El Gobierno mexicano inhabilita a la empresa del hijo de Bartlett por las irregularidades en la venta de ventiladores
La Secretaría de Función Pública asegura que los equipos médicos entregados por Cyber Robotic Solutions estaban en mal estado y que nunca llegaron a utilizarse, pese a costar 31 millones de pesos
Los ventiladores que entregó la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para atender a los pacientes de la covid-19 en Hidalgo estaban “viejos, usados y en mal estado”, nunca llegaron a tiempo y tenían un precio, de 31 millones de pesos (1,3 millones de dólares), “fuera del rango del mercado”. Así lo ha ratificado este lunes la Secretaría de Función Pública, que ha decidido inhabilitar a la empresa de Bartle...
Los ventiladores que entregó la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para atender a los pacientes de la covid-19 en Hidalgo estaban “viejos, usados y en mal estado”, nunca llegaron a tiempo y tenían un precio, de 31 millones de pesos (1,3 millones de dólares), “fuera del rango del mercado”. Así lo ha ratificado este lunes la Secretaría de Función Pública, que ha decidido inhabilitar a la empresa de Bartlett, durante 24 y 27 meses, e imponerle dos multas por valor de más de dos millones de pesos (unos 89.000 dólares).
La sanción a Cyber Robotic Solutions, que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, se debe a la adjudicación de un contrato el 17 de abril con la delegación en el Estado de Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La institución compró 20 ventiladores respiratorios por más de un millón de dólares (unos 63.000 por cada equipo). Justificó la adquisición con que había una necesidad urgente de atender a enfermos de la covid-19 en la entidad. En esa misma fecha, el IMSS compró a otra compañía un ventilador similar por la mitad precio, según reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Ahora, la Secretaría de Función Pública asegura que “la contratación se sustentó en falsedades” y que no había ninguna urgencia. De hecho, los ventiladores nunca llegaron a utilizarse. El Gobierno señala que la empresa proporcionó información falsa sobre la disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados y que los productos se entregaron tarde. Además, incide en que “ni uno solo de los productos cumplió con las especificaciones técnicas contratadas”, incluso 11 de ellos “estaban rotos y totalmente inservibles”.
El 7 de mayo, y tras la verificación de Función Pública, el IMSS se vio obligado a devolver los equipos “lo cual evitó el daño patrimonial al Estado”, según el comunicado gubernamental. Al mismo tiempo se suspendió de forma inmediata a cuatro funcionarios adscritos al IMSS de Hidalgo por “su posible complicidad con las acciones irregulares”.
Tanto León Manuel Bartlett como el IMSS negaron las acusaciones de sobreprecio en el momento en que se revelaron. El hijo del director de la CFE tuiteó que “el proceso de compra se realizó de forma transparente y a precios razonables” y el comunicado de la institución médica afirmaba que los equipos “se encontraban al coste promedio”.
Esta sanción salpica de nuevo a Manuel Bartlett, uno de los funcionarios más polémicos de la Administración de López Obrador. Un reportaje de la periodista Arelí Quintero reveló, en 2019, que la empresa del hijo del funcionario había ganado 800 millones de pesos (32,5 millones de dólares) en contratos por la venta de equipo médico al Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha señalado que “a lo largo de la pandemia se han supervisado más de 2.000 procesos de contratación en el sector Salud”. El caso de Cyber Robotic Solutions no es el primero que suscita la polémica por la compra de ventiladores por el Gobierno. El 30 de marzo, el IMSS firmó un contrato con la empresa Levanting Global Servicios S.A. para comprar 2.500 ventiladores por 93 millones de dólares. El propietario de la empresa era Baldemar Pérez Ríos, un empresario mexicano residente en Estados Unidos. Según otra investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, Pérez Ríos sirvió de testaferro en un fraude millonario, por el que fue inhabilitado para desempeñarse como cargo de cualquier empresa emisora de valores en julio de 2017.