La presidenta Xiomara Castro ordena en Honduras una ofensiva contra las pandillas similar a la de Bukele

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha cumplido con su promesa de tomar “medidas drásticas” para luchar contra la violencia que desangra a su país. Las autoridades de seguridad hondureña han anunciado este lunes los resultados de una ofensiva policial y militar contra las pandillas que controlan amplios territorios en Honduras y siembran el terror entre la población. La Policía Militar ha hecho públicas imágenes que muestran a centenares de hombres arrestados y obligados a permanecer en ropa interior mientras son custodiados por decenas de oficiales, en una medida que pretende recuperar el control de las cárceles. “Iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”, ha dicho José Manuel Zelaya, secretario de Estado de Defensa Nacional. Las imágenes reproducidas por las autoridades recuerdan a las duras medidas tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su guerra contra las pandillas y que han generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.

La ofensiva de las autoridades hondureñas se da tras el sangriento fin de semana registrado en el país, que dejó al menos 21 muertos. Una nueva masacre registrada el sábado en el interior de un billar en el sector de Choloma, en el norte de Honduras, dejó 13 muertos. Otras ocho personas han sido asesinadas en otros crímenes en el resto del país, que cada mañana despierta con noticias terribles de asesinatos y violencia. Estos hechos se registran apenas cinco días después de que 46 reclusas murieran en una reyerta entre integrantes de pandillas rivales, registrada en una cárcel de mujeres. Debido a estos hechos, Castro ha decretado un toque de queda que afecta a Choloma y en San Pedro Sula, la ciudad más importante del país, y ha anunciado una operación policial que incluye allanamientos, capturas de posibles criminales y retenes. “He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del Narcotráfico que opera impunemente”, escribió la presidenta en una cadena de mensajes publicados este domingo en su perfil de Twitter.

Castro y su Gobierno se han visto superados por la violencia de las pandillas y el crimen organizado, que controlan amplios territorios en el país. La Administración intenta enviar a la población un mensaje de fuerza y este lunes Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta, ha afirmado que las medidas tomadas por Castro y las autoridades de seguridad son “decisiones contundentes para poner fin a los remanentes de la narcodictadura. Estos esfuerzos son base sólida para vencer el terrorismo y la criminalidad”.

Las imágenes distribuidas por la Policía Militar muestran un despliegue enorme en las cárceles, además del avance de oficiales en zonas controladas por las pandillas, la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, que se disputan de forma sangrienta los territorios. Los oficiales presumen en las imágenes en control de las cárceles, con centenares de reos en los patios, sentados o de rodillas y ropa interior. Los videos muestra, además, la captura de centenares de armas de alto calibre, teléfono celulares y satelitales, explosivos de fabricación casera y toda una munición que los reos mantenían abiertamente en las prisiones, con el visto bueno de autoridades corruptas. “La vida y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan desde afuera”, ha justificado José Manuel Zelaya la ofensiva.

Tras hacer públicas las imágenes este lunes, las autoridades hondureñas han recibido críticas de organismos de derechos humanos. En total despliegue bukelista de populismo punitivo, el Gobierno de Xiomara Castro replica políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos”, ha criticado Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacioanl “El falso dilema entre la seguridad y los derechos, nos ha pasado alta factura en la región”, ha agregado. Este organismo ha sido muy crítico de la política de seguridad de Bukele, que ha detenido al menos a 68.000 personas en El Salvador, obviando en muchos casos el debido proceso y violentado los derechos de los detenidos, según las denuncias de organizaciones civiles. El Salvador ha cumplido ya más de un año en estado de excepción y con restricciones a las garantías constitucionales.

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