El Supremo de Estados Unidos decidirá sobre la inmunidad de Trump en el caso de la injerencia electoral

El Tribunal Supremo acordó este miércoles que decidirá sobre si al expresidente Donald Trump le asistía la inmunidad presidencial cuando trató de revertir el resultado electoral de las elecciones de 2020, una derrota ante Joe Biden que se negó, y aún se niega, a admitir. En la práctica, el anuncio del tribunal supone una victoria para la estrategia legal de Trump y conlleva un nuevo aplazamiento en el inicio del juicio que se sigue contra el magnate en Washington po...

El Tribunal Supremo acordó este miércoles que decidirá sobre si al expresidente Donald Trump le asistía la inmunidad presidencial cuando trató de revertir el resultado electoral de las elecciones de 2020, una derrota ante Joe Biden que se negó, y aún se niega, a admitir. En la práctica, el anuncio del tribunal supone una victoria para la estrategia legal de Trump y conlleva un nuevo aplazamiento en el inicio del juicio que se sigue contra el magnate en Washington por los hechos que desembocaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La vista para escuchar los argumentos orales de ambas partes ha quedado fijada para el 22 de abril. Es previsible que pasen semanas hasta que los nueve magistrados dicten, tal vez en junio, su resolución. Solo entonces, y únicamente si no dan la razón a Trump y si le niegan la inmunidad, podrá fijarse la fecha de inicio del juicio de la injerencia electoral. Eso podría suponer que la cosa se retrase a septiembre u octubre.

De los cuatro casos que tiene pendientes el expresidente, en los que se enfrenta a 91 delitos, se trata del proceso que se sigue contra él en Washington. Los otros tres son el de Nueva York, donde está encausado por el pago en negro a una actriz porno para que callara sobre una supuesta relación extramatrimonial entre ambos que él niega; el de Florida, por los llamados papeles de Mar-a-Lago, cajas y cajas de documentos confidenciales que se llevó indebidamente de la Casa Blanca; y el de Atlanta, que también se refiere a sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Cada una de esas citas con la justicia sigue su propio curso, pero todas comparten el mismo plan de la defensa de Trump: tratar de dilatar al máximo los procesos, para que se retrasen tanto como para que lleguen antes las elecciones del próximo mes de noviembre, en las que todo indica que Trump se enfrentará de nuevo a Biden en su intento de regresar a la Casa Blanca cuatro años después. El balón de oxígeno del Supremo es un triunfo en ese sentido, pero solo afecta al caso de Washington. La magistrada encargada de este, la jueza de distrito Tanya Chutkan, con sede en la capital, había programado originalmente la primera vista del juicio para este 4 de marzo, el próximo lunes. Después, se retrasó hasta el 25 de marzo.

En la breve orden del Supremo, los nueve magistrados, seis de ellos conservadores, tres de los cuales fueron designados en el tiempo de Trump en la Casa Blanca, se puede leer: “[Decidiremos] Si y, en caso afirmativo, en qué medida, un expresidente disfruta de inmunidad presidencial en un proceso penal por una conducta que presuntamente involucra actos oficiales durante su mandato”.

El alto tribunal también tiene pendiente pronunciarse sobre si se aplica en su caso la cláusula tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense, como quiere el Supremo de Colorado, en cuyo caso, su nombre no podría figurar en las papeletas electorales en ese Estado (tampoco en Maine, ni en Illinois), por considerar que participó en una insurrección el 6 de enero.

Un panel de tres juezas del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia falló el pasado 6 de febrero en contra de la aspiración de inmunidad de Trump. También le dieron tiempo a los abogados del magnate para presentar una solicitud de emergencia ante el Supremo que impidiera que la decisión entrara en vigor.

Separación de poderes

La defensa sostiene que como presidente tenía inmunidad total y que esta daba cobertura a cualquiera de sus actos. Según esa argumentación, la inmunidad emana del principio fundamental de la separación de poderes, y es el antídoto perfecto, dice esa teoría, de que la justicia no se use con fines partidistas. Los jueces del Supremo tendrán que decidir, entre otras cosas, si esos intentos de interferir en las elecciones pueden entrar en la categoría del desempeño normal de la labor de presidente.

“A efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación”, decía la sentencia de 57 páginas del tribunal de apelaciones en su introducción. “Sería una paradoja sorprendente que el presidente, que tiene el deber constitucional último de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, fuera el único cargo capaz de desafiarlas impunemente (...)”, continuaba el fallo. “No podemos aceptar que el cargo de la presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre”.

Los letrados de Trump también reclamaron inmunidad en el caso de los papeles clasificados que el FBI encontró en un registro en Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida), después de que el expresidente los retuviese indebidamente. Estaban llenos de secretos que afectaban a la seguridad nacional, pero los abogados argumentan que su cliente tenía derecho a llevárselos de la Casa Blanca porque esa decisión la tomó en sus últimas semanas en el cargo. El inicio de ese juicio, salvo previsible retraso, está fijado para finales de mayo en Florida. El equipo legal del expresidente también airea habitualmente la queja de que tanto juicio amenaza con interferir en la campaña presidencial, que entra en su apogeo tras el verano, y que Trump pasará, seguramente, entre el banquillo y el estrado del mitin.

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