De aplicar la ley a vivir como fugitivas: la odisea de 21 fiscales afganas para llegar a España

“Si no hubiera huido de Afganistán, estaría encerrada en mi casa, sin hacer nada, en medio de una total oscuridad. Eso en el mejor de los casos. En el peor estaría muerta”. A Obaida Sharar le ha costado aceptar esta realidad. Estaba muy acostumbrada a vivir con miedo, enfrentarse a criminales y recibir amenazas diarias por su trabajo de fiscal en Kabul y en agosto de 2021, cuando los talibanes se hicieron de nuevo con el poder, pensó que podría resistir y quedarse. Lo intentó durante meses. Cambió de vivienda, salió a manifestarse con otras mujeres, se encerró frustrada y atemorizada en su casa y finalmente decidió salir de Afganistán.

Su periplo ha durado meses y ha terminado en Salamanca, donde vive desde finales de diciembre con su marido, su hijo de seis años y un hermano pequeño. Sharar forma parte de un grupo de 21 juezas y fiscales afganas que solicitaron asilo a España en la embajada de Islamabad y lograron salir en las últimas semanas gracias a un procedimiento de urgencia impulsado por las organizaciones de juristas 14Lawyers, Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL).

“Este es un caso exitoso, pero la mayoría de jueces, fiscales y abogados afganos, hombres y mujeres perseguidos por haber realizado su trabajo, siguen corriendo un altísimo riesgo en Afganistán y también en países vecinos como Pakistán e Irán”, declaró Ignacio Rodríguez, de la organización 14Lawyers, afirmando que quedan 150 fiscales en Pakistán aguardando una respuesta de las autoridades españolas y unos 3.500 abogados, fiscales y jueces que están esperando dentro y fuera de Afganistán algún tipo de protección internacional.

En 2022, la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció públicamente el peligro que sufrían los juristas afganos. Para 14Lawyers, UPF y MEDEL, los jueces, abogados y fiscales se ven expuestos a detenciones, torturas y asesinatos porque “eligieron defender la democracia y Estado de derecho y enfrentarse a la presión terrorista de los talibanes durante estos 20 años”. En el caso de estas 21 fiscales recién llegadas a España, el peligro se incrementaba por el simple hecho de ser mujeres.

Derrumbe del sistema judicial

El exilio de estas fiscales afganas ilustra “el derrumbe del sistema judicial de Afganistán” y fin de dos décadas de progreso, en palabras de Teresa Mínguez, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), donde las juristas mantuvieron un encuentro con la prensa. De pasar de aplicar la ley, han pasado a vivir casi como fugitivas.

Para Inés Herreros, presidenta de la UPF, “lo más duro es oír decir a mujeres fiscales o juezas, que han luchado toda la vida por ser quienes son, que se arrepienten de haber elegido esta profesión porque han puesto en peligro su vida y la de toda su familia”.

Obaida Sharar y su familia huyeron de Kabul con 400 dólares en el bolsillo. Aún se le corta la voz cuando recuerda que fue arrestada por los talibanes en la frontera y pensó que descubrirían en qué trabajaba y nunca lograría salir. Ya sabía que estaba embarazada de su segundo hijo y temblaba de miedo. “Pero cruzamos. Al llegar a Pakistán envié decenas de correos electrónicos a ONG, organizaciones internacionales, embajadas y finalmente la de España respondió”, describe.

No es fácil, pero al menos aquí me siento segura. Pienso siempre en las mujeres que siguen en Afganistán y les pido, por favor, que no nos dejen solas con los talibanes, por favor. No cierren los ojos

Obaida Sharar, fiscal afgana solicitante de asilo en España

La espera se prolongó durante siete meses y en Pakistán, la situación para los refugiados afganos era y es muy complicada. Con el flujo de migrantes del país vecino, los precios subieron y era difícil encontrar un techo. Los visados tenían validez de dos meses y cuando caducaban era complicado renovarlos. El mercado negro floreció y había que pagar varios cientos de euros para obtener un nuevo permiso porque residir ilegalmente en el país incrementaba los riesgos. Finalmente, el Gobierno paquistaní anunció que repatriaría a todos los afganos sin visado en vigor a partir del 31 de diciembre de 2022.

“Empezamos a recibir mensajes en nuestros teléfonos móviles diciendo que teníamos que marcharnos antes de finales de 2022 y si no seríamos deportados o iríamos a la cárcel durante tres años. Empezamos a vivir con el miedo en el cuerpo, pensando que nos iban a detener y a deportar a Afganistán. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con compañeros nuestros”, denuncia Obaida Sharar.

Niyaz Muhammad Rasikh, representante de la Asociación de fiscales afganos en el exilio, corrobora que los juristas exiliados en países como Pakistán siguen corriendo un gran peligro. “Seguimos arriesgando nuestras vidas aquí también. Nos pueden deportar en cualquier momento, lo que significaría la muerte para muchos. La comunidad internacional debe apoyarnos porque somos víctimas por apoyar la democracia y defender los derechos humanos”, dijo a los periodistas, en una videollamada desde Islamabad.

Críticas a la gestión española

Según Ignacio Rodríguez, el Gobierno español necesita “más voluntad política” y más recursos para fortalecer sus misiones diplomáticas en Pakistán e Irán con el fin de atender las peticiones de asilo de afganos. A finales de 2022, este diario se hizo eco de las quejas de refugiados que esperaban durante meses una cita en la embajada de Islamabad y recibían un mensaje diciendo que había sido anulada. “Antes de agosto de 2022, la gestión española fue ineficaz y podríamos decir que incluso arbitraria. Después de esa fecha se estableció un protocolo con reglas más claras e igualitarias y desde diciembre se están dando citas a las personas que han solicitado asilo”, admite Rodríguez.

El pasado diciembre, fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por este diario afirmaron que no se ha producido “ningún abandono” por parte de España a estos afganos que huyeron a países vecinos como Pakistán e Irán y explicaron que los expedientes eran complejos y era necesario tiempo para gestionar estas peticiones.

Seguimos arriesgando nuestras vidas aquí también. Nos pueden deportar en cualquier momento, lo que significaría la muerte para muchos

Niyaz Muhammad Rasikh, representante de la Asociación de fiscales afganos en el exilio

Según el presidente de 14Lawyers, los recursos con los que cuentan las embajadas españolas en estos países son “escasos”. “En este momento en nuestra embajada de Islamabad hay capacidad para otorgar 30 visados al mes, que es una cifra irrisoria cuando vemos las demandas. Hay que reforzar estas misiones sí o sí”, agrega.

Para Filipe Marques, de MEDEL, la llegada a España de estas fiscales debe ser para el Gobierno “solo el punto de partida de algo mayor”. “A partir de julio, España presidirá la Unión Europea (UE) y puede movilizar a los gobiernos del bloque para acoger a centenares de personas que están en peligro. España tiene esa gran responsabilidad y esa gran oportunidad”, dijo.

Las 21 fiscales recibidas por España están instaladas en diferentes ciudades y reciben asistencia de Cruz Roja. Obaida Sharar no tiene claro qué futuro le espera en España. Tiene hermanos en Alemania e Irán y vive permanentemente preocupada por sus padres, que siguen en Kabul, mientras intenta encontrar su lugar en Salamanca. “No es fácil, pero al menos aquí me siento segura. Pienso siempre en las mujeres que siguen en Afganistán y les pido, por favor, que no nos dejen solas con los talibanes. No cierren los ojos”, se despide.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.