Nuevas leyes dan a los campesinos de Sierra Leona el poder de proteger sus tierras

Aminata Bangura hace equilibrios con un plátano sobre la cabeza mientras desciende con cuidado por una empinada pendiente resbaladiza. Descalza, busca suelo firme entre el fango. Alrededor hay niños jugando en el ancho río Rokel, que atraviesa Sierra Leona desde el este hasta el océano Atlántico. La mujer, con una falda amarilla y camiseta rosa descolorida, vadea el río con el agua hasta la cintura para llegar a los fértiles campos de su comunidad que se encuentran al otro lado. Una larga caminata. “A veces es arriesgado por la corriente, sobre todo cuando nuestros hijos nos ayudan”, comenta. Andar por aquí se ha convertido en una rutina diaria desde que en sus campos, justo al lado de su pueblo, se construyó una gran fábrica de bioetanol, un gas obtenido con trigo, maíz o caña de azúcar que se puede utilizar como combustible.

Una gran valla separa la planta del pueblo. “Estamos muy contentos cuando baja la marea porque podemos vadear el agua. Con la marea alta es mucho más peligroso. Además, la empresa taló los árboles grandes y, con los más pequeños que quedan, solo podemos hacer canoas estrechas e inestables”, cuenta Bangura. Ella pretende sembrar plataneros en un rincón de los campos de cacahuete y maíz de su comunidad, con la idea de generar más ingresos para ella y sus tres hijos.

La fábrica forma parte de un ambicioso proyecto bioenergético para producir etanol a partir de caña de azúcar para el mercado europeo y generar electricidad para la red eléctrica local. En 2010, la empresa de petróleo y gas Addax & Oryx Group, registrada en Malta, realizó la mayor inversión agrícola de la historia de Sierra Leona en el arrendamiento de 50.000 hectáreas de terreno durante 50 años. El Gobierno sierraleonés, que se recuperaba de una guerra civil devastadora que duró una década y terminó en 2002, buscaba grandes inversores para dinamizar su economía.

Talaron nuestros bosques, llenos de árboles frutales y palmeras. De repente, pasamos de comer tres veces al día a dos y, a veces, a una

Aminata Bangura, vecina del pueblo de Tonka (norte de Sierra Leona)

Los campesinos se quejan de que el contrato de arrendamiento de Addax, el Gobierno y los dirigentes locales los ignoró a ellos, los verdaderos propietarios y usuarios de la tierra de Tonka, un pueblo de 300 habitantes en el norte del país, a unas tres horas de coche de la capital, Freetown. Tradicionalmente, la comunidad administraba el suelo con arreglo al derecho tradicional, sin registrar oficialmente a quién pertenecía cada parcela.

En septiembre de 2022, tras años de activismo y movilización por parte de miembros de las comunidades locales y organizaciones como Red de Sierra Leona por el Derecho a la Alimentación (SiLNoRF, por sus siglas en inglés) y Namati, una entidad popular de empoderamiento jurídico, se aprobaron dos nuevas leyes del suelo que dan a las mujeres derechos sobre la propiedad de la tierra, otorgan a los campesinos la capacidad de negociar el valor de los terrenos (antes esta responsabilidad recaía en los líderes comunitarios) y de vetar proyectos. Las compañías que quieran operar en Sierra Leona deben obtener el consentimiento de las comunidades antes de hacer trabajos de minería, construir fábricas o granjas.

Ali Haji Bunduka, un joven enérgico, con rastas cortas bajo la gorra, está con un grupo de agricultores con las camisas empapadas de sudor. Acaban de preparar la tierra para sembrarla bajo un sol abrasador y Bunduka, que trabaja para SiLNoRF, va a enseñarles a utilizar un dispositivo GPS para cartografiar sus tierras. A lo largo del último año, este hombre ha ido de pueblo en pueblo en su coche para explicarlo. “La nueva legislación transfiere el poder de los líderes comunitarios y los jefes de distrito a las personas que realmente poseen y utilizan la tierra”, explica a los vecinos. “¿Ve lo fértil que es esta tierra? Aquí puede crecer casi cualquier cosa”, apunta.

Estamos haciendo lo que debería hacer el Gobierno: informar a la gente

Zeinab Kamara, activista

Al llegar al pueblo cercano de Malenka, Bunduka oye aplausos. Los aldeanos están sentados en círculo en pequeños bancos de madera bajo la sombra de grandes árboles de mango, mientras los niños juegan alrededor. Escuchan atentamente a Zeinab Kamara, una de las mujeres que formaban parte de la comisión tradicional que regulaba el uso del suelo y que acudió al Parlamento el pasado agosto para pedir que las propuestas de regulación del uso del suelo se convirtiesen en ley. “Junto con SiLNoRF, estamos haciendo lo que debería hacer el Gobierno: informar a la gente”, señala. Mirando a su alrededor, explica a los vecinos que las vecinas tienen ahora derecho a poseer terrenos. Además, todas las comisiones de tierras deben estar compuestas al menos en un 30% por mujeres. “Hacer un mapa de vuestra tierra es crucial para registrarla oficialmente y demostrar que sois los propietarios”, les explica.

