La fronda judicial

¿Son los asuntos judiciales con fuerte impacto político meros casos aislados? Lo son resoluciones recientes, como la condena a 10 años de cárcel al exministro popular Eduardo Zaplana por la Audiencia valenciana o ...

¿Son los asuntos judiciales con fuerte impacto político meros casos aislados? Lo son resoluciones recientes, como la condena a 10 años de cárcel al exministro popular Eduardo Zaplana por la Audiencia valenciana o el encausamiento del exministro socialista José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo. Esas se entienden por las pruebas acumuladas o los sólidos indicios, sin apelar a ningún clima, presión externa o interés corporativo.

Pero hay causas inquietantes, como algunas de las centradas en el entorno personal del inquilino de La Moncloa, Pedro Sánchez, o en instituciones del Estado como la Fiscalía General. Estas parecen sintonizar con un triple mensaje político: digamos que ilumina, o que anticipa. “El que pueda hacer, que haga”, invitó el ex José María Aznar (2/11/2023). “P’alante”, enhebró vez tras vez el dispensador de bulos, autodesignado portavoz de anuncios que corresponderían a los togados, Miguel Ángel Rodríguez. “Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial”, remachó Alberto Núñez Feijóo (16/10/2024).

A los cuatro días del mensaje de Aznar, el caduco Consejo General del Poder Judicial atacó la proposición de amnistía. Vulnerando lo que predicaba, la separación de poderes en una democracia, desafió al Legislativo.

Enseguida proliferaron, ante sedes judiciales, manifestaciones de protesta contra el mismo texto protagonizadas por centenares de togados. Exhibición de conducta ultra vires: que desbordaba la ley, pues violaba su obligatoria independencia, mellaba al poder que decían defender y posibilitaba recusaciones.

La ocasión del malestar fue la malhadada redacción de un acuerdo entre el PSOE y Junts que normalizaba el concepto de lawfare, guerra judicial de motivación política. Pero no ocultó que la protesta viniese a consagrar esa presunción. El remate llegó este julio desde el Tribunal Supremo, primero negando la aplicación a ciertos beneficiarios de la —ya— ley de amnistía, y luego reputando que esta “repugna al derecho constitucional”, un insólito alegato político de los mismos magistrados que sentenciaron a los amnistiables.

El acoso de la cúpula del poder judicial al Legislativo, al Estado (en su conjunto), se interpretó en la primavera como estímulo de facto desde distintas asociaciones mafiosas y ultras para asediar al Gobierno (solo una parte del todo). Tramitaron sus querellas subordinados poco cuidadosos, incumpliendo el auto del Supremo (21/1/2015, en el recurso 20881/2014, y otros), redactado por el propio Manuel Marchena, según el que “la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación”, no sirve para abrir un procedimiento.

Sin olvidar que su propia Sala persiga al fiscal general Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos —de hecho, mero mentís de bulos—, cuando la judicatura es sujeto, activo y libérrimo, de filtraciones continuas. Las frondas históricas solían acabar en decapitaciones. Pero hasta el fin no se sabía si ajenas o propias.