puede haber errores, los cuales una vez identificados trabajamos inmediatamente para corregir con la mejor de las intenciones", se expone. A fin de mejorar los procesos internos constantemente se realizan cambios en las áreas que prestan servicio a sus empleados del campo, se destaca. "Gracias a dichos cambios hemos podido identificar áreas de oportunidad y estamos trabajando en ellas", se explicó en un comunicado.

Ceuta no es la única empresa a la que le han anulado las multas, en el resto de las compañías sancionadas ha pasado lo mismo: prevalece la impunidad. En Sinaloa es donde la STPS ha emitido el monto más alta de sanciones con 14,8 millones de pesos (unos 822.000 dólares) entre enero de 2006 y agosto 2017, y no se ha pagado ni un peso. En una respuesta hecha a través de una solicitud de información, la delegación de la STPS en Sinaloa detalló que el 97,5% fueron anuladas y el restante 2,5% fueron enviadas para su cobro desde 2009, pero éste no se ha saldado.

Los patrones se resisten a brindarle a sus trabajadores todos los derechos laborales y continúan violando la normatividad porque no hay sanciones, dice María Teresa Guerra Ochoa, autora del libro Los trabajadores de la horticultura sinaloense. “A los productores no les importan los derechos laborales de sus trabajadores porque son migrantes, indígenas y pobres y por eso no les pagan utilidades y no les dan vacaciones”, agrega.

Una de las violaciones más frecuentes es que no los inscriben en el seguro social. “A los únicos que inscriben son a los trabajadores de confianza. Cuando alguien necesita hacerse algún estudio, simulan el registro o usan un mismo número de seguridad social para varios jornaleros. En otros casos los dan de alta temporalmente”, dice la activista sinaloense.

¿Quiénes son los dueños?

Ceuta Produce es parte del emporio de grupo Tarriba, que fue constituido por Roberto Tarriba Rojo, ya fallecido. En 1987 vendió la empresa hortícola a sus hijos. Roberto, el mayor es quien administró la compañía hasta que murió en 2004. Desde entonces Iván Tarriba Haza lleva la batuta.

En el 2006 la empresa tenía alrededor de 2.000 hectáreas abiertas al cultivo, según el libro Tarriba, origen y trascendencia (2014). Además de Ceuta tienen otras empresas agrícolas como la productora de mangos Alex (donde la STPS también ha encontrado anomalías) y la comercializadora Farmer´s Best con centros de distribución en Arizona y Texas. En siete años recibió 7,4 millones de pesos (411.000 dólares) en subsidios del programa federal Proagro.

La familia siempre ha estado ligada al conservador Partido Acción Nacional (PAN). En 1983 apoyaron a Jorge del Rincón en su campaña política por la alcaldía de Culiacán, la capital de Sinaloa, según reseñaron diarios locales. Tres años después, don Roberto y su esposa respaldaron a Manuel Clouthier del Rincón, alias Maquío, en su disputa por alcanzar la gubernatura en una época donde el gubernamental PRI tenía el control casi absoluto en la entidad.

En 2004, Roberto, el hijo mayor de Tarriba Rojo, preparaba su respaldo a Heriberto Félix Guerra, candidato del PAN a la Gubernatura, pero su repentina muerte frenó sus planes. El edificio del partido albiazul en Culiacán lleva el sello de los Tarriba, tras haber apoyado económicamente su construcción.

La familia Tarriba ha sido descrita por sus allegados, según los amplios reportajes divulgados en la prensa local, como filántropa y con vocación de servicio. Iván Tariba Haza fue parte del patronato de Save the Children, capítulo Sinaloa, en 2011. En una de las notas de prensa se leía que el objetivo del patronato sería impulsar acciones en beneficio de los niños y niñas del Estado. En una visita de inspección hecha en diciembre de 2013 al campo Caimanes de la compañía había 15 menores --de entre 16 y 18 años de edad-- trabajando.

La agrícola de esta familia es una de las más importante en Sinaloa. Los Tarriba forman parte de un grupo de productores del Estado que siempre han estado relacionados al poder político y económico en México, explica Guerra Ochoa. “En Sinaloa ha habido gobernadores, alcaldes, que vienen de ese sector, entonces a todo gobernador le importa el sector hortícola porque estás hablando de gente pudiente y con un alto poder económico”, dice.

Los productores hortícolas históricamente han sido consentidos y protegidos porque tienen una interacción directa con los gobernadores. “Ellos además están organizados, mientras que los jornaleros si acaso están en algún sindicato corporativo que ni los representan bien y nomás les cobran cuota”, expone.

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