La familia ya no es una bandera de derechas

Es casi hermoso que el proyecto de ley sobre política familiar más extenso, detallado y proteccionista del que se tiene memoria en España haya salido de los representantes de una tradición ideológica que consideraba la familia como una institución opresiva y execrable. No han sido los patriarcas que reparten puros en los bautizos, ni los obispos, ni los numerarios del Opus, ni las jóvenes neocatecumenales que gritan a las puer...

Es casi hermoso que el proyecto de ley sobre política familiar más extenso, detallado y proteccionista del que se tiene memoria en España haya salido de los representantes de una tradición ideológica que consideraba la familia como una institución opresiva y execrable. No han sido los patriarcas que reparten puros en los bautizos, ni los obispos, ni los numerarios del Opus, ni las jóvenes neocatecumenales que gritan a las puertas de las clínicas abortistas. Ha sido Ione Belarra misma, desde su posición ministerial y de líder actuante de Unidas Podemos (el líder ejerciente lo hace desde un podcast, como se esfuerza en hacernos notar a diario), quien llevó la semana pasada al Congreso el Proyecto de Ley 121, de Protección a las Familias. Es un texto extensísimo de 70 páginas que contiene 67 artículos y 31 disposiciones y que, en vez de abolir la familia —como soñaban los fundadores del socialismo en el siglo XIX—, viene a extenderla por doquier. ¿Qué es familia?, se pregunta la ley en su título primero. Y la propia norma responde a los futuros legislados: familia eres tú.

La futura ley no es solo una muestra de madurez reformista y un avance indiscutible de los derechos sociales, sino la constatación de que la familia ya no puede ser bandera de cursis y repeinados. La izquierda a la izquierda escenifica la parábola del hijo pródigo y, al vindicar una familia pluralista y abierta, les roba el monopolio a Alberto Closas y Amparo Soler Leal. Yo lo celebro, como celebro cualquier mejora que facilite la vida de la gente con hijos, pero después de leer el proyecto, tengo algunas dudas, pues deja la conciliación en manos del Estado, sin implicar apenas a las empresas.

Si el texto se aprueba como está, el “trato desfavorable” a los padres que ejercen sus derechos de conciliación se considerará “discriminación por razón de sexo”. Presionar a una madre por organizarse la jornada para llegar al cole será una discriminación, aunque está por ver cómo se castigarán esas opresiones tan sutiles y cotidianas como difíciles de demostrar, que amargan la vida de tantas mujeres hasta llevarlas al límite. No creo que esta ley pueda proteger a las madres del mordisco procaz de sus jefes, de la insidia de la máquina de café ni de la violencia sorda que busca hacerlas sentir culpables. El Estado nunca está presente cuando un empleador comenta con sorna: “Vaya, otro día que te vas 10 minutos antes”. A cambio, a esa madre le harán nuevos descuentos en Port Aventura. No sé si compensa.