Valiente imputación

Hoy, cuando Colombia asiste a la primera imputación de los máximos responsables del secretariado de las FARC por el delito de lesa humanidad del secuestro, realizado por el Tribunal de Justicia Transicional, JEP, creado en el proceso de paz con las Farc, muchas son las reflexiones que tengo.

Lo que el país está leyendo aterrado en un valiente documento de 322 páginas, lo vi hace 20 años gracias al periodista Jorge Enrique Botero y su revelación de las llamadas jaulas de la infamia en la que las FARC encerraron por años a sus secuestrados. Yo los vi defecando y comiendo en el mismo sitio...

Hoy, cuando Colombia asiste a la primera imputación de los máximos responsables del secretariado de las FARC por el delito de lesa humanidad del secuestro, realizado por el Tribunal de Justicia Transicional, JEP, creado en el proceso de paz con las Farc, muchas son las reflexiones que tengo.

Lo que el país está leyendo aterrado en un valiente documento de 322 páginas, lo vi hace 20 años gracias al periodista Jorge Enrique Botero y su revelación de las llamadas jaulas de la infamia en la que las FARC encerraron por años a sus secuestrados. Yo los vi defecando y comiendo en el mismo sitio, en sus cárceles de palos y encadenados, satisfacer su natural sexualidad como animales, para después morir y ser su cadáver vendido, si no tenían la suerte de ser canjeados por plata.

Todavía no entiendo cómo el país que los vio por televisión arrodillados dentro de esas jaulas pudo seguir siendo el mismo. Sin que el Estado hiciera nada por décadas. Yo no pude volver a ser la misma. Y mis comprensiones desde entonces fueron otras. La JEP, tan criticada por los áulicos de la derecha extrema, lo describe ahora para hacer justicia y ahí radica su valor.

Colombia inaugura un escenario de justicia experimental muy criticado por quienes creen aún que todo es su discurso electorero. La JEP ha imputado los peores crímenes de lesa humanidad a esa entonces guerrilla y al tiempo construye el verdadero relato de nuestra historia en un fundamental ejercicio de restaurar a las víctimas a través de la verdad, una verdad que espero se dé con el mismo detalle en otras páginas para narrar los vejámenes de militares que deshonraron el uniforme para cobrar y recibir medallas por asesinar a sangre fría a tantos jóvenes para complacer al patrón de la tierra de turno. Quiero ver la reacción de Colombia cuando la imputación sea contra ellos o contra los terceros civiles que los financiaron.

Ahora viene un desafío mayor. Ver si los imputados aceptan los cargos y entonces espero que la JEP les quite la participación en política a los que la tienen, al menos mientras cumplen con la pena de resarcir a las víctimas con la verdad, con el trabajo que les impongan: sustituyendo por ejemplo los cultivos con los que alimentaron la guerra a punta de traficar droga en nombre de la justicia. Que paguen sin barrotes, con trabajo y también con un costo que me parece mayor: la vergüenza.

Ojalá el debate por la presidencia del 2022 en Colombia, cuando empieza el año electoral, se diera con un ejercicio de verdad y transparencia como el que ha quedado planteado en esta imputación de la JEP al exsecretariado de las FARC. Pero para todos. Espero ansiosa el informe del padre Francisco de Roux a la cabeza de la Comisión de la verdad. Y ojalá que duela, para que pueda sanar.

Esto, señor presidente, no es prevención y acción en medio de una pandemia. Esto a lo que asistimos es de fondo para cambiar. Para que quienes queden vivos puedan contribuir a construir un país sin la repetición de las peores prácticas de la guerra. Hoy espero que ya haya visto lo suficiente para entenderlo. Aun necesitamos muchos más procesos de paz, completos o incompletos, experimentales o no, para reconstruir el tejido social de una Colombia que está atravesada por dolores demasiado profundos e impunidades inaceptables.

El exitoso proceso de paz con el M-19 escogió el indulto para sus miembros, quienes en buena hora honraron su compromiso con la paz, haciéndonos ver 30 años después que valió la pena. El de las FARC transita por el camino de develar lo que se ha querido ocultar porque pondría en la picota pública a todos por igual, delincuentes en el monte y en las ciudades, con investiduras y sin ellas. Ahora solo resta demostrar que somos capaces de aceptar la degradación que permitimos y resarcir.

El informe de la JEP me hizo recordar, y recuperar para mi ejercicio el único principio que lo rige. No importa de donde venga el victimario, sus pecados deben hacerse públicos. Por ahora espero que la pena sea la pena misma de ver su comportamiento desnudado sin justificaciones retóricas. Sin más posibilidades que pedir perdón a los otros, porque difícilmente un ser humano puede perdonarse acciones como las que están relatadas en el documento de la JEP.