La extrema derecha hace valer su nueva fuerza en la Asamblea Nacional francesa

A la extrema derecha de Marine Le Pen se le escapó este jueves el puesto más deseado de la Asamblea Nacional de Francia: la presidencia de la estratégica comisión de Finanzas, que supervisa los presupuestos. El cargo, vigente por un año, se lo ha arrebatado Éric Cocquerel, diputado de Francia Insumisa y miembro de la alianza de izquierdas Nupes, que ha celebrado su elección como una primera victoria legislativa de...

A la extrema derecha de Marine Le Pen se le escapó este jueves el puesto más deseado de la Asamblea Nacional de Francia: la presidencia de la estratégica comisión de Finanzas, que supervisa los presupuestos. El cargo, vigente por un año, se lo ha arrebatado Éric Cocquerel, diputado de Francia Insumisa y miembro de la alianza de izquierdas Nupes, que ha celebrado su elección como una primera victoria legislativa de un hemiciclo más fragmentado que nunca y sin mayoría absoluta. Un puzzle parlamentario que obligará al presidente, Emmanuel Macron, a negociar, texto por texto, cada ley o reforma que quiera sacar adelante en su segundo mandato con la ayuda de su primera ministra, Élisabeth Borne, a la que ha confirmado en su puesto pese al fiasco de las legislativas.

Hasta tres rondas de voto han sido necesarias para llegar al resultado que el Reagrupamiento Nacional (RN) de Le Pen se ha apresurado a denunciar como una “maniobra” para impedirle hacerse con la jefatura de una comisión tradicionalmente reservada a la primera fuerza de la oposición. Un título que se disputan, desde las elecciones legislativas de junio, la extrema derecha, que con sus 89 diputados ha conseguido más diputados que nunca antes en su historia, y la alianza de izquierdas, que suma 151 asientos en el hemiciclo, pero que está dividida en varios grupos parlamentarios (el mayor, el de Francia Insumisa, solo tiene 75 escaños). Además de su simbolismo, presidir la comisión de Finanzas permite el acceso a informaciones protegidas por el secreto fiscal.

Menos de 24 horas antes de esta votación fundamental, los mismos diputados de izquierdas que ahora claman victoria habían denunciado a su vez como un nuevo fracaso del cordón sanitario la elección de sendos miembros del partido de Le Pen para dos de las seis vicepresidencias del hemiciclo. Para lograr este hito en un Parlamento donde durante décadas la extrema derecha fue prácticamente irrelevante, necesitaron el apoyo de la mayoría macronista, que por su parte ha logrado imponer a la exministra Yaël Braun-Pivet como la primera presidenta de la historia de la Asamblea Nacional, y de los conservadores Los Republicanos (LR).

El partido de Macron “ha hecho votar al RN para facilitar el acceso de diputados de extrema derecha a la vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Las máscaras caen”, criticó el diputado y secretario general de los ecologistas, Julien Bayou, la maniobra. La situación “ilustra la nueva Asamblea Nacional elegida por los franceses (…) No es nuestro papel elegir a nuestra oposición, sino hacer respetar la voluntad de los franceses”, replicó la mayoría macronista, que en total suma 250 diputados (lejos de los 289 de la mayoría absoluta).

Más allá de los resultados, estas primeras votaciones ―con las alianzas de voto inter partidistas, acusaciones de romper el tradicional frente republicano contra la extrema derecha y los pulsos por el poder de esta semana―, son un primer indicio de lo complicado que va a tener gobernar Macron en su segundo y último mandato sin el colchón de la mayoría absoluta de su primer quinquenio.

Y las trabas no acaban en las puertas del Palais Bourbon, sede de la Asamblea Nacional. A las batallas parlamentarias se unen los problemas internos de un Gobierno que, a poco más de un mes de su formación, se prepara ya para una primera remodelación.

Macron estipuló que todo ministro que optara a un escaño y no lo lograra debía dimitir, y este principio ha provocado la caída de tres miembros de su gabinete: la ministra de Sanidad, Brigitte Bourgignon, la titular de Transición ecológica, Amélie de Montchalin, y la secretaria de Estado del Mar, Justine Bénin, deberán dejar sus cargos. En la cuerda floja está también el ministro de Solidaridades, Autonomía y Discapacidades, Damien Abad. Este antiguo peso pesado de los conservadores ha sido acusado por varias mujeres, a través de la prensa y de forma anónima, de abusos sexuales o intento de violación. Hasta ahora, su jefa, Borne, se había negado a cesarlo alegando que no había proceso judicial en su contra. Pero las cosas podrían cambiar rápidamente: la Fiscalía de París anunció el miércoles la apertura de una investigación tras la presentación, el lunes, de una denuncia de intento de violación en 2010 por parte de una presunta víctima de Abad.

La primera ministra ha anunciado este jueves a través de la Agencia France Presse que el 6 de julio realizará, ante la Asamblea Nacional primero y ante el Senado después, su “declaración de política general”, en la que presentará su hoja de ruta para los próximos cinco años. Para entonces, Borne ya debería haber anunciado la recomposición de su gabinete.

Lo que no ha desvelado aún la primera ministra es si, como reclama la izquierda, aceptará someterse a un voto de confianza de la Asamblea Nacional tras su discurso. Un voto negativo —que, tras la pérdida de la mayoría absoluta, no es un imposible— supondría la dimisión de todo su Gobierno, incluida la primera jefa de Gobierno en tres décadas. Su posición había estado en duda tras el fiasco en las legislativas, pero en una entrevista con la agencia AFP el pasado fin de semana, Macron aseguró que había decidido “confirmar su confianza en Borne” y encargarle un “nuevo Gobierno de acción”, cuya composición revisarían juntos a su regreso, este jueves, de su semana internacional de cumbres del G7 primero en Alemania y de la OTAN después en Madrid. El trabajo no ha hecho más que comenzar.

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