Trump podría ir a la cárcel... y aun así ser presidente

Juan Merchan, el juez del caso Stormy Daniels, leerá el 11 de julio la sentencia que piensa imponer a Donald Trump por los 34 delitos de falsificación documental de los que fue hallado este jueves culpable por un jurado en Nueva York en relación con el pago en negro a una actriz porno en las inmediaciones de las elecciones que en 2016 lo llevaron a la Casa Blanca. En otra concatenación de eventos sin prec...

Juan Merchan, el juez del caso Stormy Daniels, leerá el 11 de julio la sentencia que piensa imponer a Donald Trump por los 34 delitos de falsificación documental de los que fue hallado este jueves culpable por un jurado en Nueva York en relación con el pago en negro a una actriz porno en las inmediaciones de las elecciones que en 2016 lo llevaron a la Casa Blanca. En otra concatenación de eventos sin precedentes en la historia estadounidense, cuatro días después, el 15 de julio, comenzará la Convención Nacional Republicana en Milwaukee en la que, con toda seguridad, Trump será designado oficialmente como el candidato del partido conservador.

Nunca antes, un expresidente estadounidense se había enfrentado a un caso penal, mucho menos a cuatro, ni había sido declarado culpable, de momento, en el primero de ellos. Tampoco nunca un aspirante a las elecciones (previstas para el 5 de noviembre) había pasado por semejante trance, un veredicto que podría llevarlo a la cárcel (se enfrenta a un máximo de cuatro años), aunque es poco probable que eso suceda. Así que entre las muchas preguntas que surgen tras un veredicto histórico, que puede apelar, destaca una: ¿obstaculizará esa sentencia de algún modo el camino que Trump espera que lo lleve de regreso a la Casa Blanca para un segundo mandato?

La respuesta corta es: no. Salvo si las noticias negativas sobre sus líos legales influyen en el ánimo de los votantes (y, según las últimas encuestas, eso parece poco probable), la Constitución estadounidense no solo no impediría a Trump aspirar al cargo; tampoco contempla la prohibición de ser presidente a un condenado por la justicia federal, ni siquiera si acaba en la cárcel, salvo si ha acabado en prisión por un delito muy concreto: el de insurrección. Y eso, pese a que podría debatirse en abstracto si su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 encaja en esa definición, también está descartado: en los cuatro casos abiertos contra él, el expresidente se enfrenta a 91 cargos, pero ninguno de ellos es por insurrección.

Trump también quedó blindado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que consideró sin base constitucional los intentos de algunos Estados, con Colorado a la cabeza, de sacarlo de las papeletas en función de la sección tercera de la decimocuarta enmienda de la Constitución. Se trata de una adenda al texto fundamental aprobada en 1868, tres años después del fin de la Guerra de Secesión (1861-1865). Sirvió para otorgar plenos derechos a los esclavos del Sur y para colocar un dique de contención que evitara que los sublevados confederados pudieran volver a ejercer un cargo público y dinamitar el sistema desde dentro.

La condena a la cárcel de Trump podría tener consecuencias en aquellos Estados que prohíben votar a los sentenciados por un delito penal. No es el caso en Florida, donde el magnate tiene fijada su residencia en Mar-a-Lago, su mansión de Palm Beach. La ley de ese Estado deriva a la normativa que rija en el lugar en el que fue condenado ―Nueva York, en este caso―. Y en Nueva York no se priva a los reos de ejercer sus derechos electorales.

El Servicio Secreto, ¿entre rejas?

Otra consecuencia insospechada de un envío a prisión de Trump es que le acompañarían a la cárcel los miembros del Servicio Secreto designados para su protección. La ley estadounidense les obliga a acompañar a un expresidente 24 horas al día, siete días a la semana, independientemente de dónde se encuentre, incluso si ese lugar es entre rejas.

Para encontrar algún precedente a lo sucedido este jueves con Trump y a las opciones que se abren ante él de camino a la Casa Blanca hay que remontarse más de un siglo, hasta el oscuro caso de un candidato llamado Eugene Debs. Hizo en 1920 su campaña desde prisión, como líder del Partido Socialista de América, mientras cumplía una pena por violar la Ley de Espionaje de 1917. Lo condenaron por pronunciar discursos críticos con el papel de Estados Unidos en la I Guerra Mundial. No llegó a la Casa Blanca (solo sacó un millón de votos); aquella vez arrasó el republicano Warren Harding. Y esos números invalidan el poder para el precedente del caso: al contrario que Trump, que lidera en un buen puñado de encuestas sobre el presidente Joe Biden, que se presenta a la reelección, Debs nunca tuvo ninguna posibilidad de ganar.

En España, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General impide a cualquier condenado por sentencia firme presentarse a las elecciones o acceder al cargo al que se presente. Tampoco pueden hacerlo los que hayan sido sentenciados, aunque la resolución no sea firme, a delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las instituciones del Estado en caso de que la condena establezca la pena de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo (ser elegido) la de inhabilitación absoluta o especial o la de suspensión para el empleo o cargo público.

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