Promesas de trabajos y sostenibilidad

El enfoque de Addax, con su promesa de aportar sostenibilidad, seguridad alimentaria, escuelas, hospitales y puestos de trabajo para la población local, atrajo a siete bancos de desarrollo europeos y africanos. Varias ONG alertaron inicialmente a los bancos de desarrollo de los riesgos para los derechos humanos y el desarrollo sostenible que suponían estos monocultivos a gran escala en manos de una gran empresa.

Los agricultores de Tonka dicen que esos temores se han hecho realidad. “Talaron nuestros bosques, llenos de árboles frutales y palmeras. Pasamos de comer tres veces al día a dos y, a veces, a una”, se lamenta Bangura, secándose con la camiseta el sudor que le chorrea por la cara tras plantar un platanero. “Desde que nuestras tierras fueron arrendadas para el proyecto de la caña de azúcar, bebemos agua contaminada, nos lavamos y lavamos la ropa en ella”. El grupo murmura en señal de acuerdo. “Desde que la fábrica empezó a funcionar, muchos tenemos problemas en la piel”, añade Bangura, levantando la tela amarilla que lleva alrededor de la cintura para mostrar manchas en las piernas.

Además, los campesinos aseguran que, cuando la fábrica arrendó estas tierras, parte del trato consistía en que les proporcionaría electricidad. Pero el pueblo sigue a oscuras. Por la noche, los vecinos se sientan en unos bancos de madera comiendo cacahuetes tostados. La única luz procede de las linternas de sus teléfonos. Al Haji Bunduka asegura que en las comunidades están surgiendo disputas por la tierra y que algunos vecinos que trabajan en la fábrica se quejan de retrasos en los salarios y de que no reciben equipos de protección contra la mordedura de serpientes.

Pero exigir responsabilidades por estas promesas incumplidas es complicado: La participación mayoritaria del proyecto de bioenergía Addax se vendió en 2016 a la empresa Sunbird Bioenergy Africa, registrada en Mauricio y las acciones de Sunbird cambiaron de manos dos veces, de un inversor mayoritario a otro. Por otra parte, desde 2011, el proyecto de cultivo se ha reducido drásticamente a 23.500 hectáreas, de las cuales solo 10.000 se utilizan para caña de azúcar. Además de bioetanol, la fábrica produce alcohol para el mercado europeo de desinfectantes de manos.

Pequeños éxitos

En Masethele, el pueblo vecino a Tonka, las mujeres secan el arroz en grandes esteras y producen aceite de palma roja. Tras la campaña de SiLNoRF y Namati, los habitantes de esta localidad consiguieron que Addax arrendara solo una parte de sus tierras.

Durante una animada reunión en un espacio comunitario al aire libre, Abu Bakar Kanu, que dirige una organización que agrupa a 37 asociaciones locales de terratenientes y agricultores, aboga por aunar esfuerzos para que se renegocie el contrato de arrendamiento. “Grandes áreas de las tierras que Sunbird arrienda, pero no utiliza, pueden ser cultivadas por las comunidades de alrededor. Con las nuevas leyes, tenemos una oportunidad real”, asegura a la comunidad. “Como todos sabéis, ya hemos tenido algunos pequeños éxitos en los que la empresa nos ha permitido volver a trabajar la tierra en determinadas zonas”.

Los aldeanos quieren unir fuerzas con los agricultores de otros pueblos vecinos para reclamar a Sunbird Bioenergy los campos que tradicionalmente utilizaban para el cultivo del arroz y renegociar el precio del alquiler. Habrá una nueva ronda de negociaciones con la empresa en 2024.

Organizaciones de derechos humanos y parlamentarios de países de África Occidental y de Zambia, en África Oriental, se han mostrado interesados en las nuevas leyes del suelo de Sierra Leona y en los esfuerzos por resistir y negociar mejores condiciones con las empresas internacionales. Los auxiliares jurídicos de Namati y SiLNoRF creen que las instituciones financieras públicas deben ser corresponsables de lo que ocurra con sus inversiones, ya que forman parte de las políticas de asociación público-privada que promueven el Banco Mundial y el FMI.

Sunbird Bioenergy, que declinó hacer comentarios, asegura en su página web que con el proyecto de bioetanol y alcohol en Sierra Leona contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

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