Las discrepancias por la política de asilo tumban al Gobierno de Países Bajos

Las discrepancias respecto a la política de asilo han provocado este viernes la caída del Gobierno holandés. El primer ministro, Mark Rutte, ha forzado el fin de su propio Ejecutivo de centroderecha al reclamar el endurecimiento de la política de reunificación familiar de los refugiados de guerra. Su postura, inflexible, ha acabado por romper la coalición. Al término de un consejo de ministros extraordinario convocado este viernes por la noche, Rutte comunicó en rueda de prensa la intención de su gabinete de presentar su dimisión al rey Guillermo. El Servicio de Información de la Casa Real confirmó luego en su página web que el mandatario ya había presentado su renuncia y que el soberano le recibirá este sábado en su residencia del palacio Huis ten Bosch.

“El próximo paso será convocar elecciones”, había dicho el primer ministro en la rueda de prensa, antes de calificar la situación de “extremadamente lamentable”. Los comicios anticipados podrían celebrarse a mediados de noviembre, según el Consejo Electoral. “Tengo que pensar con tranquilidad si continúo como líder del [partido] VVD”, ha dicho Rutte, que ha recalcado que tiene que abordar primero esa cuestión con su formación política. Luego ha añadido que tiene “energía e ideas” para seguir al frente de su agrupación.

La ministra de Finanzas y viceprimera ministra, Sigrid Kaag, miembro de uno de los socios de la coalición gubernamental —la formación liberal de izquierda D66—, afirmó a última hora en su cuenta de Twitter: “Las negociaciones han sido intensas, pero las diferencias han resultado insalvables. Dadas las exigencias actuales, con una guerra en nuestro continente, a nadie beneficia quedarse quieto por una crisis política”.

Después de siete meses de negociaciones, el mandatario liberal del VVD había exigido este miércoles —en un giro inesperado por culpa de una firmeza rayana en el empecinamiento— la imposición de una cuota para reducir el flujo de entrada de las parejas e hijos menores de ese grupo de refugiados (los de guerra). La Unión Cristiana (CU), un partido de inspiración protestante que forma parte del Ejecutivo, había rechazado el plan. Otro tanto hicieron los liberales de izquierda (D66). Los democristianos (CDA) sí aceptaban las restricciones, pero las tensiones han acabado dinamitando la alianza gubernamental.

La coalición ahora rota necesitó 10 meses de negociaciones para poder presentarse oficialmente en la foto de familia el pasado enero. Se trata de la tercera vez que un equipo de gobierno liderado por Rutte acaba quebrado. La primera fue en 2012. Fue tras dos años de gestión con la CDA y contaba con el apoyo externo de la extrema derecha de Geert Wilders, cabeza del Partido por la Libertad. Este retiró su apoyo porque no estaba de acuerdo con las medidas de austeridad que siguieron a la crisis financiera de 2008. El segundo caso se produjo con una dimisión en bloque en enero de 2021 por el escándalo de las ayudas familiares. También ahí había un componente migratorio en la disolución del Gobierno: esas prestaciones discriminaron a los padres en función de su origen y apellido extranjero. Ese Gobierno tenía la misma composición del actual.

A pesar de que el asilo y la inmigración son dos de los asuntos que más dividen a los políticos, la crisis del cuarto Gobierno consecutivo de Rutte desde 2010 ha estallado de manera abrupta. Incluso incomprensible, porque la Unión Cristiana, que se presenta como “el partido de la familia”, había propuesto el estudio a fondo de todas las opciones para debatirlas a la vuelta del verano. Los liberales de izquierda eran también proclives a revisar la situación con amplitud de miras. Sin embargo, el primer ministro ha sido tajante: quiere distinguir entre las personas que huyen porque son amenazadas a título personal en sus países de origen y los que escapan de un conflicto armado. La situación de los segundos se considera temporal y, por tanto, pueden obtener un permiso de residencia de hasta tres años.

Al margen de la consideración general, la medida que ha dividido hasta la ruptura a los socios gubernamentales exigía un compás de espera de dos años antes de permitir el reencuentro familiar. Además, este solo sería posible en función de una cuota que permitiría establecerse en el país a 200 de estos parientes al mes como máximo. Un niño discapacitado, por ejemplo, lo haría antes que otro sin ese problema; los menores de dos años tendrían preferencia sobre los de 14 años. Según la Oficina Central de Estadística, 10.925 familiares de solicitantes de asilo se trasladaron en 2022 a Países Bajos. Son unos 800 más que el año anterior.

Antes del choque, los cuatro socios de la coalición holandesa estaban incluso dispuestos a aplicar un sistema de doble estatus. Serviría para distinguir entre las personas perseguidas por su orientación sexual o su religión, y, por tanto, con derecho a un permiso permanente de residencia, y las que salen de una guerra. De estas últimas se espera que regresen a su país una vez resuelto el conflicto armado, y de ahí el empeño de Rutte en dificultarles la reunificación. La cuestión era cómo hacerlo y, de repente, la situación se enconó.

El primer ministro dijo que llevaría sus nuevas exigencias al Consejo de Ministros de este viernes para su votación, algo poco frecuente en asuntos tan controvertidos. La norma suele ser lograr un compromiso para evitar la pérdida de confianza mutua. El VVD tiene ahora siete ministros, D66 y la Unión Cristiana suman nueve juntos, y el CDA cuenta con cuatro. Una cosa ha quedado clara: Rutte ha invertido buena parte de su capital político en el debate migratorio. “Es cierto que los votantes de su partido reclaman dureza en lo relativo a la inmigración, pero no está claro qué ha movido a Rutte a dar un paso así”, señala, en conversación telefónica, la columnista Petra de Koning, autora de una biografía sobre el político. “No se sabe si será más fuerte después de esto”, añade.

Rutte tiene ya en el horizonte las próximas elecciones. Con la legislatura concluida abruptamente a medio camino —la democracia cristiana está en horas bajas y los liberales de izquierda, algo estancados—, las encuestas marcan ahora el ascenso del Movimiento Campesino Ciudadano (BBB). Liderado por Caroline van der Plas, representa los intereses del mundo rural y está dispuesto a apoyar la introducción de cuotas para los asilados. Cuenta, además, con una baza: tiene mayoría en el Senado. Al partido de Rutte, su postura inflexible puede hacerle ganar votos al mostrarse como los que tratan de reducir la presencia de peticionarios de asilo en plena crisis por la escasez de vivienda. Pero este movimiento también puede penalizarlo.

Todos los años llegan a Países Bajos unos 200.000 migrantes, la mayoría en busca de trabajo, estiman los mismos expertos de Estadística. Hay también estudiantes y decenas de miles de solicitantes de asilo. En 2022, las peticiones de estos últimos sumaron 35.000, un 44% más que el año anterior. El Gobierno calcula que pueden ascender a 72.000 en 2024; en 2025, la proyección apunta a 76.000. Los ciudadanos ucranios no están incluidos en estos cómputos. Las imágenes de cientos de personas durmiendo al aire libre en pésimas condiciones en agosto pasado en el centro de recepción de Ter Apel, al norte del país, tuvieron eco internacional. Incluso se desplazó un equipo de Médicos sin Fronteras, que calificó la situación de “degradante e inhumana”. Llegados de lugares como Yemen, Eritrea, Sudán, Siria o Afganistán, son los que figuran en primera línea del recorte familiar patrocinado por los liberales de Rutte y secundado por la democracia cristiana.

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