Más de 100 días de resistencia indígena para que Bernardo Arévalo gobierne Guatemala

Falta poco para las 15.30 de la tarde del jueves y José López, un vecino de la alcaldía comunal de la zona 4 de Totonicapán, alienta con un micrófono a los representantes de los pueblos indígenas que mantienen un plantón delante del Ministerio Público de Guatemala. Es el día 102 de la resistencia. Hoy es el turno de los miembros de su comunidad, que han recorrido los casi 200 kilómetros que separan su territorio de la capital para hacer guardia frente a la mole de cemento gris que sirve de centro de operaciones a quienes acusan de estar socavando la democracia en su país: ...

Falta poco para las 15.30 de la tarde del jueves y José López, un vecino de la alcaldía comunal de la zona 4 de Totonicapán, alienta con un micrófono a los representantes de los pueblos indígenas que mantienen un plantón delante del Ministerio Público de Guatemala. Es el día 102 de la resistencia. Hoy es el turno de los miembros de su comunidad, que han recorrido los casi 200 kilómetros que separan su territorio de la capital para hacer guardia frente a la mole de cemento gris que sirve de centro de operaciones a quienes acusan de estar socavando la democracia en su país: la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

Los tres han sido acusados por el presidente electo, Bernardo Arévalo, de perpetrar un golpe de Estado a través de embestidas judiciales para evitar su investidura. Cuando quedan pocas horas para que tome posesión de su cargo, la concentración tiene un ambiente festivo. Cada vez parece más cerca el objetivo de que se haga un traspaso de poder pacífico y se preserve la democracia en Guatemala. Pero que nadie se confunda, repiten una y otra vez las autoridades cantonales presentes en el plantón con las varas de mando que les distinguen: este es un movimiento apolítico.

“Lo hemos dicho siempre: no estamos apoyando a ningún partido, ni siquiera a un presidente, estamos apoyando el estado de derecho, la democracia para que nuestro país respire y nos den las condiciones. Nosotros no necesitamos que nos regalen nada. Nosotros solo queremos trabajar, solo queremos que nos den esas condiciones para trabajar y eso es lo que exigimos a cualquier Gobierno”, advierte López. Y da paso a un grupo de estudiantes que deleitan a la audiencia con un concierto de marimba doble: siete tocan el instrumento nacional con las batutas y otros dos apoyan con las maracas y la percusión. En esta resistencia que promueve el bien común, nada se entiende sin el trabajo en equipo.

El potente movimiento que comenzaron las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán, una organización indígena con una larga historia de resistencia pacífica y que representa a unas 140.000 personas —principalmente del pueblo maya k’iché del occidente de Guatemala—, comenzó el 2 de octubre con la toma de las plazas comunales y con un bloqueo de carreteras al que se sumaron otras comunidades del país, correspondientes a otros pueblos mayas —como el ixil, el kaqchikel, o el mam— y al xinka.

Aunque todas las decisiones las toman de manera consensuada en las asambleas, Luis Pacheco —presidente de los 48 Cantones de Totonicapán en 2023— se erigió el año pasado como el líder más reconocido de esas protestas. Según explica, lo que movió a su comunidad a comenzar el paro fueron los “atentados” que veían por parte del Ministerio Público para socavar los resultados de unas elecciones que habían estado oportunamente fiscalizadas.

La resistencia indígena en el corazón del poder político

Tras levantar el bloqueo de carreteras, el 20 de octubre, los 48 Cantones decidieron trasladar la movilización a la sede del Ministerio Público. Gladys Tzul, doctora en Sociología originaria de Totonicapán, apunta que la intervención de la fiscalía en los resultados electorales “se suma a una cadena de agresiones contra las comunidades indígenas”. Por eso, cuando vieron el secuestro de las urnas, los movimientos indígenas respondieron al unísono a la convocatoria de la protesta desde todos los puntos del país.

“El Ministerio Público actúa como una bisagra, como un engranaje entre los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y también es el engranaje que le da paso en términos administrativos o de investigación al modelo extractivo en el que estamos viviendo y que ha provocado muertes, zozobra, desplazamiento, migración o encarcelamiento” en las comunidades, dice en entrevista con EL PAÍS.

En la capital, las distintas organizaciones han establecido un sistema rotativo para mantener vigente el plantón ante la fiscalía, a donde cada día llegan los pueblos asignados. Este jueves, es el turno de las autoridades de la zona 4 de Totonicapán, entre los que está el alcalde comunal Salomon Tax. “Ha habido cansancio, momentos de tensión, de provocación, pero siempre una de nuestras consignas es que sea pacífico, sin alterar el orden para que ninguna de nuestras autoridades sufra acoso”, explica en un corrillo con otros líderes comunitarios mientras suena la marimba.

