Raquel Sánchez, exministra: “Madrid es el modelo del ‘sálvese quien pueda”

Raquel Sánchez (Gavà, Barcelona, 48 años), hoy directora de Paradores Nacionales, dirigió entre julio de 2021 y noviembre de 2023 la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bajo su mandato se aprobó la polémica ley de vivienda que acaba de cumplir un año en vigor. En estos 12 meses, las cifras han empeorado, pero Sánchez sostiene que hay que dar tiempo a la nueva norma para que se vean los resultados. En esta entrevista mantenida el pasado 22 de julio en su despacho de las oficinas de Paradores, la exministra y exalcaldesa de Gavà sostiene que, dado que la mayoría de las autonomías se niegan a aplicar la ley, los ciudadanos deben exigir responsabilidades a esos gobernantes que, con su actitud, rechazan una mejora de las condiciones de vida de sus gobernados. Sánchez destaca el ejemplo de Madrid: “Es el modelo del sálvese quien pueda”.

Pregunta. La ley de Vivienda ha cumplido un año en mayo, pero los alquileres han subido un 13% y la oferta ha retrocedido un 15%. ¿Ha fallado la ley?

Respuesta. No creo que esté fallando la ley. La que aprobamos hace un año sigue siendo histórica, la primera de la democracia en materia de vivienda. También es cierto que ya decíamos que no podía solucionar un problema que se ha convertido en estructural en nuestro país. La ley sienta unas bases y marca el modelo a construir, pero no es la solución por sí sola. También hay que darle un recorrido temporal. Un año es poco tiempo para poder valorar si funciona o no.

P. La mayoría de las comunidades autónomas la han rechazado.

R. Las competencias en materia de vivienda son autonómicas. Son las comunidades las que tienen que aplicar el contenido de la ley. Hay materias que tienen que aplicar obligatoriamente, como la regulación del precio de alquiler, pero otras no. Muchas autonomías gobernadas por el PP ya dijeron que no iban a aplicar la ley incluso antes de aprobarse, aunque creo que finalmente caerá por su propio peso porque es un instrumento que tiene que servir para que el resto de las políticas que aplicamos y que aplican las comunidades autónomas y los ayuntamientos sean eficaces y efectivas. La ley consolida la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar, pero hace falta que pongamos más vivienda a disposición de la gente y a precio asequible. La ley necesita del consenso de todas las administraciones y también interpela al sector privado.

P. ¿Cómo interpela al sector privado?

R. Hemos defendido contar con el sector privado. La colaboración público-privada es clave para que el modelo de vivienda protegida, de vivienda a precio concertado, funcione y sea también una oportunidad para la empresa. Si el sector privado es capaz de ver que se pueden generar beneficios razonables garantizando a la vez el acceso a la vivienda de las clases medias y trabajadoras, todos ganaremos.

P. La ley en sí no obliga a la construcción de nueva vivienda, que escasea.

R. El Gobierno presentó, paralelamente a la ley, un plan de construcción de más de 180.000 viviendas que aún están en proceso. Las viviendas no pueden construirse de hoy para mañana. Contamos con la financiación de los fondos europeos para construir gran parte de esas viviendas, en torno a 20.000.

P. Las cifras eran negativas hace un año y lo son ahora.

R. Nunca dijimos que en un año presentaríamos unos resultados “X”. La pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas. Las que no apliquen los mecanismos previstos tendrán que rendir cuentas ante sus ciudadanos.

P. ¿Escucharon a esas comunidades autónomas que hoy rechazan la ley?

R. Claro que sí. Esta ley fue ampliamente debatida. Hablamos con las conferencias sectoriales de vivienda y con representantes de las comunidades autónomas. Todos tuvieron voz a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. La voz de los alcaldes y alcaldesas es fundamental, ya que la vida de los ciudadanos se desarrolla en los pueblos y en las ciudades. También hablamos con las asociaciones municipalistas. Pese a todo, el PP siempre estuvo en contra de esta ley. Sin conocerla, se negaron a aplicarla.

P. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoce que en Madrid hay “zonas tensionadas”, pero se niega a aplicar la ley, que prevé precios regulados en esas áreas.

