Asalto en Michigan

La irrupción de un grupo de manifestantes, algunos de ellos portando armas, en el Capitolio del Estado de Michigan mientras los congresistas debatían sobre la extensión de la declaración de emergencia para frenar la expansión del coronavirus es una buena muestra de la profunda brecha política y social existente en Estados Unidos que ha sido alentada irresponsablemente desde la misma Casa Blanca.

Los congresistas de Michigan discutían sobre la propuesta de la gobernadora, Gretchen Whitmer, para prolongar el estado de alarma en el tercer Estado del país con mayor número de muertes por cor...

La irrupción de un grupo de manifestantes, algunos de ellos portando armas, en el Capitolio del Estado de Michigan mientras los congresistas debatían sobre la extensión de la declaración de emergencia para frenar la expansión del coronavirus es una buena muestra de la profunda brecha política y social existente en Estados Unidos que ha sido alentada irresponsablemente desde la misma Casa Blanca.

Los congresistas de Michigan discutían sobre la propuesta de la gobernadora, Gretchen Whitmer, para prolongar el estado de alarma en el tercer Estado del país con mayor número de muertes por coronavirus, cuando se produjo una escena hasta ahora inconcebible en la democracia más poderosa del mundo. Decenas de manifestantes que se oponían a la medida irrumpieron en el edificio y la policía tuvo que retirarse hasta los accesos del hemiciclo y apostarse allí para impedir que la sesión fuera interrumpida. Mientras los legisladores debatían, varias personas circulaban por la tribuna de invitados portando rifles y subfusiles de uso militar. En Michigan es legal portar y exhibir armas en el interior del Capitolio. La senadora demócrata Dayna Polehaki aseguró que algunos de sus colegas en la Cámara acudieron a la sesión con chalecos antibalas. La mayoría republicana rechazó la ampliación que fue finalmente aprobada por la gobernadora demócrata mediante una orden ejecutiva.

Resulta imposible pasar por alto que los manifestantes exhibían carteles e insignias de apoyo al presidente Donald Trump, quien a mediados de abril animó a sus partidarios en varios Estados gobernados por demócratas —entre ellos Michigan— a lanzarse a las calles para desafiar el confinamiento ordenado por sus respectivos gobernadores. Una inaudita llamada a socavar el orden institucional porque fue realizada por el propio jefe del Estado, quien parece no entender tanto su responsabilidad en el cargo como el impacto que tienen las palabras que pronuncia desde el atril presidencial. Como muestra, basta la alarma desatada entre las autoridades médicas después de que Trump sugiriera que las inyecciones con desinfectante eran eficaces contra la covid-19. Más de cien personas tuvieron que ser ingresadas tras esta afirmación. Trump aseguró después que era un sarcasmo.

Tanto el confinamiento como la desescalada son objeto de discusión en todas las democracias que están sufriendo la pandemia, pero lo que está haciendo el actual inquilino de la Casa Blanca —que aspira a la reelección presidencial en noviembre— va mucho más allá que la polémica más enconada producida en cualquier otro lugar. Porque Trump ha demostrado que su estrategia de voladura sistemática del entramado institucional no solo afecta a las relaciones internacionales, sino al mismo funcionamiento de EE UU y de su democracia.