El Ejército mexicano investigó a diputados, senadores y gobernadores

La filtración masiva de información del Ejército mexicano ha desvelado un seguimiento realizado por las Fuerzas Armadas a numerosos actores del escenario político nacional. Fichas de senadores, diputados y gobernadores aparecen entre los más de cuatro millones de correos a los que tuvo acceso EL PAÍS. En algunos casos reportan desde el tipo de sangre que tienen hasta datos relevantes como si tiene vínculos con el crimen organizado. El actual presidente del Movi...

La filtración masiva de información del Ejército mexicano ha desvelado un seguimiento realizado por las Fuerzas Armadas a numerosos actores del escenario político nacional. Fichas de senadores, diputados y gobernadores aparecen entre los más de cuatro millones de correos a los que tuvo acceso EL PAÍS. En algunos casos reportan desde el tipo de sangre que tienen hasta datos relevantes como si tiene vínculos con el crimen organizado. El actual presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, fue perfilado en 2020 cuando ocupaba un escaño en el Congreso, o el secretario de Gobierno de Ciudad de México, Marti Batres, fue investigado el año pasado cuando era senador federal. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) maneja fichas de gobernadores, alcaldes, legisladores locales, fiscales generales de los Estados, además de rigurosas listas con los datos de los diferentes candidatos que participaron en los últimos procesos electorales.

La política ocupa gran parte de los seis terabytes de información del Ejército que fueron filtrados. Durante años la Sedena desarrolló documentos, bajo el nombre de Campos de Poder, en los que analizaba los actores políticos principales en cada Estado. Entre los datos que estudiaban estaba cuánto peso social y cuánto poder de convocatoria tenían. Pero la investigación no quedaba allí. Las Fuerzas Armadas recopilaron información sobre cientos de políticos, muchos de ellos elegidos por la población para ocupar un cargo.

Los documentos no especifican para qué quería esta información la Sedena o qué haría luego con ella, pero algunos seguimientos son minuciosos y datan desde por lo menos 2017. El seguimiento que han hecho no solo a políticos, sino a activistas, periodistas y defensores sociales abre el debate sobre los límites del Ejército en democracia. Las revelaciones llegan además en un contexto político específico: el Senado deberá discutir este martes sobre la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. De aprobarse, el Ejército tendrá vía libre para seguir haciendo trabajos de seguridad pública interna.

Entre los nombres que resaltan está el del exdiputado Mario Delgado, sobre quien detallan su militancia en el PRD antes de ingresar a Morena. Del actual presidente del partido oficialista incluyen sus datos personales, todos los cargos políticos que ostentó y enlistan una serie de premios que recibió. Bajo el título de confidencial, agregan detalles sobre los roles que tuvo el político dentro de la Cámara baja entre 2018 y 2020.

Otro miembro del partido oficialista que aparece en los informes confidenciales es Marti Batres, actual mano derecha de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbuam. Junto con él aparecen varios miembros del Gabinete capitalino que fueron investigados. De Batres, que fue fichado por la Sedena cuando era senador, describen información personal y comentan sobre al menos cinco libros que escribió. El perfil del exsenador termina con un apartado que indaga sobre la posibilidad de que mantenga relación con la delincuencia organizada: “Hasta la fecha no se tiene conocimiento”.

Mónica Almeida López, diputada por Jalisco de la alianza del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano entre 2018 y 2021, también fue fichada en mayo de 2019. En su caso, el reporte tiene datos personales, formación académica e información detallada de la trayectoria política. El documento señala además que no hay evidencia de que mantenga lazos con el crimen organizado. “Hasta el momento no se ha detectado notas periodísticas que difamen o desprestigien la reputación de dicha funcionaria”, concluye.

El exdiputado Cándido Ochoa, representante del PRI por San Luis Potosí, también aparece entre los monitoreados. Además de contener lo mismo que las anteriores, su ficha incluye información sobre comentarios negativos que ha recibido. “Ha sido criticado por habitantes de la huasteca potosina, que su desempeño en los cargos públicos ha sido malo, ya que en muchas ocasiones no atendía las peticiones, por lo que cuenta con bajo número de simpatizantes”, dice.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, tiene uno de los perfiles más detallados. Con 15 páginas, la ficha detalla cosas como que el político del Partido Verde tiene sangre cero positiva o las acusaciones que le llevaron a la cárcel en enero de 2015 por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y nexos con la delincuencia organizada. El documento incluye un análisis de la gestión que hizo en cada cargo que ocupó o del manejo que tuvo de la pandemia de la covid. La Sedena hizo además un seguimiento de los miembros del Gabinete de Gallardo Cardona, actualmente aliado político de Morena. El informe también desarrolla los comentarios públicos que ha hecho de diferentes temas, casi siempre relacionados al actuar de las Fuerzas Armadas, y las promesas de campaña que realizó.

Otro gobernador fichado por la Sedena fue el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, el titular del Gobierno del Estado de Morelos, que fue electo bajo una alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el conservador Partido Encuentro Social. Sobre él, el Ejército señala que no terminó el colegio secundario, y especifica momentos importantes en su carrera deportiva. Además de su ficha está la de todos los políticos que fueron candidatos al Ejecutivo de Morelos en 2018.

Las declaraciones de los políticos en general eran de gran interés para el Ejército. En varios correos se registra cómo las Fuerzas Armadas hacen un seguimiento de lo que se habla de ellas. En junio de 2019, por ejemplo, solicitaron un informe detallado sobre todos los pronunciamientos en contra de la Sedena sobre el caso Ayotzinapa realizados por altos cargos de este Gobierno, como el canciller Marcelo Ebrard; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; la subsecretaria de Relaciones Exteriores Martha Delgado; el entonces secretario de Hacienda Carlos Urzúa; quien ocupaba la Subsecretaría de Hacienda y luego se volvió el titular de esa dependencia, Arturo Herrera; entre otros tantos.

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