Eliana Revollar, defensora del Pueblo de Perú: “En el Congreso está habiendo contrarreformas”

Tras diez meses de enfrentamientos entre el Congreso y el Gobierno peruano, incluidos tres intentos de destitución del presidente Pedro Castillo, la defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, encuentra que la polarización política en Perú está perjudicando avances en materia educativa. Por ejemplo, el currículo escolar con igualdad de género y la supervisión de la calidad en las universidades. La funcionaria alerta además sobre un proyecto de ley del Parlamento que plantea la modificación de la cuar...

Tras diez meses de enfrentamientos entre el Congreso y el Gobierno peruano, incluidos tres intentos de destitución del presidente Pedro Castillo, la defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, encuentra que la polarización política en Perú está perjudicando avances en materia educativa. Por ejemplo, el currículo escolar con igualdad de género y la supervisión de la calidad en las universidades. La funcionaria alerta además sobre un proyecto de ley del Parlamento que plantea la modificación de la cuarta parte de la Constitución y permitiría a los diputados destituir a los jefes de los organismos electorales, una atribución que no tienen en la actualidad. “Los organismos del sistema electoral siempre deberían estar bien alejados del poder”, advierte.

El germen de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la oposición parlamentaria fue la segunda vuelta electoral de 2021. Castillo, exdirigente sindical del magisterio, ganó a la candidata conservadora Keiko Fujimori por poco más de 44.000 votos en segunda vuelta, pero ella y sus aliados de ultraderecha intentaron anular miles de sufragios a favor del maestro rural. Aunque las misiones internacionales de observación electoral calificaron los comicios como transparentes y conformes a ley, las formaciones conservadoras sostenían que hubo fraude y desde entonces descalifican a las autoridades de los entes electorales. Una vez que Castillo asumió, no tardó en ser amenazado con mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Así, optó por sacar del gabinete a quienes no le aseguraban votos en el Congreso cada vez que debatían su remoción.

Para Revollar, la figura de la vacancia por incapacidad moral es muy laxa. “La Defensoría siempre ha estado opuesta porque cualquier cuestión podría considerarse una causal. En la crisis en la que estamos, con la exacerbación de los poderes del Estado por mantenerse o por derrocarse, surge la vacancia como amenaza, pero también el cierre del Congreso o las denuncias constitucionales. Hoy en cualquier semana se denuncia constitucionalmente a cualquier funcionario y ello hace ver una precariedad: las amenazas van y vienen”, observa. Según la defensora, en ese escenario de pugnas el Congreso está socavando políticas públicas.

“Hay sectores de la población que se están polarizando en torno a reformas necesarias, como la currícula escolar y la calidad educativa en las universidades. En el Congreso está habiendo contrarreformas, tienes un país en el que todo está absolutamente movido”, afirma. La ley promulgada el jueves de la semana pasada anula la educación sexual en los colegios y permite a una asociación de padres de familia ultraconservadores rechazar los textos escolares que abordan la igualdad de género, o reescribir la historia reciente sobre el período de violencia en el país andino entre 1980 y 2000, en el que las fuerzas del orden cometieron violaciones a los derechos humanos como parte del combate al grupo terrorista y maoísta Sendero Luminoso. Revollar explica que la Defensoría cuestiona la norma porque la responsabilidad de conducir la política educativa es del Ministerio de Educación, en salvaguarda del interés superior de los niños y adolescentes y de las políticas de igualdad de género.

”En un país tan diverso, ¿quién va a tener la representación de los padres de familia para decir qué se va a enseñar? El no tener esa política pública va a afectar a los más pobres porque quienes lideran esas batallas tienen a los hijos en una educación privada, privilegiada; pero la niña que no sabe cómo proteger su cuerpo termina embarazada, violada a los diez o doce años en las comunidades nativas. Las políticas públicas son para todos, y esto tiene nombre: es la destrucción de la política pública en la educación universitaria y la educación escolar”, zanja. En mayo, el Congreso anuló la Superintendencia de Educación Universitaria, creada con la reforma de 2014 contra las universidades de garaje. Varios parlamentarios en ejercicio han sido dueños o autoridades de universidades privadas cerradas por su nula calidad y buscan reabrir sus negocios. El Ejecutivo observó la norma, pero el Parlamento puede promulgarla por insistencia.