R. Ella misma puso un ejemplo de lo que pagaba de alquiler, y vino a decir que, si uno no se puede permitir un piso determinado, lo que tenía que hacer es irse a un lugar en el que sí se lo pueda permitir. Al fin y al cabo, lo que defienden es el inmovilismo, la gentrificación y el desplazamiento. Es Ayuso quien tiene que explicar a sus ciudadanos por qué no la aplica. Los madrileños deben exigir responsabilidades, porque tienen a un dirigente público que está desatendiendo una necesidad básica: el acceso a una vivienda que te da derecho o que te abre la puerta para poder ejercer otros derechos.

Sin ser un derecho fundamental, evidentemente tenemos que garantizar el derecho a la vivienda

P. ¿Debería tener en la Constitución ese derecho a la vivienda la protección especial con la que cuentan otros fundamentales como el de asociación, reunión o difusión de ideas y opiniones?

R. Siempre hemos defendido que, sin ser un derecho fundamental, evidentemente es un derecho que tenemos que garantizar. La propia Constitución, sin calificarlo como un derecho fundamental, prescribe a los poderes públicos la obligación de garantizar el acceso a la vivienda y eso es lo que intentamos hacer aprobando esa ley. La norma fue recurrida precisamente porque el Partido Popular entendía que el Estado no podía entrar a regular esa materia, cuando estamos hablando de un derecho que la Constitución obliga a los poderes públicos y a las administraciones a que lo protejan y garanticen.

P. Como alcaldesa de Gavà (Barcelona) continuó un proyecto iniciado hace 30 años, llamado “Pla de Ponent”, criticado por sectores a la izquierda del PSC. El plan incluye la construcción de más de 5.000 viviendas en el municipio, de 46.000 habitantes. ¿Eran necesarias tantas viviendas?

R. Sigo defendiendo las bondades de ese plan. Estamos hablando de una situación de emergencia habitacional y yo creo que nadie puede cuestionar que el área metropolitana de Barcelona sufre esas tensiones por la escasez o de la falta de vivienda. Quiero también aclarar que ese era un proyecto que siempre defendimos con un modelo de crecimiento concreto y sostenible, en función de las necesidades de la ciudad y dando respuesta a las clases medias y trabajadoras, y a los jóvenes con especiales dificultades para encontrar una vivienda digna y asequible. Siempre defendimos que el plan debía desarrollarse por fases, como de hecho se está haciendo, y con más de un 40% de las viviendas de protección oficial. La clave es el desarrollo sostenible, la sostenibilidad en su triple vertiente económica, social y ambiental.

La okupación es un problema relevante, pero está mitificado. En los últimos años ya se ha producido un descenso muy sustantivo

P. ¿Supone un problema relevante la okupación a la vista de los casos que se registran cada año?

R. Sí es un problema relevante, pero está mitificado. En los últimos años ya se ha producido un descenso muy sustantivo, según datos del Ministerio del Interior, y cada vez se habla más de ello. El problema es cada día más irrelevante. Es un recurso fácil para aquellos que viven de la demagogia, como también lo son cuestiones como la inmigración.

P. Como presidenta de Paradores, ¿cómo valora las nuevas formas de hospedaje turístico y su impacto sobre la escasez de vivienda en las ciudades?

R. No podemos perder de vista que el turismo es un gran activo en nuestro país, porque somos un país líder a escala mundial y un destino turístico de primer nivel. Es cierto que hay un turismo que a veces genera externalidades negativas, y eso es lo que tenemos que afrontar. Hay alojamientos turísticos ilegales, fuera de control, y esos no pueden estar permitidos y tienen que ser sancionados y eliminados.

P. ¿Por qué se tarda tanto en regular y sancionar a plataformas que publican un 95% de sus ofertas de alojamiento al margen de la legalidad?

R. En Barcelona, por ejemplo, ya se han puesto encima de la mesa medidas de control y sanción a estos apartamentos turísticos ilegales. Madrid es el modelo del sálvese quien pueda y parece que todo se puede hacer con independencia de sus consecuencias negativas para la inmensa mayoría de ciudadanos.