Los políticos en México encuentran una vía legal para desaparecer sus videos incómodos de las redes sociales
Las reformas a Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal, confirmadas por la Suprema Corte esta semana, permiten a polémicos personajes reclamar los derechos de autor de sus controvertidas imágenes
Visiblemente exaltado y gritando, el líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González, fue captado en un video por la periodista y conductora de TV Azteca, Carolina Rocha, la noche del 2 de julio en el cuarto de guerra de Claudia Sheinbaum. “Pinche alumno, salió muy verga. ¡Soy una verga, no mames!”, se le observa vociferar al político conocido como Niño Verde, mientras habla por teléfono, y donde Rocha explicaba que el líder estaba exultante por los resultados favorables a su partido sin la ayuda de Morena.
El video, publicado en X (antes Twitter) la misma noche de las elecciones y que contenía una marca de agua del programa que conduce Rocha, en pocas horas superó el millón de visualizaciones, fue compartido miles de veces y retomado por otros medios de comunicación. Sin embargo, la red social retiró el material este jueves en respuesta a una denuncia del propietario de los derechos de autor, de acuerdo con lo que se ve en el propio mensaje y como lo explica la propia periodista.
Badabun, la firma de contenidos digitales que ha asesorado a varios políticos, es quien está detrás de este acto legal, según ha explicado Rocha en sus redes sociales. “El Niño Verde, Jorge Emilio González y Badabun, una empresa que se dedica a robar y bajar contenido, eliminó de mi cuenta el vídeo que grabé desde mi móvil y viéndolo a los ojos”, mencionó la conductora de televisión, explicando que la propiedad del material es suya, ya que lo produjo con su propio teléfono celular y le pertenece a ella.
Aunque se trata de un aparente acto de censura por parte de Badabun a favor del político del Verde, es un acto completamente legal y que ha sido avalado desde el pasado 30 de mayo, dos días antes de las elecciones, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese día, el pleno del Supremo resolvió validar, por seis votos contra cinco, la constitucionalidad del mecanismo de aviso y retirada, que obliga a los proveedores de servicios de Internet a retirar cualquier contenido o publicación que haya sido acusada de violar los derechos de autor, sin necesidad de que la persona denunciante tenga que presentar prueba alguna de la infracción y sin que una autoridad administrativa o judicial lo ordene.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explica en entrevista que las reformas a Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) y el Código Penal Federal tienen un antecedente en 2020, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que en su capítulo sobre propiedad intelectual establece algunas obligaciones para México de legislar en varias materias. “En el momento en el que el proveedor de servicios en línea (como Twitter o YouTube) está obligado a bajar un contenido porque alguien le dijo que viola derechos de autor, aunque nadie haya comprobado si en verdad hay una violación, lo bajan sin hacer preguntas”, detalla vía telefónica.
Mientras que la ley contempla un mecanismo de contra-aviso donde el afectado puede solicitar la restitución del contenido a las plataformas, éste no genera la restauración automática del contenido, sino que deben transcurrir al menos 15 días hábiles. “Aún cuando los contenidos sean regresados después de la presentación de un contra-aviso, el daño a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva, ya está hecho”, menciona García.
Aunque es el caso más reciente y aparentemente uno de los primeros que se conocen luego de que la Corte validara estas reformas, existen otros casos donde las plataformas bajan videos y otros contenidos luego de que los denunciantes argumentaran una violación a los derechos de autor. En febrero, Badabun consiguió que se eliminaran de varias redes un video donde se mostraba al entonces candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, y al gobernador de Nuevo León, Samuel García, burlándose del INE y varios políticos mientras bebían cervezas en un estadio.
Sin embargo, el argumento de violar los derechos de autor puede tratarse de un sofisma. “Esa historia [la de Álvarez Máynez y García] la subió el candidato en cuestión, pero lo que yo grabé, no fue algo que subiera directamente Jorge Emilio González, fue algo que yo grabé, atestigüé como periodista y que por ende quiero poder reproducir y que no nos vamos a dejar”, mencionó Carolina Rocha tras el retiro de su contenido.
La posibilidad de seguir bajando contenidos de internet, sin importar si son videos, textos o fotografías de las redes sociales o de medios de comunicación, aún es posible gracias al fallo de la Suprema Corte. El director de R3D cita el caso de la firma española Eliminalia, que tiene a este mecanismo entre sus técnicas para salvaguardar la reputación de sus clientes, que también se encuentran en México. “Hay pocos incentivos para defender un contenido que legítimamente que esté siendo bajado de manera indebida, pero es importante tener conciencia para empezar a exigir a las autoridades que hay efectos en la libertad de expresión en las decisiones que toman”, concluye García.
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