Debilitamiento institucional

La iniciativa del Congreso para cambiar 51 artículos de la Constitución y crear un Senado requiere la aprobación en dos legislaturas consecutivas, por eso la mesa directiva del Congreso quiere prorrogar la legislatura que ya acabó y realizar la primera votación en los próximos días. ¿Por qué la oposición tiene tanta prisa? Para Revollar, lo importante es que estos procesos sean “muy abiertos al debate no solo parlamentario -sino también de la academia y la experiencia internacional- porque están definiendo el futuro del país respecto de funcionarios clave de los organismos autónomos”, es decir, los entes electorales y la Contraloría.

La defensora destaca que las instancias del sistema electoral deben ser completamente neutrales de lo político. “Hay cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Sabemos que un grupo de congresistas está pidiendo que no se amplíe la legislatura, y una de las razones de la ampliación es llevar a cabo estas reformas porque necesitan votar en dos legislaturas. En la otra tendrían una nueva configuración de las responsabilidades y el Senado”, agrega.

Revollar está en el cargo interinamente desde abril, cuando el defensor anterior dejó sus funciones pese a que su período había terminado en septiembre. El Congreso busca elegir rápidamente a un nuevo titular afín a la coalición opositora. La abogada señala que ha encontrado un Estado afectado por la pandemia, pero también por la inestabilidad a causa de los más de 30 cambios de ministros en el equipo de Castillo. Del primer gabinete, solo tres ministros continúan en el mismo portafolio, y en once meses han pasado tres ministros de Educación, tres de Salud, y cinco de Interior.

Según la defensora del Pueblo, la gran cantidad de cambios ministeriales ha tenido un impacto directo en la caída de la vacunación, en el manejo de los conflictos sociales ligados a la minería -dos grandes mineras paralizaron operaciones más de un mes-, y en los problemas en el retorno a las clases presenciales”. Hemos encontrado una sobrecarga en el sistema educativo, por eso últimamente vemos noticias tan trágicas de cómo los adolescentes se están maltratando en las instituciones educativas. Estamos involucrándonos en campañas y tenemos mucha preocupación porque se han dado casos de bullying y de violencia sexual y ello requiere una mirada más compleja de salud mental y de respuesta de los propios profesores. La crisis política también afectó seriamente después de esta larga paralización (por la pandemia)”, explica.

Revollar describe como otra consecuencia de la alta rotación en el Ejecutivo, la fuga de profesionales reemplazados por personas incompetentes y actos de corrupción. “Los audios que han difundido los medios dan cuenta de cómo entraban prácticamente a robar a sectores como el ministerio de Transportes y Comunicaciones”, lamenta. La funcionaria se refiere a un gestor de intereses que dice haber sobornado a un ministro del actual gobierno -prófugo- a cambio de que un consorcio ganara la buena pro de la millonaria construcción de un puente. Castillo está bajo investigación fiscal por crimen organizado y tráfico de influencias a raíz de dicho caso.

“La gestión pública decorosa, que responde a los objetivos que el país necesita, las necesidades de la población no han sido una prioridad de este gobierno”, subraya la funcionaria que trabaja hace más de 20 años en la institución que vigila el funcionamiento del Estado. ”Como tema de fondo, estamos viendo el hambre, la pobreza, la empleabilidad, la reactivación económica tan necesaria por la crisis. Obviamente eso no tiene que ver solo con la crisis política, sino como consecuencia de la pandemia y la guerra (en Ucrania). Hay una vulnerabilidad muy grande de bolsones extremadamente pobres y otros que están cayendo en pobreza: necesitamos un gobierno fuerte para enfrentar esta crisis”, señala.

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