La dureza de la sentencia contra las Pussy Riot muestra el alza de la intolerancia rusa

La dureza con la que una jueza de Moscú ha castigado el viernes a tres integrantes del grupo Pussy Riot —dos años de cárcel por un breve espectáculo irreverente en la catedral de Cristo Redentor— muestra que la corriente de intolerancia y nacionalismo está en alza en Rusia. Para los sectores liberales que se han solidarizado con María Aliójina, Yekaterina Samutsévich y Nadia Tolokónnikova, la sentencia de prisión por “gamberrismo” impuesta a todas ellas revela una alianza entre las autoridades políticas y los sectores conservadores que se aglutinan en torno a la Iglesia Ortodoxa. Rusia es formalmente un Estado laico, pero la Ortodoxia se ve a sí misma —y es vista también desde el Kremlin— como uno de los pilares que sustentan la integridad nacional.

Marina Sirova, la magistrada del proceso, no traicionó su fama de implacable: en toda su carrera, solo una vez dictó veredicto absolutorio. Diferentes cuerpos de Seguridad, desde la policía dependiente del Ministerio del Interior a la policía judicial, pasando por las tropas especiales (OMON), participaron en un enorme despliegue ante el juzgado del distrito de Jamovniki de Moscú y trataron de impedir a centenares de personas —periodistas, intelectuales y políticos incluidos— acercarse a menos de 300 metros del juzgado. Con mejor o peor suerte, activistas de oposición e intelectuales acudieron a expresar su protesta. Algunos, como el abogado y blogero Alexéi Navalni, consiguieron asistir al proceso. Otros, como el ex campeón mundial de ajedrez, Gari Kaspárov, o el líder del Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov, fueron llevados en volandas por la policía en dirección a dos autobuses especialmente dispuestos para confinar a los más protestones.

“Hoy es uno de los días más importantes de la historia de la Rusia moderna, porque podemos ver los primeros presos políticos de esta etapa”, dijo Kaspárov poco antes de ser detenido. “Cualquier sentencia condenatoria contra las Pussy Riot significa que Rusia abandona el espacio jurídico civilizado”. “Todos comprendemos la importancia de lo que en principio parecía una performance insignificante en la catedral de Cristo Redentor y que nos muestra la naturaleza represiva del régimen”, afirmó. Preguntado por el papel que atribuía a la Iglesia Ortodoxa en el juicio, Kaspárov opinó que esta institución es “una sección del KGB”. “Es evidente que las autoridades han tomado el rumbo de la ilegalidad y más tarde o más temprano provocarán alguna situación que generará grandes protestas en el interior y el exterior del país. Así que este caso tan insignificante es como un espejo en el que se reflejan todos los vicios del poder de Putin”, afirmó Kasparov.

“Se trata de una medida para intimidar, una más entre otras, como la nueva legislación que restringe los mítines, convierte en “espías” a las Organizaciones No Gubernamentales financiadas desde el extranjero y las previsibles duras sentencias que se dictarán contra los que participaron en las protestas contra Putin el 6 de mayo”, manifestó Vladímir Rizhkov, que fue vicejefe de la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento) y hoy es un político de la oposición.

Mientras en los reunidos en la calle gritaban “¡Vergüenza!”, o “¡Libertad para Pussy Riot!”, en la sala donde culminaba el proceso, la juez Marina Sirova leyó durante varias horas la sentencia en la que daba la razón a los testigos de cargo, todos ellos cristianos ortodoxos que se consideran ofendidos por la actuación de las Pussy Riot. De forma paradójica, Sirova invalidó la argumentación de las acusadas, en el sentido de que su actuación fue política, precisamente porque no llegaron a mencionar el nombre de Putin. Otra cosa es el montaje de vídeo donde, sobre un telón de fondo eclesiástico, las Pussy Riot cantan el texto entero de su canción en la que pedían a la Madre de Dios que echara a Putin del poder. El contexto de la actuación del 21 de febrero era la campaña para las elecciones presidenciales de principios de marzo, a las que Putin concurría.

Mark Feiguín, uno de los abogados de las Pussy Riot, manifestó que la sentencia “tiene serias irregularidades” entre ellas “citas y hechos falsos” y la atribuyó “a una decisión de Putin”. “El proceso ha sido una falsa y refleja que la ilegalidad y la falta de procedimiento jurídico se ha convertido en una norma”, sentenció. “Las autoridades se han mostrado sordas a la voz de la sociedad. Esto ha sido una venganza, aunque mucha gente en todo el mundo ha expresado su posición cívica”, dijo Feiguin. “Recurriremos, pero estoy seguro de que no cambiarán la sentencia. Acudiremos al Consejo de Europa”. El abogado advirtió de que las Pussy Riot “corren peligro” en la cárcel a la que serán enviadas: “El castigo en una institución penitenciaria es un peligro real para la vida y la salud de nuestras defendidas y hay que entender que las autoridades tal vez no quieran garantizar su seguridad”.

Por su parte, Stanislav Samusévich, el padre de Yekaterina, dijo que estaba dispuesto a apoyar moralmente a su hija y a visitarla, tanto si la envían al penal femenino de la región de Moscú o a la región de Mordovia. Samusévich, un ingeniero electrónico de profesión, manifestó que hay que distinguir entre la “cultura ortodoxa”, en la que dijo insertarse, y la Iglesia Ortodoxa rusa, que es, según él, “una secta autoritaria y burocrática”. La jerarquía ortodoxa rusa pidió clemencia para las condenadas en un comunicado difundido anoche.

Desde el otoño pasado, la sociedad de Rusia vive una fase dinámica. Cada vez son más los que protestan contra el sistema que representa Putin. Sin embargo, no están estructurados ni tienen capacidad hoy para cambiar el orden vigente. Putin sigue gozando de gran popularidad en comparación con los políticos occidentales, aunque los rusos le apoyan ahora menos que en el pasado. Una encuesta del centro Levada realizada a mediados de agosto indica que el 48% de los ciudadanos tienen una opinión positiva de Putin y un 25%, negativa (en mayo pasado la relación era de 60% a 21%).