Las FARC reclutaron a más de 18.000 niños como soldados en Colombia
El tribunal que juzga los crímenes durante el conflicto ha anunciado que investigará a la guerrilla, disuelta en 2016, por forzar a menores de edad a servir como combatientes a lo largo de cinco décadas
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que es el tribunal que juzga los crímenes más atroces del conflicto colombiano, ha anunciado que investigará a las FARC, la disuelta guerrilla que firmó la paz en 2016, por el reclutamiento de 18.667 menores de 18 años en sus cinco décadas de levantamiento armado, haciendo especial hincapié en los últimos 20 años. “Instrumentalizar niños y niñas en el conflicto ha arrojado dolor en la sociedad colombiana”, ha expresado el presidente del organismo, Eduardo Cifuentes, en una conferencia de prensa en Bogotá.
Por su parte, la magistrada de este tribunal, Lily Rueda, ha explicado que el llamado Caso 07, es decir, el que investiga el reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños, estudiará la situación extraída de los informes que les han entregado varios organismos y del relato de las 274 víctimas acreditadas.
La investigación priorizará los hechos de reclutamiento de menores cometidos entre el 1 de enero de 1996 y el 1 de enero de 2016, así como posibles “crímenes internacionales” relacionados con el reclutamiento como la violencia sexual, la desaparición forzada o el homicidio y tortura. “La sala determinará si estas conductas, cometidas en el marco del reclutamiento de niños y niñas, constituyen crímenes internacionales”, aclaró la magistrada Rueda.
La investigación priorizará los hechos de reclutamiento de menores, la violencia sexual, la desaparición forzada o el homicidio y tortura
La JEP, surgida del acuerdo de paz con las FARC de 2016, ha constatado hasta ahora que los y las menores reclutados “fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía e integridad sexual, tal como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo”, y tiene constancia de más de 50 ejemplos de este tipo.
Además, de las víctimas acreditadas, casi el 70% son familiares que aún buscan a los pequeños reclutados, por lo que también están afectados por la desaparición y posiblemente por el homicidio y las conductas asociadas “a las sanciones disciplinarias a las que fueron expuestos” en las filas de las FARC como torturas, tratos crueles y humillantes u otros actos inhumanos.
Casi el 70% son menores de 15 años
La magistrada señaló que las FARC “reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas de 15, 16 y 17 años como parte de su política expresa y formal de reclutamiento”, y tiene informes de, por lo menos, 9.870 víctimas de esa edad. Para los menores de 15 años tiene registros de que al menos 5.691 niños y niñas fueron presuntamente reclutados por las FARC, el 68 % del total.
Las FARC reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas de 15, 16 y 17 años como parte de su política expresa y formal de reclutamiento
La Sala de Reconocimiento de este macro caso decidió priorizar los hechos cometidos entre 1996 y 2016, puesto que son los años en los que más sucedieron y se comenzará con las actuaciones del Bloque Oriental de la extinta guerrilla. Este Bloque se ubicaba en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, donde se concentraron el 50% de los reclutamientos del país. Así, para la investigación, la JEP ha llamado a comparecer a 26 antiguos integrantes de este bloque.
El Caso 07 es uno de los siete macro casos que esta jurisdicción especial tiene abiertos y que buscan investigar grandes y graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado por las partes del conflicto. Hasta la fecha, la JEP solo ha emitido autos en dos de ellos. El primero sería el de los secuestros por parte de las FARC, donde imputó a toda la última cúpula de la guerrilla por crímenes de lesa humanidad; y el segundo, el conocido como el de falsos positivos, donde se ha acusado a hasta ahora a 25 militares por ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes para presentarlos como bajas en combate.
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