España se suma a una ofensiva que exige un impulso a los acuerdos de libre comercio de la UE

Quince países advierten a Bruselas de que Europa se está quedando atrás frente a otras áreas del mundo

Un barco lleno de contenedores en el puerto de Valencia.EUROPA PRESS (Europa Press)

La época de los grandes acuerdos comerciales de la Unión Europea con otras áreas económicas y países es pasado. Preocupados por esto, 15 Estados miembros de la UE, entre ellos España, Alemania e Italia, han redactado una carta dirigida al vicepresidente y comisario de Comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en la que presionan para acelerar las negociaciones que hay en marcha y para que entren en vigor los acuerdos comerciales que están en un limbo pese a que ya hay pacto, c...

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La época de los grandes acuerdos comerciales de la Unión Europea con otras áreas económicas y países es pasado. Preocupados por esto, 15 Estados miembros de la UE, entre ellos España, Alemania e Italia, han redactado una carta dirigida al vicepresidente y comisario de Comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en la que presionan para acelerar las negociaciones que hay en marcha y para que entren en vigor los acuerdos comerciales que están en un limbo pese a que ya hay pacto, como ocurre con los países de Mercosur y con México. “La UE necesita urgentemente continuar impulsando una política comercial abierta y justa”, exigen.

Los 15 firmantes destacan que mientras el 80% del comercio de Japón se concreta a través de los acuerdos de libre comercio que tiene suscritos con otros países o áreas comerciales, la Unión Europea apenas exporta un tercio por esta vía. “Con el 85% del crecimiento mundial previsto para el futuro fuera de la UE”, consideran crucial impulsar acuerdos de comercio con el exterior. “Necesitamos algo más”, reclaman. Añaden, además, otros datos en defensa de su demanda: en la actualidad uno de cada siete empleos en Europa depende del sector exportador, “dos tercios más que en 2000, pero no es tiempo de complacencia”.

La firma de tratados comerciales es una competencia exclusivamente comunitaria en la que un país no puede ir por su cuenta y llegar a acuerdos con terceros Estados, puesto que se convertiría en una puerta de entrada al mercado único europeo con diferentes condiciones a los del resto. Este fue el motivo, por ejemplo, de que Bruselas no dudara en respaldar la posición española en el reciente conflicto con Argelia, advirtiendo al país norteafricano que su decisión de congelar transacciones financieras con España violaba el acuerdo con los Veintisiete.

Entre los firmantes de la petición están, además de España, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, los tres países bálticos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, República Checa, Croacia, Eslovenia y Malta. No estampa su firma Francia, el país que preside este semestre el Consejo de la UE, pero también uno de los más reticentes a la hora de suscribir estos tratados y al que en Bruselas no se duda en señalar como el que está poniendo más pegas a la entrada en vigor, aunque sea de forma provisional, de los pactos ya suscritos con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) o la actualización de los alcanzados con México y Chile.

“Deberíamos acelerar la negociación de los acuerdos comerciales con socios como Nueva Zelanda, Australia, India e Indonesia y tratar de adoptar e implementar los pactos ya negociados con Chile, México y Mercosur, con compromisos robustos de sostenibilidad, reflejando las circunstancias específicas de nuestros socios”, señalan los firmantes. Las últimas palabras son una clara referencia a los problemas que también se plantean en el Parlamento Europeo, con especial referencia a caso de Brasil y los compromisos contra la deforestación.

Esta quincena de países contrapone la situación europea a lo que está sucediendo en Asia: “Este año entra en vigor el RCEP [un acuerdo de asociación económica] entre los países de ASEAN [Filipinas, Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam], Japón, China, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Es el mayor acuerdo comercial del mundo. Debería ser una llamada de atención para Europa”.

Tras el Brexit y el impulso proteccionista que recorrió el mundo con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos entre 2017 y 2021, el empuje globalizador y del libre comercio perdió fuelle en Europa. Las negociaciones para el tratado de libre comercio (TTIP) con el gran socio americano, que también había levantado un gran rechazo social en Europa, se rompieron entonces y ahora, con Joe Biden en la Casa Blanca —que no ha supuesto un cambio radical en las relaciones comerciales—, ambas partes han creado el llamado Consejo Tecnológico y Comercial que, al menos en esta última parte, tiene menos ambición que el fracasado TTIP.

Defienden los firmantes que con los acuerdos de libre comercio se contribuye “a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos del Acuerdo de París”. “A través de los acuerdos de libre comercio, creamos socios en estos tiempos difíciles. Mediante el diálogo y la cooperación, ganamos influencia en temas vitales. Esto es necesario por razones geoestratégicas y de desarrollo sostenible, para la agenda climática y para promover y proteger los derechos laborales y el trabajo decente para hombres y mujeres. Del mismo modo, los acuerdos de protección de las inversiones deben contribuir a los objetivos de la política climática”, apuntan.

En los últimos meses, la Comisión Europea ha propuesto varias normas que buscan reciprocidad en las relaciones comerciales, teniendo en cuenta que las exigencias medioambientales, de transparencia y de derechos sociales son las más altas del mundo. Uno de estos ejemplos es el llamado mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que consiste en la imposición de una tasa a las importaciones de productos que hayan sido fabricados con menos exigencias medioambientales de las que exige la UE en su suelo para procesos industriales similares. La medida, aunque no lo dice abiertamente, busca reequilibrar las relaciones comerciales con China, igual que la norma aprobada recientemente que exige reciprocidad en los concursos públicos en terceros países.

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