La soberanía sin maíz

En esta administración se apela a la soberanía a la menor provocación. ¿Que importamos la gran parte de la gasolina que consumimos porque en Estados Unidos es más barata? Habrá que recuperar “la soberanía” construyendo una refinería que está costando al menos el doble de lo prometido inicialmente. ¿Que el sector privado contribuye a la generación de energía eléctrica del país? Recuperemos “la soberanía” cambiando las leyes y la estruct...

En esta administración se apela a la soberanía a la menor provocación. ¿Que importamos la gran parte de la gasolina que consumimos porque en Estados Unidos es más barata? Habrá que recuperar “la soberanía” construyendo una refinería que está costando al menos el doble de lo prometido inicialmente. ¿Que el sector privado contribuye a la generación de energía eléctrica del país? Recuperemos “la soberanía” cambiando las leyes y la estructura misma del mercado para fortalecer (en teoría) a CFE aunque dañemos la competitividad y el potencial de crecimiento del país. ¿Que el presidente no quiere ir a las cumbres internacionales? Pues aleguemos soberanía en la determinación de la política exterior mexicana. ¿Que no producimos todos los alimentos que se consumen en el país? Apelemos a la soberanía y agreguemos el término alimentaria para justificar políticas proteccionistas dañinas para la industria agropecuaria mexicana.

¿Cómo se verá la soberanía mexicana si en unos meses dejamos de recibir maíz amarillo de Estados Unidos? ¿Qué tan soberanos seremos si destruimos el potencial ganadero del país?

El último día de 2020 se publicó un decreto en el que se prohibe al Gobierno federal y a sus dependencias comprar, usar, importar o distribuir glifosato o cualquier agroquímico que lo contenga en el mercado mexicano. En el mismo decreto se establece que las autoridades de bioseguridad deberán, a más tardar el 31 de enero de 2024, revocar y no otorgar permisos para la liberación en el ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. Incluye la revocación y abstención en el otorgamiento de permisos para el uso del grano de maíz modificado para la alimentación de la población.

El tema ha ido cobrando relevancia porque la fecha de aplicación se acerca. El decreto tiene un gran problema. No especifica qué sucedería con las importaciones de maíz transgénico que no son destinadas al consumo humano. La ambigüedad abre la puerta a diversas interpretaciones y, por lo tanto, a varios conflictos.

En México importamos maíz amarillo para forraje en el sector pecuario, como alimento de ganado, importante sector exportador. En maíz blanco —el que usamos para tortillas y consumo humano— México es autosuficiente, se demanda menos de lo que se produce, pero no es el caso del maíz amarillo. El decreto suponía que entre 2020 y la entrada en vigor del mismo, México iría produciendo más maíz amarillo y no tendría necesidad de importarlo. Grave error en el planteamiento. Eso simplemente no ha sucedido.

La producción local de maíz amarillo se ha mantenido prácticamente igual como porcentaje de la oferta total del grano en los últimos 10 años. En el ciclo agrícola más reciente la oferta de maíz amarillo fue de un poco más de 22 millones de toneladas. La producción local fue cercana a los 3.18 millones y las importaciones estuvieron arriba de los 16.67 millones. Es decir, 75% de la oferta total de maíz amarillo se importa principalmente de Estados Unidos, y esa proporción solo ha aumentado desde que se publicó el decreto. No hay producción doméstica que pueda sustituir las importaciones de este grano.

La gran mayoría del maíz amarillo, 80%, se dirige al sector pecuario donde se utiliza como forraje. Pero 15%, porcentaje no menor, se usa en la industria almidonera para la producción de harinas y fructosa.

Con estos datos, las implicaciones de la medida ya deberían de ser evidentes. Si México impide la importación de estos insumos para el sector pecuario, inmediatamente se daña la capacidad para producir carne de res, de puerco, de pollo, huevos, leche. El decreto tiene un potencial destructivo de la industria nacional que no hemos ponderado en su justa dimensión.

Desde el año pasado el presidente López Obrador se muestra preocupado —y con razón— por el incremento de precios en los alimentos. Si este decreto se implementara como está planeado a partir del año que entra, los precios reaccionarían inmediatamente a una brutal escasez de productos pecuarios. No hay bien más caro que el que no se tiene.

El decreto afectaría a la producción nacional que no únicamente permanece en México para consumo local, sino que también se exporta. Solo un dato para ilustrar el tema: más de un tercio de la carne de res que Estados Unidos importa proviene de México.

Con lo establecido en el decreto se dañaría gravemente el sector agropecuario del país, se encarecerían los alimentos y se frenarían inversiones en un sector que se ha desarrollado fuertemente en los últimos años, incluidos los años de la pandemia. Pero además, ya abrió la puerta a otro conflicto comercial.

En las conversaciones que se han dado sobre el tema con sus socios comerciales, México ha señalado que la prohibición solo se refiere al maíz para consumo humano y que se está dispuesto a postergar la decisión hasta 2025. Estados Unidos ya dejó claro que no está de acuerdo con esa postura y están dispuestos a escalar el tema. Tom Vilsack, secretario de agricultura de Estados Unidos y la oficina del representante comercial, la USTR, consideran que las medidas a las que se compromete México no son suficientes.

La justificación de México en el decreto menciona “algunas investigaciones” que sugieren posibles riesgos ante el uso de glifosato, sin argumentos sólidos. Estados Unidos alega que México está tomando una decisión que no está basada en argumentos científicos, como el TMEC establece que se deben tomar este tipo de decisiones. Sí se menciona, en contraste, la soberanía alimentaria y la autosuficiencia, que en nada tienen que ver con riesgos sanitarios señalados en el capítulo 9 del acuerdo comercial.

Varias organizaciones agrícolas de Estados Unidos y algunos congresistas han solicitado que se inicie a la brevedad un proceso de solución de controversias sobre el tema, empezando con una etapa de consultas que podrían derivar en la conformación de un panel y la potencial imposición de sanciones comerciales.

Se habla mucho del potencial del near shoring para México, la posibilidad que tiene de cambiar la cara del país y de aumentar el crecimiento y el empleo para los mexicanos. Sin embargo, al mismo tiempo se cambian las leyes y se emiten decretos que dañan la capacidad productiva del país y nos ponen en serios conflictos comerciales.

¿Cómo se verá el país sin una industria agropecuaria sólida? ¿Cómo vivirán los mexicanos al tener significativamente menos acceso a carne, leche y huevos? ¿Cómo será esa soberanía alimentaria?

P.S. Agradezco a Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior del IMCO, su apoyo para esta columna.