Los diez días que han dejado en el alambre al Gobierno de Guerrero

Guerrero se sume en una crisis política de tamaño y final inciertos, tras el último episodio de violencia contra integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que dejó a un estudiante muerto a balazos, hace justo diez días, en Chilpancingo, la capital. El presunto asesinato de Yanqui Kothan Gómez, de 23 años, a manos de policías estatales, ilustra la crisis de seguridad en la entidad, no solo por los asesinatos y la extorsión, al alza...

Guerrero se sume en una crisis política de tamaño y final inciertos, tras el último episodio de violencia contra integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que dejó a un estudiante muerto a balazos, hace justo diez días, en Chilpancingo, la capital. El presunto asesinato de Yanqui Kothan Gómez, de 23 años, a manos de policías estatales, ilustra la crisis de seguridad en la entidad, no solo por los asesinatos y la extorsión, al alza desde hace meses, sino por la evidente incapacidad de las autoridades, sobrepasadas o negligentes, como mínimo, visto el caso del normalista.

La gobernadora Evelyn Salgado, de Morena, ha tratado de contener las críticas, afiladas y constantes, lanzadas desde cada costado del tablero político. El grupo del PAN en el Senado pidió incluso esta semana que se iniciaran los trámites para desaparecer los poderes de Guerrero, medida extrema, que motivó una pequeña trifulca en la cámara, zanjada por los parlamentarios de Morena, al grito de “carroñeros”. Aunque los rifirrafes en los congresos de México ocurren de vez en cuando, la cercanía de las elecciones de junio abonan el terreno para su proliferación.

Salgado se ha defendido y ha dejado caer a dos alfiles. La mandataria ha aceptado las renuncias esta semana del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y del secretario de Seguridad, Rolando Solano, que apenas llevaba un mes y medio en el cargo. Agarrada a la boya flotadora de Palacio Nacional, uno de sus pocos apoyos, Salgado trata ahora de cesar a la fiscal estatal, Sandra Luz Valdovinos, una forma, entiende, de cauterizar la herida.

El problema aquí para Salgado es que Valdovinos, militar de carrera, goza de cierta autonomía del Ejecutivo y puede tratar de defenderse. La fiscal anunció esta semana que pediría audiencia al Congreso local para explicar la actuación de la dependencia en el caso de Yanqui Kothan. El parlamento local tiene la última palabra sobre el cargo de la funcionaria. Si dos terceras partes de los diputados rechazan la propuesta de Salgado, la fiscal conservaría su puesto.

Parece poco probable que esto ocurra, porque Morena controla buena parte de los curules del Congreso. Este viernes, la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, Citlali Calixto Jiménez, decía además que Valdovinos aún no había pedido audiencia a la Cámara. Mientras tanto, el Gobierno local da por hecho su salida y ha nombrado a un encargado de despacho. Se trata de Gabriel Alejandro Fernández, vicefiscal de Investigación. Pese a ello, Valdovinos, que hace un mes protagonizó un extraño evento, cuando pidió una licencia para dejar el cargo medio año, petición que luego retiró, no da su brazo a torcer.

Las dimisiones, renuncias y negociaciones de estos días distraen del problema de fondo, el asesinato del muchacho, que ocurre además en medio de las tensiones entre el colectivo de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hace 10 años, y el Gobierno federal, que comanda Andrés Manuel López Obrador. Desde el inicio de la campaña electoral, a principios de mes, parte del colectivo ha elevado el tono contra el Gobierno. Las familias de los 43 consideran que el Ejecutivo protege al Ejército, que, según las investigaciones, oculta información sobre el grupo que atacó a los normalistas en 2014. La Secretaría de la Defensa tenía intervenidos los teléfonos de los perpetradores.

El caso de Yanqui Kothan actualiza aquella tragedia. A su muerte, la Secretaría de Seguridad de Guerrero informó de que los policías habían respondido a una agresión a balazos. Tras ese presunto enfrentamiento, los policías, dijo la dependencia, encontraron cartuchos y bolsitas con droga en el vehículo en que viajaban el muchacho y otros dos compañeros. Pero el propio López Obrador ha informado estos días que los jóvenes no dispararon. La madre del joven muerto aseguró además que los estudios de necropsia negaban que Yanqui hubiera tomado drogas.

El esperpento no acababa ahí. Según las autoridades iban informando del caso y la teoría del enfrentamiento empezaba a deshacerse, la mirada de la sociedad se volvía hacia los policías agresores, tres en total. Esta semana, López Obrador informaba de que uno de los tres había logrado escapar. Enfadados, compañeros de Yanqui Kothán la tomaron contra la Fiscalía de Guerrero, a la que le quemaron varios vehículos, contra la Guardia Nacional y, en general, contra todo lo que oliese a autoridad.

La Fiscalía de Guerrero divulgó un comunicado informando de que los policías no estaban en custodia de la dependencia, tirando la pelota al tejado de la Secretaría de Seguridad. La Fiscalía, que ha sufrido los embates del crimen estos años, con ataques contra sus instalaciones, e incluso el asesinato de un fiscal regional en la zona de Tierra Caliente, trataba de borrarse de la foto. Pero el tamaño del escándalo amplió el foco y tocó también a la puerta de Valdovinos. Esta semana que viene, el Congreso decidirá sobre su futuro.

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