Biden endurece su discurso: de la propuesta de legalizar a millones de inmigrantes a la restricción del asilo

Joe Biden comenzó su Gobierno con un gran gesto al electorado latino. En sus primeras horas en la Casa Blanca, el presidente envió al Congreso una ley que pretendía “devolver la humanidad y los valores estadounidenses” al sistema de inmigración. La norma pretendía dar automáticamente permisos de residencia (green cards) a dreamers, personas protegidas por el TPS y campesinos indocumentados que estuvieran en Estados Unidos antes de 2021. La ley fue a morir al Capitolio, donde se estrelló ante el muro republicano en Washington. Ese mismo presidente ha presentado 40 meses más tarde una polémica restricción al asilo, una medida considerada como la más dura adoptada por un demócrata en el poder.

¿Qué ha llevado a Biden a dar este golpe de efecto en un año electoral? La distancia entre las dos medidas no es una línea recta, sino un camino accidentado que ha sido dibujado por el pragmatismo de la Administración y el capricho de la opinión pública, que ha virado a la derecha en el tema de inmigración después de la severa herencia de Trump. Puede pensarse que Biden ha dado pasos adelante con el objetivo que se propuso, pero también ha retrocedido en otra dirección.

El legado del Gobierno en política de inmigración se construyó en los primeros meses de su llegada al poder. Además de la ley, que creaba una ruta clara de ocho años para que 10,5 millones de personas tuvieran papeles, siguieron una serie de decretos y medidas. Elevó el límite de refugiados que podían ingresar a Estados Unidos y que Trump había mantenido en mínimos. También reactivó el otorgamiento de permisos de residencia, que el expresidente congeló en 2020 con la excusa de la emergencia sanitaria.

En los primeros meses de la Administración demócrata, Biden intentó contrastar con su antecesor. Fue una de sus promesas de campaña. “Es un fracaso moral y una vergüenza nacional cuando un padre y su bebé mueren ahogados en nuestras costas. Cuando niños son encerrados en abarrotados centros de detención y el Gobierno debe mantenerlos ahí de forma indefinida”, aseguraba el entonces candidato en su página web. Entre sus compromisos estaba tomar acciones urgentes para deshacer el legado de Trump y modernizar el sistema de inmigración.

La realidad lo forzó a tomar otras rutas. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año fiscal 2020 las autoridades migratorias documentaron unas 646.000 detenciones. La pandemia es en parte responsable de este número bajo para una zona de mucha actividad como es la frontera con México. Un año más tarde, no obstante, el primero de Biden en el poder, las aprehensiones llegaron a 1,9 millones. La cifra siguió disparándose hasta alcanzar los 2,5 millones el año pasado.

Thomas Homan, un exfuncionario de la era Trump que dirigió la policía encargada de deportar indocumentados, asegura que esa enorme cantidad de inmigrantes pone a prueba la capacidad de respuesta de la Patrulla Fronteriza, la fuerza federal que vigila los más de 3.000 kilómetros de línea con México. Para poder procesar tales números se necesitó que muchos elementos atendieran grandes grupos, dejando varios kilómetros de la división sin apenas supervisión.

Para poder procesar rápidamente el número de personas que llegaban a la frontera sur, Biden dejó en pie el Título 42, una medida que Trump puso en vigor durante la pandemia. En pocas palabras, lo que hacía era cerrar la frontera para evitar la propagación del coronavirus. Los científicos descartaron la eficacia de la medida porque el virus estaba llegando vía aérea por las dos costas y no por tierra por los inmigrantes. Pero el Título 42 sirvió para deportar rápidamente inmigrantes en situación irregular y avanzar las posiciones más radicales del trumpismo en la materia de control de la frontera.

El Gobierno de Biden recibió duras críticas por mantener la herramienta de Trump como combate a la inmigración irregular. La norma ayudó a deportar rápidamente, casi en su mayoría a México, a 2,8 millones de personas. El presidente intentó levantarla en más de una ocasión, provocando que los gobernadores republicanos demandaran al Ejecutivo para que este dejara la norma en su lugar. El Título 42 expiró al fin hace un año, el 11 de mayo de 2023. Estuvo en pie durante 38 meses, en los que afectó a muchos de los solicitantes de asilo. Cuando la bruma se despejó, la imagen de Biden como aliado de los migrantes ya había desaparecido.

Esto a pesar de que la Administración demócrata ha sido quien más ha admitido personas bajo el parole humanitario. Este estatus de protección, distinto del TPS (Estatus de Protección Temporal), ha beneficiado a decenas de miles de personas que huyen de conflictos armados como los de Afganistán y Ucrania. También a quienes abandonan países colapsados como Haití o Venezuela. De acuerdo a la cadena CBS, este Gobierno ha admitido a un millón de personas bajo esta figura. Los congresistas republicanos exigen que el uso de la parole llegue a su fin. Los ciudadanos de otros seis países están protegidos por el TPS hasta julio de 2025.

Llamada a la movilización

En una medida percibida casi de forma unánime con tintes electorales, Biden anunció hace una semana una orden ejecutiva que permite cerrar la frontera cuando el número de detenciones superen las 2.500 diarias a lo largo de una semana. Es un techo muy bajo. En los días posteriores al anuncio fueron arrestadas 3.800 personas. En diciembre los cruces ilegales rozaban los 10.000. Además, el nuevo decreto hace más difícil solicitar el asilo para quienes lleguen por tierra. La Administración redujo de 24 a 4 las horas que un detenido tiene para consultar un abogado que le ayude a preparar su primera entrevista con las autoridades inmigratorias.

La Coalición para Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) ha convocado a una manifestación este sábado, en el que Biden y el expresidente Barak Obama estarán en Los Ángeles para llevar a cabo un evento de recaudación de fondos para la campaña.

“La protesta es parte de una semana en la que queremos llamar la atención del presidente para que cumpla su promesa y proteja su legado”, señala la organización. Chirla busca que el presidente actué para extender la protección de los inmigrantes indocumentados con DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), quienes arribaron como menores a este país. El programa, como muchas medidas de control de inmigración, vive un embate conservador en las cortes. Una Corte de Apelaciones del Quinto Circuito podría suspenderlo tras 12 años de vigencia. Si esto sucede, sería una mala noticia que se sumaría a la cuenta de Joe Biden en plena campaña por la reelección.

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