En los más de 100 días de resistencia, los movimientos indígenas han tenido que superar intentos de desalojo y alguna muestra de rechazo, pero la población les ha acuerpado masivamente y les ha llevado comida, toldos y frazadas para aguantar el frío de la noche. Al plantón también llegan voluntarios como Lesvi Yanes, una mujer de 51 años de Jutiapa, que cocina platillos con los alimentos donados a los movimientos indígenas en resistencia.

“¡Solo quedan tres días!”, dice Yanes al pasar por un cartel que lleva la cuenta atrás del cambio de Gobierno que está sobre el puesto de comida. Ella sí que dice ser partidaria del Movimiento Semilla y apoyó al presidente electo en la segunda vuelta de las elecciones. “Creemos en el cambio y, si ellos están haciendo todo esto para que [Arévalo] no tome posesión, es porque es diferente, sino ya estarían celebrando”, dice señalando el edificio del Ministerio Público.

“Esto se ha mantenido por el apoyo incondicional de los ciudadanos”, reconoce por su parte Tax. “Hemos tenido también oposición, es lógico, pero ha sido más la gente que se ha sumado. Hubo hasta 189 bloqueos en todo el país en su punto álgido”.

Gladys Tzul cree que este movimiento de resistencia indígena va a ser un parteaguas en su país y que el sistema político guatemalteco ha sido sacudido por el sistema política comunal. “Servir al pueblo significa defender la voluntad colectiva, defender la dignidad y no es únicamente por un salario”, apunta. “Siento que eso formó y educó políticamente a la población de la capital, a la población que no es indígena, a cierta clase media, e hizo mucho sentido también en las clases populares que viven en las ciudades que también tienen estructuras políticas organizadas y estructuras asamblearias”.

Además, esta resistencia ha colocado a los movimientos indígenas como interlocutores con distintos sectores —desde políticos a empresariales— y también han sido tomados en cuenta por actores de la comunidad internacional, inusualmente activa en la respuesta a la crisis guatemalteca. “Han sido diálogos en donde se ha buscado una mejor solución o una alternativa para no crear conflictividades y que no crean que los pueblos indígenas no sabemos hacia dónde vamos”, apunta Pacheco, el expresidente de los 48 cantones. “Claramente ha sido muy aceptado y por eso también se tiene un respaldo, porque al final se ha demostrado que es una defensa a un derecho inherente a todas las personas y no solo a un sector”.

Reto: que el Gobierno no los ignore una vez más

Esta resistencia que ha llevado la lucha y las maneras de buscar el bien común de los movimientos indígenas al corazón de la política guatemalteca evidencia también un reto para el nuevo Gobierno de Arévalo: el de no dejar de lado a unos pueblos que, según el censo, representan al 42% de los más de 17 millones de guatemaltecos.

“Tenemos muchas expectativas con Arévalo, pero la principal es que realmente ahora haya un Gobierno inclusivo para los pueblos indígenas, que ocupen los espacios que corresponden. Y que gobierne con el pueblo indígena que son quienes lograron que llegue a tomar posesión”, apunta Pacheco.

Sin embargo, el presidente electo ha comenzado el contador en negativo, como él mismo reconoció cuando presentó a los 14 miembros de su gabinete, entre los que solamente hay una mujer indígena, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roque. Arévalo reconoció que “quedaron en deuda con la pluriculturalidad” del país, pero mostró su intención de incorporar a estos pueblos en otros niveles de Gobierno.

La Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán lamentó en un comunicado que no haya aprovechado la oportunidad histórica de integrar un gabinete de Gobierno incluyente con funcionarios de los pueblos que conforman el país — maya, garífuna y xinka—, “algo vital para la puesta en marcha en marcha de políticas públicas reales y apegadas a las condiciones” de cada uno de ellos.

Para Tzul, el equipo de Arévalo “deberá tener la habilidad de respetar la autonomía heterogénea”. “Este es un país comunal y este levantamiento nos ha dado muestra de ello. Pero el hecho de que se preserve el estado de derecho, el que no se haya roto el orden democrático, que se genere esta transición tiene que ver con la defensa del bien común que las autoridades han hecho”, indica.

En el plantón, las autoridades indígenas prefieren darle un voto de confianza a Arévalo. “Lógicamente nos da un poco de tristeza este tipo de decisiones”, dice Salomon Tax respecto a la composición del Gabinete. “No podemos juzgar algo que no ha empezado, pero vamos a estar vigilando cada movimiento y, de no darse los resultados, nos vamos a manifestar”. Por el momento, su plan es mantener la protesta hasta el 15 de enero, un día después de la investidura. “Si todo transcurre como debe, estaremos celebrando que cumplimos los objetivos de mantener la democracia en el país”.