El Congreso mexicano rechaza la reforma eléctrica de López Obrador

La Cámara de Diputados de México ha tumbado en la noche de este domingo la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación privada en el sector. Era una de las mayores apuestas del mandatario y su rechazo supone la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno en tres años y medio. Como se preveía, Morena, la formación del presidente, no ha conseguido los apoyos suficientes para log...

La Cámara de Diputados de México ha tumbado en la noche de este domingo la reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación privada en el sector. Era una de las mayores apuestas del mandatario y su rechazo supone la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno en tres años y medio. Como se preveía, Morena, la formación del presidente, no ha conseguido los apoyos suficientes para lograr la mayoría calificada de dos tercios de los curules, ante la negativa de una oposición unida. Se han registrado 223 en contra y 275 votos a favor, frente a los 334 necesarios. El debate, que se ha prolongado durante casi de 13 horas, ha estado cargado de descalificaciones y de acusaciones cruzadas de “traición a México”.

La derrota de la iniciativa presidencial estaba prácticamente anunciada desde hacía días, pese a la presión ejercida por el Gobierno sobre la oposición. Durante el debate, la minoría se ha mantenido firme en su rechazo por considerar que la reforma encarecería la electricidad y provocaría mayor contaminación. Conscientes de que los números no les favorecían, Morena y sus aliados han aprovechado el debate para presentar la votación como una batalla por la “soberanía” del país, supuestamente amenazada por empresas extranjeras, en una serie de discursos sazonados de proclamas nacionalistas. Señal de la importancia de la votación, la discusión ha arrancado sobre el mediodía con un lleno casi completo, 498 presentes de un total de 500 legisladores.

Morena tenía ante sí el desafío de sacar adelante la propuesta estrella de López Obrador para la segunda mitad del sexenio. La iniciativa del presidente buscaba frenar la liberalización de la generación eléctrica, iniciada a principios de los años 90, y “rescatar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa paraestatal que en los últimos años ha perdido terreno ante los menores costos de producción de las centrales privadas. Para ello, las modificaciones contemplaban cancelar todos los contratos de privados y reservar a la CFE por lo menos el 54% de la generación, frente al 38% que tiene actualmente. Además, la iniciativa proponía que el litio, un mineral utilizado en la fabricación de baterías eléctricas, fuera explotado exclusivamente por el Estado.

En el arranque del debate, el diputado morenista Juan Ramiro Robledo ha cargado contra Iberdrola, uno de los blancos favoritos del Gobierno, y ha pedido leer en voz alta los detalles de dos de sus facturas para denunciar supuestos abusos en los llamados esquemas de autoabastecimiento, entre centrales privadas y empresas. Más tarde, el coordinador de la bancada mayoritaria, Ignacio Mier, ha tomado la palabra rodeado de diputados que gritaban “¡quieren robar!”. Mier ha dicho que la votación era “seguramente la más importante de la legislatura” y que Morena había integrado 10 de los 12 puntos presentados por la oposición en una rueda de prensa. Parecía una mano tendida a la minoría pero, poco después, la ha atacado duramente. “¡Sus jefes son Enel, Iberdrola...!”, les ha espetado, y ha puesto una grabación del famoso discurso del expresidente Adolfo López Mateos para nacionalizar la industria eléctrica en 1960.

Frente a los embates de Morena, decenas de diputados de la coalición Va por México, formada por PAN, PRI y PRD, han tomado la tribuna para rechazar la reforma, entre gritos de “¡no va a pasar!”. El líder priista, Alejandro Moreno, ha adelantado que el bloque mayoritario encajaría “la derrota más monumental”. Sobre la iniciativa, el diputado ha acusado a Morena de “dar la espalda a la transición energética”, al limitar la participación de centrales privadas renovables, y ha asegurado que la reforma “abriría la puerta a litigios y pagos de indemnizaciones” por la cancelación de contratos. En la misma línea, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, ha declarado que la “patria no es la CFE” y que la reforma “incrementaría los precios y volvería más lenta la transición energética”. El presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, se ha visto obligado a llamar varias veces al orden a los diputados ante las constantes interrupciones a los oradores.

