El Ejército mexicano se resiste a colaborar en la investigación del ‘caso Ayotzinapa’

A dos años del cambio de Gobierno en México, las pesquisas por el caso Ayotzinapa tropiezan con viejos obstáculos, generando atascos que ponen en peligro el proceso. Después del éxito del hallazgo este año del hueso de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, el primer identificado en seis años, la Fiscalía apunta ahora a uno de los g...

A dos años del cambio de Gobierno en México, las pesquisas por el caso Ayotzinapa tropiezan con viejos obstáculos, generando atascos que ponen en peligro el proceso. Después del éxito del hallazgo este año del hueso de uno de los estudiantes normalistas desaparecidos en 2014, el primer identificado en seis años, la Fiscalía apunta ahora a uno de los grandes tabúes de la investigación: el papel de los militares. En noviembre, las autoridades detuvieron a un capitán vinculado al caso. La pregunta ahora es si la fiscalía podrá llegar al fondo del asunto.

Pese a las promesas de transparencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, los investigadores enfrentan dificultades para entender el papel que jugó el Ejército durante el ataque contra los estudiantes normalistas. Fuentes cercanas a la investigación, consultadas por EL PAÍS, señalan que las peticiones de información que ha hecho la Fiscalía a la Secretaría de la Defensa en los últimos meses han recibido indistintamente el silencio por respuesta. Sobre todo, “peticiones de acceso a documentos que ayudaría a acceder a la cadena de mando”, explican estas fuentes.

En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías de Iguala, Cocula y otros municipios de esa región del Estado de Guerrero atacaron a un grupo de normalistas en varios puntos de Iguala. Los estudiantes habían viajado al municipio para tomar autobuses de la terminal local y trasladarse luego a una marcha en Ciudad de México. Los policías actuaron coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos. El motivo sigue sin estar claro. Hasta ahora se tenía la idea de que los militares habían intervenido marginalmente. Mal, porque no habían auxiliado a los muchachos, pero sin una responsabilidad concreta en el ataque. Ahora, la fiscalía duda sobre el alcance de su actuación. Los investigadores tienen en el punto de mira “a unos 30 militares entre los que estuvieron en Iguala y la cadena de mando”, según las fuentes previamente citadas. Entre los 30 están los generales José Rodríguez, responsable del batallón de Iguala en 2014, y Alejandro Saavedra, encargado de la zona militar del Estado de Guerrero.

Ya en 2015, el grupo de expertos que la Organización de Estados Americanos (OEA) mandó a México a investigar el caso insistió en indagar al Ejército. Los expertos señalaron tres puntos. Primero, el recorrido y las motivaciones de los militares que actuaron sobre el terreno en las horas clave. Segundo, las comunicaciones de la tropa y los oficiales con los mandos, y el nivel de conocimiento que estos últimos tuvieron del ataque. Y tercero, los posibles vínculos de militares del batallón de Iguala con Guerreros Unidos.

El militar detenido en noviembre, el capitán José Martínez Crespo, de 49 años, es uno de los elementos que patrullaron por Iguala aquella noche. Crespo comandaba a un grupo de soldados que estuvo en dos puntos clave, el cruce de la calle Juan N. Álvarez, el anillo Periférico y la comandancia de Barandilla de la policía de Iguala. En el primero, agentes de Iguala protagonizaron el primer ataque, dejando estudiantes muertos y desaparecidos. Los soldados llegaron después a ese escenario, según sus propias declaraciones. El segundo es parte de uno de los episodios más controvertidos del caso.

La comisaría de Barandilla es un pequeño centro de detención de la policía local. A lo largo de los años, varios testigos, entre policías, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, estudiantes y vecinos de Iguala, han señalado que una parte de los 43 estudiantes desaparecidos fueron llevados allí después del ataque en Juan N. Álvarez y Periférico. El grupo sería mayor a 10 muchachos, incluso hasta de 16, según los testimonios. Pese a no decirlo en sus primeras dos declaraciones, Crespo acabó reconociendo que pasó por allí.

La duda por aclarar es si los estudiantes ya estaban en Barandilla cuando él y los otros militares llegaron. En su tercera declaración, rendida en septiembre de 2015, Crespo dijo que pasó por el centro de detención a las 00.55 del 27 de septiembre. Que llegó y preguntó por una moto requisada a un compañero, un soldado que esa noche había estado ocupado en tareas de vigilancia en Iguala. Crespo dijo que el encargado de la comisaría, el juez de Barandilla, Ulises Bernabé, señaló que la moto no estaba allí. Los militares se fueron enseguida, sin revisar nada. Tardaron cinco minutos.

