La justicia británica declara ilegal el esquema de residencia pos-Brexit para los ciudadanos de la UE en el Reino Unido
La decisión, que afecta a 2,7 millones de personas, prohíbe que se pierdan derechos si la solicitud de residencia no se hace correctamente
El año concluye para el Gobierno conservador de Rishi Sunak con un varapalo de los tribunales británicos a cuenta de las decisiones adoptadas con el Brexit. El juez Peter Lane, del alto tribunal de Inglaterra y Gales, ha declarado ilegal parte del llamado EU Settlemente Scheme (Esquema de Asentamiento de los Ciudadanos de la UE), el programa elaborado por el Ministerio del Interior británico para ...
El año concluye para el Gobierno conservador de Rishi Sunak con un varapalo de los tribunales británicos a cuenta de las decisiones adoptadas con el Brexit. El juez Peter Lane, del alto tribunal de Inglaterra y Gales, ha declarado ilegal parte del llamado EU Settlemente Scheme (Esquema de Asentamiento de los Ciudadanos de la UE), el programa elaborado por el Ministerio del Interior británico para conceder la residencia —y preservar todos los derechos adquiridos— a aquellos ciudadanos comunitarios que vivieran en el Reino Unido antes del Brexit. La decisión afecta a 2,7 millones de personas, del total de 6,7 millones que solicitaron la residencia británica hasta el pasado 30 de septiembre.
En concreto, el magistrado Lane ha tumbado el esquema administrativo que obligaba a aquellos que solo habían obtenido una residencia temporal por no llevar más de cinco años en el país en el momento de la solicitud, a tener que volver a realizarla, cumplido ese plazo, para poder alcanzar la residencia permanente. “Se trata de una norma errónea en su legalidad, y que convierte, por tanto, en ilegal todo el Esquema de Asentamiento”, ha dicho el juez, que estima que la regla de doble petición “pretende abolir el derecho a una residencia permanente”.
El Gobierno británico dejó claro que la falta de solicitud de la residencia permanente, una vez transcurridos los cinco años, conllevaría la pérdida del derecho a residir, trabajar, alquilar o comprar propiedad inmobiliaria, así como acceder a los servicios públicos del Reino Unido. La consecuencia podría llegar a ser la deportación.
El Ministerio del Interior, que ha anunciado ya su intención de recurrir la decisión del juez, ha expresado en todo momento la voluntad de aplicar de un modo flexible el esquema, pero lo cierto es que, a diferencia del trato de la UE respecto a los nacionales británicos que residen en su territorio, el Reino Unido insistió en reclamar la doble petición.
“El Gobierno se toma muy en serio sus obligaciones respecto a los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido. El Esquema de Asentamiento va mucho más allá de los compromisos adquiridos con Bruselas en el Acuerdo de Retirada [de la UE], protege esos derechos y ofrece a los ciudadanos una ruta de asentamiento. Nos decepciona la sentencia y pensamos recurrirla”, ha dicho Simon Murray, secretario de Estado de Interior.
Los 388.000 ciudadanos españoles que viven en el Reino Unido, según las cifras oficiales, se han acogido al Esquema de Asentamiento. Un 49% de ellos siguen actualmente en situación de residencia temporal, y se verían beneficiados por la decisión judicial.
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