“Las afganas no quieren ni una legitimación internacional del régimen talibán ni una nueva intervención extranjera”

Dorothy Estrada Tanck aún sabe decir en dari la frase que más usó durante su viaje a Kabul y Mazar-i-Sharif en abril y mayo pasados. “No las vamos a olvidar”. Se la repitió a decenas de afganas con las que se reunió y a las que escuchó desgranar su vida cotidiana inundada de obstáculos y restricciones. Semanas después, la experta y Richard Bennett, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un alarmante informe sobre la situación de las mujeres y niñas en el país. En él se concluye que el régimen talibán ha instaurado un apartheid de género y una persecución contra las mujeres.

Estrada Tanck, nacida en México hace 47 años y actualmente presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la discriminación de mujeres y las niñas, confía en que ese informe allane el camino para que el Estado de Afganistán y algunos dirigentes talibanes de su gobierno de facto rindan cuentas ante la Justicia. Afganistán “es una llamada de atención a la comunidad internacional” porque lo que ocurre allí puede repetirse en otros lugares, advierte la jurista, que es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Murcia, desde donde respondió por videollamada a las preguntas de este diario.

Pregunta. En su informe afirman que la situación de las mujeres en Afganistán es la peor del mundo.

Respuesta. Sin duda lo es. Nosotros tenemos una lista de indicadores que nos ayudan a valorar si los derechos de las mujeres se respetan o no. Hay países que fallan en algunos y Afganistán falla en todos. Por ejemplo, no hay otro Estado donde se prohíba la educación de las mujeres mayores de 12 años. Pero hay lugares como Irán, donde vemos que ciertas prácticas, como el uso del velo o la necesidad de que las mujeres salgan de casa acompañadas, pueden convertirse en ley. Afganistán debe ser una señal de alarma para otros países y para el resto del mundo, es una llamada de atención a la comunidad internacional, porque si esto no se para, lo que pasa en Kabul va a ocurrir en otros lugares. Es más, ya está pasando. Hay que crear herramientas jurídicas para prevenir y contrarrestar estas situaciones.

P. Cuando se entrevista a una afgana, dentro y fuera del país, su sentimiento es que el mundo las ha olvidado y ha normalizado el régimen talibán.

R. No las vamos a olvidar. Y tampoco vamos a dejar que los Estados, que son quienes toman las decisiones, las olviden. Con este informe, documentamos y damos una cierta categoría jurídica para que se activen las herramientas de mayor peso contra abusos de este tipo. Hemos puesto la voz de las mujeres en el centro y las afganas están hablando muy claro: no quieren una legitimación internacional del régimen talibán ni una nueva intervención extranjera. No desean que, con el pretexto de defender los derechos de las mujeres, se justifique un nuevo conflicto peor que la situación que ya viven. Porque son personas que han sufrido mucho. Por eso hay que encontrar la estrategia certera: poner a las mujeres en el corazón de cualquier conversación sobre Afganistán y encontrar soluciones pacíficas y en clave de derechos humanos. Será la única garantía de solución sostenible en el tiempo.

Las afganas sortean de maneras insospechadas las normas en vigor para poder seguir saliendo de casa o trabajando. Porque resistir no es solo la protesta en la calle.

P. ¿Cuesta escribir la rotunda acusación de apartheid de género en un informe de la ONU?

R. Por supuesto, hubo muchas conversaciones y comprobaciones antes de tener seguridad de poder utilizar este término. Lo que estamos viendo en Afganistán no son solo algunas normas o prácticas que discriminan a las mujeres y niñas, sino un sistema institucionalizado con reglas cada vez más opresivas que está consiguiendo eliminarlas de la vida pública y quitarles la posibilidad de ejercer cualquier derecho en cualquier ámbito, también en el privado. Lo hemos documentado con decenas de entrevistas a distancia y posteriormente hemos comprobado en el país cómo los edictos de los talibanes afectan gravemente a las afganas en su vida diaria.

P. En su informe también mencionan la persecución de género. ¿En qué se diferencia jurídicamente del apartheid de género?

R. Ambos son violaciones graves de los derechos humanos y ambos están presentes en Afganistán. La persecución de género es ya un crimen contra la humanidad porque está específicamente contemplado en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional. Es una privación de derechos fundamentales a un grupo de la población a través de métodos punitivos y restrictivos por razones de género. El apartheid también es un crimen de lesa humanidad, pero no el apartheid de género, que necesita aún desarrollarse más jurídicamente. Esta es una de nuestras recomendaciones. Porque cuando un abuso se califica de crimen contra la humanidad, los individuos concretos (por ejemplo, un ministro) pueden rendir cuentas ante la justicia.

