Las extintas FARC admiten su participación en el magnicidio de un dirigente conservador en 1995
La antigua guerrilla reconoce en una carta al tribunal de paz de Colombia haber asesinado al ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado
En una sorpresiva carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, la extinta guerrilla de las FARC- hoy convertida en partido político tras el acuerdo de paz- admitió su participación en el magnicidio del excandidato presidencial, Álvaro Gómez Hurtado. El homicidio del líder conservador sacudió a los colombianos el 2 de noviembre de 1995 y tras varias décadas su familia exige claridad sobre lo ocurrido.
En la misiva, los miembros del antiguo ...
En una sorpresiva carta enviada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, la extinta guerrilla de las FARC- hoy convertida en partido político tras el acuerdo de paz- admitió su participación en el magnicidio del excandidato presidencial, Álvaro Gómez Hurtado. El homicidio del líder conservador sacudió a los colombianos el 2 de noviembre de 1995 y tras varias décadas su familia exige claridad sobre lo ocurrido.
En la misiva, los miembros del antiguo secretariado de las FARC ofrecen “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en cinco homicidios de alto impacto entre 1995 y 2002. En el listado se encuentran, el del excandidato conservador, Álvaro Gómez Hurtado; así como los de Hernando Pizarro León-Gómez; José Fedor Rey; Jesús Antonio Bejarano; el homicidio del general retirado, Fernando Landazábal Reyes; y el exrepresentante a la Cámara, Pablo Emilio Guarín.
Concretamente ha causado conmoción la revelación sobre el homicidio de Gómez Hurtado. El presidente Iván Duque señaló dudas. “Que la justicia cumpla con su tarea, pero que no vaya a permitir que por una vía se trate de obstruir la verdadera responsabilidad que hay detrás de ese asesinato. Porque adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones”, dijo Duque y pidió que “no se desestimen las afirmaciones que ha hecho la familia de Gómez Hurtado”. Para el Presidente, la JEP debe escuchar los testimonios, pero que la Fiscalía siga las investigaciones y se cotejen.
La noticia se da apenas dos días después de que la ex senadora izquierdista Piedad Córdoba dijera en medios de comunicación que ella tenía pruebas sobre los autores del magnicidio. Los escoltas de Córdoba sufrieron un ataque con disparos y ella denunció que teme por su vida.
Gómez Hurtado fue tres veces candidato presidencial por el partido Conservador y dueño del diario El Siglo. Desde allí fue uno de los mayores críticos del expresidente Ernesto Samper, durante el proceso 8.000, la investigación sobre el ingreso de dineros de la mafia a la presidencia. Durante años, la familia del político asesinado ha conectado las denuncias de Gómez Hurtado con su homicidio. Pero otras versiones han indicado la supuesta participación de paramilitares y narcotraficantes del cartel del Norte del Valle.
Tras las revelaciones de las extintas FARC, Samper manifestó su sorpresa a través de un comunicado. “Aunque entendemos y apoyamos que este reconocimiento se haga en el marco de la justicia transicional, como un aporte a la verdad, esperamos conocer los detalles de modo, tiempo y lugar, que seguramente investigará la JEP, para hacer un pronunciamiento definitivo”, dijo Samper al hablar por él y por su exministro del Interior, Horacio Serpa. Y agregó que ellos han sido “víctimas de insultos y calumnias por parte de la familia de Gómez Hurtado” y que esta revelación los pone también como “víctimas del silencio de las FARC sobre su responsabilidad en este homicidio”.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, informó de la recepción de la carta enviada por los exguerrilleros y dijo que “el trámite apenas inicia en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que es la competente”. Pero al mismo tiempo, por este caso existe una investigación en la justicia ordinaria, en la que hay tres oficiales de la Policía vinculados presuntamente por entorpecer el trabajo de los investigadores.