El Gobierno mexicano calcula que los embarazos adolescentes aumentarán un 12% por el confinamiento

México es el país con las tasas más altas de embarazos adolescentes, alrededor de 73 de cada 1.000 partos corresponden a madres de 15 a 19 años. Y aún más jóvenes. El Gobierno enfrenta este problema desde 2015 con un programa nacional que se está viendo en graves apuros por culpa del confinamiento decretado contra la covid-19. Las últimas estimaciones del Ejecutivo indican que entre 2020 y 2021 el número total de ...

México es el país con las tasas más altas de embarazos adolescentes, alrededor de 73 de cada 1.000 partos corresponden a madres de 15 a 19 años. Y aún más jóvenes. El Gobierno enfrenta este problema desde 2015 con un programa nacional que se está viendo en graves apuros por culpa del confinamiento decretado contra la covid-19. Las últimas estimaciones del Ejecutivo indican que entre 2020 y 2021 el número total de embarazos adolescentes sumarán los 191.948, cerca de 22.000 más de los esperados, lo que supone un aumento del 12% respecto a 2019. Los cálculos del Consejo Nacional de Población (Conapo) se han efectuado teniendo en cuenta las dificultades observadas para el acceso a los servicios de anticoncepción durante la pandemia. Aunque permanecen abiertos, según el Gobierno, el escenario que manejan es que su consulta se ha reducido un 20% por miedo a los contagios, lo que traducen en ese incremento de embarazos no deseados. Si a ello se añaden las dificultades reales para acceder a un aborto en muchos Estados del país, el panorama no se presenta halagüeño.

La edad de la primera relación sexual en México es baja en muchas zonas, normalmente rurales o deprimidas, y la información sobre salud sexual y reproductiva escasa, a lo que hay que añadir el drama que hay detrás de muchos de estos embarazos: el 10% de ellos son fruto de la violencia sexual, en su inmensa mayoría (80%) atribuida a familiares, vecinos o conocidos de la víctima. Como es lógico, un encierro en casa puede frenar los contagios, pero en nada ayuda a detener los delitos sexuales. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, es consciente de este problema. “El confinamiento aumenta la violencia sexual, familiar, eso está ahí”, dice. También le preocupa el acceso de estas adolescentes a la información sobre salud sexual y reproductiva, algo en lo que participan las escuelas que ahora están cerradas, aunque parte de estos materiales, dice, se han promocionado de forma virtual.

En la Organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), que desarrollan todo un trabajo para prevenir estos asuntos, son conscientes de que “con el confinamiento muchas chicas encontrarán complicaciones porque la violencia está a la orden del día”, dice Minerva Santamaría, miembro en el Estado de México de esta organización. “Conocemos la preocupación del Gobierno mexicano y los esfuerzos que están haciendo para erradicar esto”, añade. Saben también la dificultad de estas muchachas para tomar decisiones sobre su embarazo, que, en ocasiones, les aboca a abortos tardíos o a partos no deseados. El hacinamiento en numerosas colonias y en las comunidades indígenas es un factor de riesgo para las adolescentes, que en ocasiones comparten dormitorio con el hermano, el abuelo y otros familiares. “En estos contextos, muchas chicas van a tener problemas” añade Santamaría.

Con las escuelas cerradas, el asunto se agudiza. “La ausencia de vida escolar por la pandemia y la crisis económica propicia uniones informales y embarazos tempranos”, dice Mariana Pría, coordinadora de Incidencia Política en Save the Children. “Las mujeres todavía se ven como propiedad de alguien que dirige sus destinos y controla sus acciones y deseos. También las niñas crecen pensando que no serán mujeres completas sin la unión con un hombre y la maternidad. Todo ello lo propicia el abandono de los estudios. Aunque el matrimonio infantil está prohibido, no impide que se unan informalmente”, añade. Y el confinamiento abunda en todo ello.

La respuesta de emergencia para la pandemia está desviando recursos sanitarios, según algunas de las expertas consultadas, lo que puede ocasionar, a su vez, un incremento de la mortalidad materna, habida cuenta de que estos partos son la segunda causa de muerte entre las adolescentes, por no hablar de los riesgos para el feto o el bebé. En circunstancias desesperadas se recurre a abortos de riesgo, que también ponen en peligro la vida de la gestante. “Es verdad que en México hay un programa para la prevención de estos embarazos, pero no hay acciones prioritarias. Todo esto nos va a retrasar en el propósito de frenar este problema”, advierte Verónica Esparza, investigadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire). “Se necesita una educación sexual integral, laica y científica para que las más jóvenes comprendan las implicaciones de un embarazo temprano”, añade. El 98% de las adolescentes conocen métodos anticonceptivos, pero solo un 21% dice haberlos usado y un 13,45% desconoce cómo se usan.

El Gobierno se pronuncia sobre este problema a menudo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha señalado en ocasiones que las embarazadas menores de 15 años hay que considerarlas víctimas de violencia sexual. A todas ellas. O violencia social, porque en algunas comunidades indígenas, se entiende que si a los 19 no te has casado ya nunca lo harás, por eso las niñas son madres muy pronto, vendidas, en ocasiones, para matrimonios concertados. En el Estado de México hubo en 2019 más de 500 embarazos de niñas menores de 15 años, según datos de Save the Children. La directora de Inmujeres, afirma que han redoblado los esfuerzos, derivando fondos que se destinaban a organizaciones civiles. “Más de 80 millones de pesos (4 millones de dólares) se han dedicado a la implementación de la estrategia nacional para la prevención de estos embarazos”, afirma Gasman, quien reconoce que “hay que fortalecer la educación en sexualidad para los jóvenes”.

La incidencia desigual por territorios. En Oaxaca trabaja Valentina Jazo, de Católicas por el Derecho a Decidir, y ella ha visto alguno de esos casos que no se olvidan. “Tuvimos una niña de 10 años, que nunca pudimos determinar si fue violada por el padre o en la calle, pero la mamá notó que le crecía el vientre y que no tenía la menstruación. Cuando llegó a nosotras estaba casi de 20 semanas. Solo decía que algo le había pasado, pero que no le vio la cara. La niña acabó abortando en Ciudad de México”, explica. El aborto es legal en México cuando es fruto de violación, pero no siempre están regulados los periodos de gestación y algunas encuentran las puertas de las clínicas cerradas por esa razón.

En el año de la pandemia, algunas colegas parteras de Hannah Borboleta “han visto un incremento de solicitudes”, dice esta mujer, de la casa de partería Morada Violeta. Y critica la “caída de las consultas prenatales, se han desviado recursos para la covid”. En otra organización similar, Luna Maya, trabaja Magali Fabila como partera, en Chiapas. Habla del trato que reciben las indígenas en los hospitales, donde no se habla su idioma y donde “se las violenta y lastima, nadie les explica nada”. Normalmente recurren a parteras de su comunidad. “No suelen expresar sus sentimientos, lo que quieren, lo que necesitan. Están acostumbradas a no tener ni voz ni voto”, dice Fabila. Así, calladita, estaba aquella chica de 17 años que atendió en una casa humilde a las afueras de San Cristóbal de las Casas, la capital chiapaneca. El parto fue bien, pero el embarazo no era buscado.

México enfrenta complicadas estadísticas de salud sexual y reproductiva que la pandemia está recrudeciendo. Como las cerezas, los embarazos adolescentes arrastrarán con ellos el abandono escolar en una espiral indeseable donde no se encuentra el cabo del que tirar para desenredar la madeja.

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