Sunak defrauda al ala dura de su partido y evita bajadas drásticas de impuestos

Podría ser el presupuesto de la resignación ante la previsible derrota electoral, el de la prudencia ante un estado delicado de las cuentas públicas, o incluso el de las trampas atrasadas para...

Podría ser el presupuesto de la resignación ante la previsible derrota electoral, el de la prudencia ante un estado delicado de las cuentas públicas, o incluso el de las trampas atrasadas para cuando llegue un futuro Gobierno laborista. Pero si algo ha quedado claro es que las medidas económicas presentadas este miércoles en el Parlamento por el ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, no contenían ni la drástica bajada de impuestos reclamada por el ala dura de los conservadores ni ningún anuncio sorpresa para elevar el ánimo de los votantes y de los diputados tories.

“Al margen de las presiones, y al margen de la ideología, un Gobierno Conservador trabajará siempre de manera coordinada con el Banco de Inglaterra para lograr una economía sólida”, ha asegurado Hunt al presentar su “presupuesto de primavera”, diseñado codo con codo en las semanas previas junto al primer ministro.

Ha habido rebajas fiscales, pero no sobre el impuesto de la renta como solicitaban los diputados del Partido Conservador más desesperados por ofrecer algún cebo a unos votantes que parecen haberles dado definitivamente la espalda. El ministro ha anunciado un recorte adicional de dos puntos porcentuales en las cuotas de la seguridad social, que se añade a los otros dos puntos que anunció el pasado otoño.

La medida supone apenas un ahorro extra de 20 euros mensuales para un trabajador medio, y costará a las arcas públicas británicas cerca de 12.000 millones de euros. Pero contiene un mensaje más alarmante para pensionistas o desempleados. El national insurance, como se conoce en el Reino Unido a las cuotas de la seguridad social, financia unas pensiones públicas y un subsidio de desempleo ya de por sí bastante reducidos en ese país. La pensión básica máxima a la que puede aspirar un ciudadano es de unos 950 euros.

“Nuestra ambición a largo plazo será la de acabar con esta doble imposición injusta cuando se pueda hacer de un modo responsable y sin comprometer la calidad de nuestros servicios públicos. Seguiremos recortando las cuotas”, anunciaba Hunt, que equiparaba ese impuesto con el de la renta.

El Gobierno de Sunak ha decidido además congelar impuestos como el de los carburantes, o el del alcohol, así como robar a los laboristas su propuesta estrella: la eliminación del impuesto de no domiciliados, que en realidad era más bien un modo de favorecer a los multimillonarios residentes en el Reino Unido pero con sede fiscal en otro país. La esposa del primer ministro, Akshata Murty, hija del potentado indio Narayana Murthy, fundador de Infosys, se acogió a esa fórmula hasta que la presión de los medios le obligó a comenzar a pagar el impuesto sobre la renta.

El resultado de las medidas presupuestarias ha sido doble: la escasa ambición de su planteamiento revela que los conservadores maniobran más para aguantar, con la esperanza de que la economía dé alguna señal de crecimiento antes de las previsibles elecciones de otoño, que para animar a sus votantes. Y de paso, siguen gastando dinero público, aunque sea en rebajas fiscales menores, a costa de unos servicios públicos que deberá recomponer el Gobierno entrante, que con toda previsibilidad será laborista.

“Nos encontramos ante un Partido Conservador que se aferra desesperadamente a las ideas del pasado, y que es incapaz de generar el crecimiento que necesita la gente trabajadora, a la que exige que pague más y más por menos y menos servicios públicos”, decía en su réplica parlamentaria el líder de la oposición laborista, Keir Starmer.

La dura realidad para un tecnócrata como Sunak, que se agarra con esperanza a las cifras macroeconómicas —el crecimiento del PIB para este año y el siguiente será mejor del previsto, y la inflación puede bajar al 2% en los próximos meses— es que ya ha calado entre los ciudadanos la percepción de unos servicios públicos deteriorados en exceso y un nivel de vida general de la población en sus niveles históricos más bajos. Hasta el punto de que, según encuestas recientes, una mayoría de votantes conservadores preferiría una mayor inversión en sanidad o infraestructuras que cualquier bajada de impuestos.

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