Policía. Episodio 2

Las fuerzas de seguridad y de defensa españolas son de las más eficaces y eficientes de nuestro entorno, pero también de las más proclives a comportamientos ilícitos. Nuestros policías parecen sacados de la familia Skywalker: todopoderosos para hacer el bien, como Luke, pero tentados a veces por el lado oscuro, como Darth Vader. Aunque la culpa no es de los poderes sobrenaturales, sino de los incentivos institucionales. Tanto Interior como Defensa carecen de los mecanismos adecuados para detectar y denunciar actuacione...

Las fuerzas de seguridad y de defensa españolas son de las más eficaces y eficientes de nuestro entorno, pero también de las más proclives a comportamientos ilícitos. Nuestros policías parecen sacados de la familia Skywalker: todopoderosos para hacer el bien, como Luke, pero tentados a veces por el lado oscuro, como Darth Vader. Aunque la culpa no es de los poderes sobrenaturales, sino de los incentivos institucionales. Tanto Interior como Defensa carecen de los mecanismos adecuados para detectar y denunciar actuaciones inapropiadas.

Si una agente de las fuerzas de seguridad observa que sus superiores están montando un grupo policial para encubrir las pruebas que otro grupo policial, bajo las directrices de un juez instructor, ha recolectado sobre un caso de corrupción que afecta al partido del Gobierno, ¿qué posibilidades hay de que lo denuncie si cree que no se preservará su anonimato y puede sufrir represalias? Si un oficial del ejército sospecha que un general está recibiendo pagos de constructores a los que se les han adjudicado contratos públicos, ¿qué interés tiene en dar la voz de alarma si entiende que quien va a acabar en el banquillo de los acusados es él?

España ha desoído tradicionalmente las recomendaciones de organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), que nos han insistido en desarrollar, en la Policía y la Guardia Civil, una estrategia de prevención de la corrupción proactiva y no sólo reactiva. Por eso, teníamos muchas expectativas en la aprobación de la ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Soñábamos con un país normal en el que los denunciantes de la corrupción no tuvieran que refugiarse en Costa Rica o sufrir el maltrato y las sanciones de sus superiores, como solía ocurrir.

Pero la nueva regulación deja sin protección efectiva a los informantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Las razones? Las excusas de siempre: el deber de confidencialidad, el secreto de Estado. Y el resultado es que un manto de opacidad seguirá cubriendo los detalles de muchas actuaciones y contratos públicos.

Seguirán surgiendo denunciantes esporádicos en la policía y el ejército, porque hay muchos héroes y heroínas. Pero su vida será una pesadilla, porque se ha decidido que lo prioritario no es su amparo, sino el de sus superiores. @VictorLapuente