La guerra se recrudece en el Chocó colombiano

A pocas horas de comenzar un paro armado decretado por la guerrilla del ELN este miércoles en varias regiones de Colombia, en Chocó, una zona que ha sufrido la guerra históricamente, el temor se palpaba en cada conversación. Los conductores cancelaban viajes, los ríos, que son el eje de la vida en este departamento ubicado en el Pacífico, se vaciaban de lanchas y canoas y los pobladores se preparaban para varios días de confinamiento bajo las armas de ese grupo guerrillero. En otros depa...

A pocas horas de comenzar un paro armado decretado por la guerrilla del ELN este miércoles en varias regiones de Colombia, en Chocó, una zona que ha sufrido la guerra históricamente, el temor se palpaba en cada conversación. Los conductores cancelaban viajes, los ríos, que son el eje de la vida en este departamento ubicado en el Pacífico, se vaciaban de lanchas y canoas y los pobladores se preparaban para varios días de confinamiento bajo las armas de ese grupo guerrillero. En otros departamentos, el ELN concretó sus amenazas. En la costa caribe dinamitaron una carretera; en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, dejaron cargas explosivas en algunos lugares de la ciudad y en Santander, cinco trabajadores resultaron heridos al encontrar un explosivo abandonado.

“Oscurece en Istmina, Chocó. En doce horas inicia el paro armado del ELN pero ya el río está muerto. Nadie baja o sube por la cuenca del San Juan”, escribía Jorge Mantilla, director de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Tras ese silencio del río, se esconde el confinamiento, uno de los hechos más graves que viven los chocoanos actualmente, según fuentes de la Iglesia católica. Solo en un municipio llamado Litoral del San Juan hay 700 personas confinadas, que no pueden salir de su casa por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, un grupo paramilitar cuyo jefe, alias Otoniel, fue capturado por el Gobierno hace unos meses. También están rodeados de minas antipersona. “Sí, el mismo Clan del Golfo que el Gobierno dijo que estaba acabado con la captura de Otoniel. Urge repensar la política de seguridad en Colombia”, alerta el experto en Colombia de Human Rights Watch, Juan Pappier.

En ese mismo municipio y en otras 72 comunidades, las personas viven aterrorizadas. “Siempre hemos estado en paro”, dice con resignación una líder social del Consejo Comunitario del San Juan (Acadesan). “Acá el que se enfermó en la noche no tiene opción más que morirse en la casa por la enfermedad o por las balas si decide salir. Los mismos grupos lo dicen así, el que se mueve de su casa se muere”, cuenta desde la zona.

El confinamiento hace que poblaciones enteras estén sin alimentos y se encarezcan los productos que alcanzan a llegar. “Sube el transporte por las vacunas (extorsiones) y por las dificultades de llegar a los territorios y entonces se disparan todos los productos de la canasta familiar”, agrega la líder, que enumera precios que indignarían a cualquier citadino: “Una libra de queso cuesta 16.000 pesos, una de azúcar 3.000”. Chocó es una de las regiones más diversas y al mismo tiempo una de las más pobres de Colombia. Por eso es una doble tragedia que la guerra que se ha recrudecido en los últimos años genere inseguridad alimentaria.

Desde 2017, explican fuentes en la región, no se presentaba un paro armado como el anunciado esta semana por esa guerrilla que impide la libre circulación de personas y vehículos. La guerrilla ha advertido en un comunicado que solo permitirá que la población se “movilice por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias y emergencias hospitalarias”.

Tras el desarme de las FARC, después del acuerdo de paz entre la guerrilla y el Gobierno en 2016, se generó un vacío de poder y el ELN comenzó a tomar fuerza a pesar de las advertencias de los pobladores al Gobierno. A la vez, el Clan del Golfo se disputaba el territorio. Había una “calma tensa” que se rompió definitivamente en septiembre de 2021.

A mediados de ese mes, el Ejército lanzó operativos contra el ELN y en uno de ellos cayó alias Fabián, comandante del frente de guerra occidental del grupo. Según un comunicado de la guerrilla, fue herido durante un bombardeo y murió días después. En esa misma carta anunciaron represalias y como consecuencia varias poblaciones fueron desplazadas. Luego, según el ministro de Defensa, Diego Molano, cayó otro comandante, alias El Viejo y posteriormente alias Shumager o Marlon, segundo de otro frente del ELN y el encargado de reclutar menores de edad en la zona, una de las prácticas que más preocupan a los pobladores.

La instalación de minas antipersonales que también impiden la movilidad de los pobladores ya se ha cobrado víctimas, especialmente entre las comunidades indígenas. Pero no solo ocurre en las zonas rurales. En Quibdó, la capital chocoana, este lunes se desactivó un artefacto explosivo cerca de una escuela. “Estamos profundamente preocupados porque esto está alcanzando niveles jamás esperados en la capital de Chocó”, dijo Domingo Ramos, personero de Quibdó.

Diversos líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil denuncian “inacción” por parte del Gobierno de Iván Duque. “Más de un mes después (de haber denunciado el agravamiento de la crisis humanitaria), la respuesta del Estado son correos electrónicos con cartas vacías de contenido, puros formalismos, textos copiados y pegados, donde las entidades se lanzan la responsabilidad unas a otras y al final no pasa nada”, denunció la organización Acadesan. “En la vida real de las comunidades y el territorio, prácticamente no se ha implementado ninguna medida de prevención, protección ni de atención”, agregaron.

La Iglesia católica en El Chocó ha sido otra de las voces que ha insistido en la crítica situación. Sin embargo, hace una semana el ministro del Interior, Daniel Palacios, sugirió que las alertas de los obispos eran “falsas y extravagantes”. “El respaldo del pueblo es muy importante en momentos en que las instituciones pretenden desconocer la dura realidad de las comunidades de los diferentes municipios del departamento”, dijeron en un mensaje los obispos Mario Álvarez, de Istmina-Tadó; Hugo Torres, de Apartadó; y Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, el pasado 19 de febrero.

Desde Quibdó, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró este martes que el paro armado busca incidir en las elecciones legislativas y presidenciales que se realizan en Colombia a partir de marzo. “[El ELN] Afecta con su terrorismo a los colombianos para abrir falsas negociaciones de paz o para que otros les den perdón social, como dice hoy un candidato”, deslizó aunque sin eludir directamente a ningún aspirante a la presidencia.

La urgencia de una negociación con el ELN ha sido un pedido desde distintos sectores sociales de Chocó. Sin embargo, según fuentes de la zona, “ni el Gobierno quiere ni el ELN da señales. Por el contrario, esa guerrilla continúa con asesinatos selectivos, minas antipersonales y una fuerte campaña de reclutamientos”. Por ahora, en la zona no se vislumbran signos de paz.

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