P. Ustedes no quisieron hacer el informe a distancia, desde un sillón en Ginebra.

R. El primer paso para demostrar que no vamos a abandonar a las afganas fue viajar a Kabul. El informe estuvo a cargo de dos mandatos: el relator especial y nosotras. Es algo poco frecuente y fue muy interesante combinar la visión profunda del país que tiene el relator con nuestra perspectiva de género más global. Las mujeres quieren que su voz sea escuchada, querían contar las cosas en persona, aunque eso supusiera un riesgo para ellas. Los talibanes no pusieron ninguna traba a la libertad de movimiento de la misión, pese a que sabían cuál era nuestro trabajo y que el resultado sería crítico con ellos. Hubo momentos en que un vehículo de los talibanes tenía que abrir paso a nuestro coche de la ONU. Yo veía aquello y decía: pero ¿en qué planeta estoy? Era surrealista.

P. ¿Hubo algún testimonio que le impresionó especialmente?

R. En primer lugar, ver cómo las afganas sortean de maneras insospechadas las normas en vigor para poder seguir saliendo a la calle o trabajando. Porque resistir no es solo la protesta en la calle. Y me conmovió mucho escuchar a una chica que iba a empezar la universidad cuando los talibanes decretaron que las mujeres no podían acudir a las aulas y finalmente tuvo que quedarse en casa. Ella nos decía: “Me pongo un velo, me cubro entera, lo que sea. También puedo ir con mi hermano a clase si es necesario, pero quiero seguir estudiando”. Y yo pensaba en mis alumnas, en mi hija... La fuerza de esa chica y su valentía al hablar eran impresionantes.

Las depresiones o los intentos de suicidio de las mujeres afganas quedan totalmente invisibilizados. Son la última preocupación de la lista

P. En su informe se insiste en problemas colaterales menos conocidos derivados de esta discriminación masiva contra las mujeres: muertes en hospitales por falta de doctoras, aumento de problemas mentales, más violencia doméstica...

R. Sí. Quisimos usar el término feminicidio y esto llamó la atención de los Estados. Si las mujeres no pueden estudiar, en unos años no habrá doctoras y esto condena a las afganas a una muerte lenta por problemas de salud totalmente banales y por enfermedades prevenibles, porque no las pueden atender médicos varones. Durante nuestro viaje visitamos un hospital de ginecología dirigido por una mujer, ya que la salud es uno de los sectores donde aún se permite que haya trabajadoras femeninas. Nos contaba que si esto sigue así, pronto no habrá quien pueda atender un parto, por ejemplo. Por otra parte, los problemas mentales han aumentado, sobre todo entre las afganas, que están condenadas a quedarse en casa y sin perspectivas de futuro. Pero las depresiones o los intentos de suicidio de las mujeres quedan totalmente invisibilizados. Son la última preocupación de la lista. Es decir, en Afganistán están presentes hoy todos los ingredientes para un gran desastre.

P. En este contexto, la acusación de apartheid de género, más allá de lograr titulares llamativos en la prensa, ¿puede contribuir a algún cambio concreto en Afganistán?

R. El informe servirá para que en septiembre, en su periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decida si sigue nuestra recomendación y encarga un informe sobre el apartheid de género, para buscar vías para su prevención y erradicación, incluyendo la de proponer convertirlo en un crimen contra la humanidad. Es un camino largo, pero es una posibilidad abierta. Hoy por hoy, con los instrumentos que tenemos, también podría haber un juicio contra el Estado de Afganistán por apartheid de género, porque la marginalización extrema de las mujeres viola la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW (por sus siglas en inglés), de la que Afganistán es parte. Para ello se necesitaría que otro Estado tome la batuta y presente un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Ya hay un precedente: en 2019 Gambia presentó un caso contra Myanmar por presuntos actos genocidas contra la minoría rohinyá.

P. Entonces, jurídicamente sí pueden darse pasos.

R. Ya están pasando cosas. Por ejemplo, la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) está estudiando abrir casos de persecución de género contra personas del Gobierno de facto. Otra opción podría ser la jurisdicción universal: cuando se dan violaciones que afectan a la humanidad en general, un tribunal nacional puede activar esta posibilidad aunque los supuestos crímenes se hayan cometido en otros lugares del mundo. En España existen precedentes. La lista de posibilidades para que exista rendición de cuentas es más larga y no estamos en la situación vivida en el anterior régimen de los talibanes (1996-2001). Hay más información y una mayor movilización, dentro y fuera de Afganistán.

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