El fiscal llama al interventor que criticó la tramitación de los ERE

El fiscal que investiga el caso de los ERE en el Tribunal Supremo ha pedido al juez Alberto Jorge Barreiro que cite a declarar a Manuel Gómez, interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, quien alertó hasta en 15 ocasiones de las irregularidades en la tramitación de las ayudas sociolaborales del Gobierno andaluz, que desembocaron en un fraude de al menos 140 millones de euros. El ministerio público también quiere citar al consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, a quien la juez de Sevilla Mercedes Alaya considera autor intelectual del sistema de subvenciones fraudulento, financiado con una partida presupuestaria, la famosa 31L, ajena a cualquier fiscalización.

Tanto el interventor general Gómez, como el consejero Fernández —que pasó tres meses en prisión en 2012— se encuentran hoy imputados por la juez Alaya y han prestado declaraciones muy prolijas en su juzgado. Sin embargo, el fiscal del Supremo quiere citarlos para contrastar su versión con las ofrecidas por los cinco aforados y ex altos cargos de la Junta imputados en el alto tribunal: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los exconsejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno. El pasado miércoles, en una entrevista en Onda Cero, Gómez tachó de “inverosímil” la versión ofrecida por el expresidente Griñán al juez de que, en su etapa de consejero autonómico de Hacienda, no conocía los informes de la Intervención General en los que se alertaban de lo irregular del sistema de tramitación de las ayudas. Gómez sostiene que Griñán “fue destinatario de esos informes” y pidió ser citado a declarar ante Barreiro para entregarle “una serie de documentos de que es inverosímil que Griñán no estuviera al tanto del contenido de los informes de la Intervención General”.

El informe solicitado por el magistrado prácticamente exculpa a Moreno de haber participado en los actos del Ejecutivo andaluz

Mar Moreno cerró este martes la ronda de declaraciones de los cargos políticos ante el juez Barreiro. La que fue consejera de Educación (abril de 2009-marzo de 2010), Presidencia (marzo de 2010-mayo de 2012) y nuevamente de Educación (mayo de 2012-septiembre de 2013) se desvinculó radicalmente ante el juez del fraude en los programas de ayuda sociolaboral. Moreno, que ocupa actualmente un escaño en el Senado, se enteró de las irregularidades en el sistema de ayudas cuando en febrero de 2011, siendo ella portavoz del Ejecutivo andaluz, el ex director general de Trabajo Antonio Guerrero habló del “fondo de reptiles”, por lo que se vio “obligada a profundizar en el caso”.

Moreno afirmó que no recuerda que las llamadas “transferencias de financiación”, el sistema ideado para otorgar las ayudas, por el que se eludía su control previo, “fueran objeto de debate en el Consejo de Gobierno”, pero que entendía que el sistema “cumplía todos los requisitos legales”.

“Mi experiencia en las consejerías en las que he estado ha sido de estricto control previo de las subvenciones por parte de la intervención. Es una tramitación bastante compleja”, manifestó después de que el fiscal le preguntara por el hecho de que las ayudas de la Consejería de Empleo se realizaron sin que se publicara ninguna orden.

La posición de Moreno ha sido más cómoda judicialmente que la de los altos cargos anteriores. El informe solicitado por el juez Barreiro a la Guardia Civil prácticamente la exculpa de haber participado en los actos del Ejecutivo andaluz en los que se dio luz verde al sistema de ayudas que ha desembocado “en un gran fraude” de, al menos, 140 millones de euros, en palabras de Griñán.

El atestado de la Unidad Central Operativa del instituto armado señala que durante su etapa como consejera, Mar Moreno “no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores”.

“De hecho, Mar Moreno, durante el tiempo que fue consejera de Presidencia, solo asistió y presidió una sesión de la Comisión de Viceconsejeros, la que se celebró el 1 de septiembre de 2010, y en la misma no se llegó a tratar ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan”, apuntan los agentes en este atestado entregado al instructor de los ERE en el Supremo.

Tras hora y media de declaración Moreno aseguró a los medios de comunicación que “ha quedado acreditada” su “absoluta falta de relación temporal, material y competencial” con el fraude de los ERE. Moreno se mostró “razonablemente satisfecha”. “Tengo plena confianza en el pronunciamiento que se produzca de la justicia, teniendo en cuenta que en una democracia y una justicia constitucionales tan importante es castigar los delitos y perseguir a los culpables como defender el honor de los inocentes”, manifestó sin aceptar preguntas de los periodistas.