La honestidad de los candidatos debería ser un requisito exigido por los votantes. No suele ser así
La corrupción política se investiga y se sanciona en España. La policía y los fiscales hacen su trabajo cada vez mejor. Lo que no está nada claro es que tenga una repercusión en el voto
Con fecha de 2015, 600 ayuntamientos de este país ya habían sido investigados por corrupción y en más de 300 casos se habían abierto causas judiciales. Según los datos del catedrático Manuel Villoria, especialista en el tema, el 60% de los ayuntamientos de Murcia y el 40% de los de Canarias habían pasado por ese trance. En la memoria de la Fiscalía de 2022 se contabilizan 45 diligencias relacionadas con corrupción política, muchas de ellas con ...
Con fecha de 2015, 600 ayuntamientos de este país ya habían sido investigados por corrupción y en más de 300 casos se habían abierto causas judiciales. Según los datos del catedrático Manuel Villoria, especialista en el tema, el 60% de los ayuntamientos de Murcia y el 40% de los de Canarias habían pasado por ese trance. En la memoria de la Fiscalía de 2022 se contabilizan 45 diligencias relacionadas con corrupción política, muchas de ellas con hasta 15 y 20 piezas abiertas distintas. Está claro que la corrupción política se investiga y se sanciona en España y que la policía y los fiscales hacen su trabajo cada vez mejor. Lo que no está nada claro es que tenga una repercusión electoral.
España no sufre un problema de corrupción sistémica, pero sí se ha demostrado que, en el ámbito municipal y autonómico, se han producido con una asombrosa frecuencia casos de corrupción política, fundamentalmente vinculada al sector de la construcción y al urbanismo. Ahora, las noticias sobre la compra de votos en Melilla (Coalición por Melilla) y municipios como Mojácar (PSOE) amplían el campo de esa corrupción en un escenario especialmente grave, el electoral. La rapidez con la que se investiguen, atajen y castiguen esas redes será fundamental, pero también los mecanismos de control de que dispongan los partidos políticos para vigilar sus estructuras locales, de las que son responsables.
Según la mayoría de los estudios publicados, los ciudadanos no tenemos experiencias directas de corrupción en el trato con la Administración del Estado (los funcionarios son honestos). Sin embargo, tenemos una percepción muy alta de que existe corrupción en el país porque es evidente que ha habido un gran problema a la hora de controlar a los partidos, municipios y autonomías y por la discrecionalidad con la que han podido actuar en lo relativo al urbanismo. Está por ver si las nuevas legislaciones aprobadas desde 2015 han levantado una barrera suficiente o si lo único que ha ocurrido es que estalló la burbuja que alimentó toda esa podredumbre y que, ahora, toda la red está a la espera de nuevas oportunidades.
Se supone que, si la corrupción encuentra su mejor caldo de cultivo en ayuntamientos y comunidades autónomas, ese debería ser uno de los grandes temas de preocupación cara a las elecciones que se celebran hoy y que la honestidad personal de cada candidato debería ser uno de los requisitos más exigidos por los votantes de cualquier partido. Y, sin embargo, la experiencia demuestra que no es así. No está claro, por los resultados electorales anteriores, que la corrupción sea el motivo de una mayor abstención o que el partido más afectado sufra una pérdida notable de apoyos. Quizá porque la polarización es tan grande que las personas con sesgo partidista deciden ser tolerantes con los casos que implican a su grupo.
La campaña ha tratado tangencialmente el tema y no parece que los anuncios de reavivar la burbuja inmobiliaria realizados por el PP en toda España hayan despertado la alarma de los ciudadanos. La candidata popular a la Comunidad de Madrid (muchos de cuyos ayuntamientos se vieron implicados en casos de corrupción en los años dos mil), por ejemplo, ha anunciado que permitirá a todos los ayuntamientos de la región construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso sin necesidad de realizar una modificación del planeamiento urbano local. Se trata de vivienda pública, se dirá, pero ya es conocido que, en Madrid, esos pisos acaban fácilmente en manos de fondos de inversión.
El problema con los casos de corrupción municipal y autonómica no es solo el efecto sobre el sector afectado en particular. Es que la corrupción modifica, además, la composición del gasto público. Numerosos estudios han demostrado que disminuye el gasto destinado a educación y a la sanidad pública, por ejemplo. ¿Cómo? Paolo Mauro, economista del Fondo Monetario Internacional, lo ha explicado con sencillez: se reduce el gasto en educación y en sanidad porque se utiliza ese dinero en otros sectores en los que es más fácil el soborno o que brindan más oportunidades lucrativas para los responsables políticos o su partido.
Un corrupto hábil suele ser al mismo tiempo un hábil charlatán. Y una vez que le das poder a un charlatán nunca lo recuperas, decía el escritor y científico Carl Sagan.
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