Aunque se debatía la reforma eléctrica, la discusión ha tomado por momentos tintes más generales sobre el momento político que se vive. La oposición ha augurado que este domingo se abre un nuevo capítulo con un Poder Legislativo más dispuesto a plantarle cara al Ejecutivo. “Hoy les decimos que estamos más unidos que nunca”, ha declarado Jorge Romero, del PAN, sobre la unidad de la coalición Va por México. El Gobierno no va a tener fácil, han advertido, la aprobación de las otras dos reformas constitucionales anunciadas por López Obrador para modificar el régimen electoral y de seguridad. Del bando contrario, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, aliado de Morena, ha asegurado que la “traidora” oposición “cava su propia tumba” y ha pronosticado el triunfo del movimiento de López Obrador en las elecciones estatales de junio y en las presidenciales de 2024. En un momento del debate, Morena ha colocado un ataúd con las siglas del PRI, PAN y PRD frente a la tribuna.

La tensión ha estado presente desde el inicio. Antes de abrirse la sesión, los dos bandos se han enzarzado en un intercambio sin fin de soflamas. “¡No va a pasar, no va a pasar!”, exclamaban en el salón del pleno los representantes de la oposición. “¡Esos son, esos son los que venden la nación!”, respondían los diputados de Morena. Uno de ellos iba vestido con el uniforme y el casco de los mecánicos de la CFE, en señal de apoyo a la paraestatal. Muchos de los gritos morenistas iban dirigidos al PRI, el partido al que han tratado de convencer sin éxito de votar a favor de la reforma. “Si el PRI pudiera, a su madre vendiera”, repetían. En medio del barullo, el líder priista, Alejandro Moreno, decía que no con el dedo. Los legisladores de Movimiento Ciudadanos se paseaban por el salón con máscaras antigás y con carteles a favor de las energías limpias.

Fuera de la Cámara, varios cientos de seguidores de López Obrador se han congregado desde temprano para seguir el debate a través de una pantalla gigante. Proliferaban banderas mexicanas anudadas al cuello, pancartas contra Iberdrola e imágenes del mandatario. “No queremos que el sector quede en manos de las empresas extranjeras. El Estado debe de tener el control”, decía Ernesto Cortés, un comerciante de 46 años, con varias banderitas en la mano. Cortés aseguraba que se quedaría allí hasta que se votara la iniciativa. Los gritos de “¡no traicionen!” de los manifestantes llegaban hasta el patio central de la Cámara, donde diputados, asesores y periodistas iban y venían y se hacían selfies para inmortalizar el momento.

La aprobación de la reforma lucía cuesta arriba. Morena y aliados no tenían los 334 diputados necesarios para alcanzar la mayoría de dos tercios. En los últimos días, el presidente López Obrador había intensificado su presión sobre los diputados de la oposición, principalmente los del PRI, a quienes había pedido rebelarse contra la decisión de sus dirigentes. “¿Cómo el presidente de un partido les da órdenes? ¡No es correcto! Ojalá y los diputados se liberen”, reclamó esta semana López Obrador. Sin embargo, las presiones solo han logrado el cambio de bando de un legislador, el priista Carlos Miguel Aysa Damas, hijo de un exgobernador de Campeche cuyo inminente nombramiento como embajador depende de Morena.

La propuesta de reforma ha centrado la agenda pública desde que el presidente la envió al Congreso a finales de septiembre pasado. Las organizaciones ambientalistas habían alertado de que las modificaciones aumentarían las emisiones de gases contaminantes, mientras que las empresas habían amagado con pedir indemnizaciones multimillonarias si se cancelaban contratos vigentes. Por otra parte, la iniciativa había tensado las relaciones bilaterales con el Gobierno de EE UU, que amenazó con utilizar el acuerdo comercial de Norteamérica, el TMEC, para demandar a México si se aprobaba.

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