Las tres veces que el Congreso de Perú le dijo ‘no’ a Pedro Castillo

A inicios de agosto, con 67 votos, el pleno del Congreso de Perú votó en contra de que el presidente Pedro Castillo estuviera presente en la toma de mando del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. Para octubre, cuando Castillo solicitó permiso para visitar al Papa Francisco en el Vaticano, logró más apoyos, pero petición también fue denegada (55 votos en contra, 54 a favor y seis abstenciones). A la tercera no f...

A inicios de agosto, con 67 votos, el pleno del Congreso de Perú votó en contra de que el presidente Pedro Castillo estuviera presente en la toma de mando del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro. Para octubre, cuando Castillo solicitó permiso para visitar al Papa Francisco en el Vaticano, logró más apoyos, pero petición también fue denegada (55 votos en contra, 54 a favor y seis abstenciones). A la tercera no fue la vencida: la semana pasada, el mandatario no fue autorizado, nuevamente por la Cámara, para viajar a México y recibir este viernes la presidencia de la cumbre de la Alianza del Pacífico.

El Congreso, sin embargo, sí aprobó que Castillo participara en el IV Gabinete Binacional entre Perú y Chile, en Santiago, a inicios de la próxima semana, donde se reunirá con su homólogo chileno, Gabriel Boric. ¿Cómo se explica que una solicitud sí sea aceptada y la otra no? ¿Por qué se le impide a Castillo desarrollar la política exterior, clave para cualquier Gobierno? ¿Se trata de obstruccionismo, el término que más ha acompañado al Congreso peruano en los últimos tiempos?

Diversos representantes de la oposición aducen que las primeras solicitudes denegadas fueron por el temor a que el presidente se fugara del país debido a las investigaciones en su contra por presunta corrupción, que involucran a su entorno más cercano. La última negativa, sin embargo, sería una represalia por el uso de la cuestión de confianza —un mecanismo constitucional del poder ejecutivo para derogar la ley que limita la reforma de la Constitución a través de un referéndum— del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Sin esa ley, promovida por Fuerza Popular, el principal bloque opositor, bastaría con que la ciudadanía recolectara 2,5 millones de firmas para realizar un referéndum sobre la Constitución e instaurar una Asamblea Constituyente, una de las principales promesas de campaña de Castillo. El sí a favor de su viaje a Chile, por el contrario, se trataría de un mensaje hacia la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se encuentra en Perú desde este domingo, de que este no es un Congreso que le ponga zancadillas al Gobierno.

Para el analista político Antenor Escudero, las acciones del Congreso han logrado que se defina más como “anti-Ejecutivo” que, propiamente, como poder legislativo. “Le dedican más tiempo al Ejecutivo que a su labor parlamentaria. Por eso tienen una producción legal baja. Bajo la excusa de que ejercen el control político, tratan de justificar que este poder solo se presenta como una oposición al Gobierno antes que un poder con labores propias”, explica.

Las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo no datan de este Gobierno. Es una piedra en el zapato que se ha ido acrecentando en las últimas décadas. Escudero agrega: “Diría que ha sido la situación durante los últimos 20 años. [Alejandro] Toledo estuvo amenazado con una vacancia y siempre negoció con la oposición. [Alan] García tuvo la gran ventaja de una bancada grande que le permitió, junto a la derecha, tratar de equilibrar el peso que la oposición tenía. [Ollanta] Humala no solo perdió aliados, sino que trataba de llegar a acuerdos con un Congreso intransigente. Lo que hemos visto es una progresiva intensificación del Congreso como anti-Ejecutivo, mucho más difuso con Toledo, pero tomando una forma más clara con Pedro Pablo Kuczynski [forzado a renunciar] y en adelante”.

Si bien es un problema contra la gobernabilidad de larga data, varios expertos coinciden en que todo se agravó a partir del 28 de julio de 2016, cuando Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, no reconoció la victoria de Pedro Pablo Kuczynski en las urnas. Una victoria ajustadísima, por un margen de 0,23%, de las más reñidas de la política peruana. “Se viene repitiendo ´la historia sin fin’ desde el 2016: la principal fuerza opositora a los dos últimos gobiernos electos democráticamente no ha mostrado interés en reconocer su derrota electoral, por lo que despliega su rol opositor desde una actitud matonesca. Hubo una suerte de tregua por la pandemia. Pero el libreto parecería repetirse cada vez que Keiko Fujimori se enfrenta a un nuevo nudo crítico de sus múltiples procesos judiciales”, sostiene la politóloga Valerie Tarazona Kong.

Visita de la OEA

La Comisión de Alto Nivel de la OEA sostuvo reuniones a lo largo de este lunes. Por la mañana dialogaron en sesión privada con el presidente Castillo. Tras el encuentro, el mandatario se expresó en términos muy duros a través de sus redes sociales, diciendo que los recibió “para que sepan cómo algunos sectores pretenden poner en peligro la democracia y la estabilidad del país con mentiras”.

Después, la comitiva, integrada por seis cancilleres miembros de la Comisión Permanente de la OEA (Argentina, Ecuador, Costa Guatemala, Costa Rica, Belice y Paraguay), un vicecanciller (Colombia) y un excanciller (Paraguay), conversó con el presidente del Congreso, José Williams, y los demás miembros de su Mesa Directiva. Por la tarde, finalmente, se reunieron con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presentó una denuncia constitucional contra Castillo, precisamente, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. “Estamos para escuchar todas las voces”, escribió la OEA en sus redes sociales. Mañana proseguirá con su agenda, entre las que está incluida una reunión con la Conferencia Episcopal Peruana.

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