La versión de Bernabé es muy distinta. En su declaración como testigo ante los investigadores en 2014 señaló que Crespo llegó en realidad a las 23.30 y registró las instalaciones, siempre con la excusa de la moto, durante unos 15 minutos. Bernabé nunca dijo que policías le hubieran llevado a estudiantes allí, pero varias fuentes cercanas al caso, del lado de las familias de los 43 y de la comisión presidencial que supervisa las investigaciones, señalan que Bernabé debería volver a declarar. “Su testimonio es clave para entender si los militares habrían incurrido en un delito de desaparición forzada”, dijo una de las fuentes consultadas. Bernabé huyó a Estados Unidos hace años, donde pidió y consiguió asilo político.

Dos testigos señalan a Crespo

La detención de Crespo ilustra por un lado los intentos de la fiscalía en profundizar en el papel del Ejército en el caso y, por otro, las dificultades que ello implica. No hay ningún testigo que sitúe al militar y los estudiantes, al mismo tiempo, en Barandilla. Por eso, la Fiscalía no puede acusarle de desaparición forzada. Su reclusión obedece a una acusación por un delito de delincuencia organizada. Dos testigos lo acusan de ser parte de la red de Guerreros Unidos.

Hasta ahora se conocía el testimonio de un testigo protegido al que la Fiscalía ha llamado Juan, un viejo conocido de las redes criminales de la región. Con el cambio de guardia en el Gobierno y la fiscalía, Juan se acercó a los investigadores y declaró que Crespo y su jefe, el coronel José Rodríguez, comandante del batallón de Iguala, trabajaban con la red criminal. Su testimonio fue clave para conseguir la detención del capitán. En el caso del coronel Rodríguez, que ya ascendió a general, la única acusación es la de Juan, de ahí que no se haya concretado su detención.

En el caso de Crespo hay más pruebas. Primero, los testimonios de los estudiantes que interactuaron con él en la noche de los hechos. Normalistas sobrevivientes denunciaron que Crespo les amedrentó en un hospital cerca del escenario de Juan N. Álvarez. Además, hay un segundo testimonio que lo incrimina directamente con Guerreros Unidos. Se trata de un presunto integrante de la red criminal, detenido en Querétaro en 2017. Esta persona declaró que “un militar de apellido Crespo” estuvo en varios ocasiones en casa de Marco Antonio Vega, uno de los fundadores del grupo. Crespo habría recibido dinero de Vega. Este testigo señala además que Crespo y otro militar usaban vehículos oficiales para trasladar armas de Guerreros Unidos.

Las mantas y los abogados

En octubre de 2014 apareció una manta en Iguala con un mensaje firmado por El Gil. Señalado como responsable operativo de Guerreros Unidos en la noche del ataque contra los estudiantes, Gildardo López, El Gil, fue detenido en 2015 y luego liberado en 2019 por falta de pruebas. Nunca se supo si El Gil estaba detrás del mensaje, pero la cantidad de información hizo que los fiscales incorporasen su contenido a la investigación.

El mensaje señalaba a los jefes de policía de Taxco, Huitzuco, Tepecoacuilco y otros municipios de la región de ser parte de la red de Guerreros Unidos. También a sus alcaldes. Da la casualidad de que varios de los jefes de policía de los pueblos de la región habían sido anteriormente militares. Entre ellos, el jefe de policía de Tepecoacuilco, José Guadalupe Salas; el de Iguala, Felipe Flores; el de Cocula, César Nava, y también los de Apaxtla y Taxco. Además de los policías, el texto del mensaje mencionaba a funcionarios federales en la región y a dos militares, un capitán y un teniente, de nombres Crespo y Barbosa.

Pese a la antigüedad de los señalamientos contra Crespo, solo ahora se ha procedido contra él. También en su caso, la Secretaría de la Defensa ha tratado de esquivar a la justicia. La fiscalía le acusa de un delito grave: delincuencia organizada. Pero el Ejército ha puesto a disposición del capitán a un pelotón de abogados, entre ellos Jorge Alfredo Rico, que hace años asistió a los militares involucrados en la matanza de Tlatlaya, en el Estado de México.

Son en total cinco abogados de la defensoría pública militar los que integran el equipo que asiste a Crespo. En el entorno de la defensa de las familias de los 43 estudiantes ha resultado extraño este comportamiento, ya que no es habitual que abogados de la defensoría militar participen en procesos judiciales contra compañeros acusados de delitos así. Los abogados entran en casos de delitos previstos en el código de justicia militar, pero no en cuestiones del ámbito civil. La Fiscalía planea impugnar el nombramiento de estos abogados.

Sin ser del todo grave, la defensa de Crespo simboliza la actitud del Ejército en el caso Ayotzinapa. A seis años del ataque y la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el procesamiento de Crespo y el resto de militares señalados de lazos con Guerreros Unidos podría resultar clave para entender el tamaño y las dinámicas de la red criminal. También, la obtención de documentos de la Secretaría de la Defensa que dibujen la actuación de los mandos durante la noche del ataque. El tiempo corre en contra de los investigadores.