Una licencia a cambio de 45 millones de pesetas

En el municipio de Arona, desde 2003 a 2007, se realizaron extorsiones a empresarios para que abonaran importes millonarios a cambio de la tramitación de las licencias urbanísticas. Estas son las conclusiones de la fiscalía y el juez en relación con solo una parte del inmenso procedimiento del caso Arona, que se juzga en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

EL PAÍS ha tenido acceso a una de las grabaciones de esas supuestas extorsiones. Se trata de la conversación en el mesón Las Rejas de Arona, el 10 de julio de 2002. En ese restaurante se encuentran el empresario Arsenio Zamora Toledo y José Ramón Ansorena, un constructor a quien le solicitan el pago de 45 millones de pesetas para poder construir un edificio de 206 apartamentos en la zona de Costa del Silencio. En la cinta, grabada en un magnetofón y que supone una de las principales pruebas de la causa, Arsenio Zamora Toledo explica cuál es el procedimiento a seguir para conseguir una licencia de obra mayor, cuya tramitación se encontraba estancada. El solicitante, José Ramón Ansorena, ya había abonado dos millones de pesetas por informes técnicos y jurídicos que supo a posteriori eran de carácter gratuito.

En su declaración ante la fiscal, Ansorena explicó que tanto él como su padre fueron extorsionados, pero se negaron a pagar. "Nuestra licencia estaba paralizada y veíamos que alrededor de nuestra parcela se construían cientos de viviendas en suelo hotelero sin que nadie las paralizara. Después, en 2002, Arsenio Zamora nos pidió 2,5 millones de pesetas para que el Cabildo nos autorizara la licencia y después otros 9.000 euros por un informe jurídico", explicó Ansorena a la fiscal, Francisca Sánchez.

La familia Ansorena pagó los informes, pero la vuelta de tuerca que, presuntamente, tenía preparada Arsenio Zamora como intermediario del exarquitecto Eliseo de la Rosa y el exconcejal de Urbanismo Félix Sierra Melo fue demasiado. Según explicó José Ramón Ansorena, el presunto intermediario, Arsenio Zamora Toledo, pidió el pago de 45 millones de pesetas para poder desbloquear la licencia. Esa fue la gota que colmó el vaso. La familia Ansorena, oriunda de Euskadi, ya había pasado por esta situación, según asegura José Ramón Ansorena (padre), quien cuando le exigieron 45 millones espetó a Zamora: "Si ETA no me ha sacado el impuesto revolucionario, tampoco lo harás tú". Ante la negativa de pagar, los empresarios nunca pudieron fabricar el edificio de apartamentos y recurrieron a la justicia presentando la grabación en la que se prueba la extorsión como prueba principal.

El juicio continúa

Las extorsiones a empresarios solo son la punta del iceberg de un caso en el que está implicada la Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Arona, desde el alcalde de la localidad, José Alberto González Reverón, exconcejal del PP, al responsable durante el periodo comprendido entre 2003 y 2007 del área de Urbanismo, Félix Sierra Melo.

En el primer caso, Reverón reconoció en su declaración ante el juez que se concedieron licencias de forma irregular debido al desconocimiento jurídico de la propia Junta de Gobierno; a que no se leían las actas en donde figuraban las advertencias técnicas en relación con la ilegalidad de las licencias y, finalmente, aludiendo a que, en cualquier caso, dichas irregularidades iban a ser subsanadas con planeamientos urbanísticos nuevos, ya que el Plan General de Ordenación Urbanística en aquel tiempo databa de 1987.

En total fueron 205 licencias ilegales y, aun así, ninguno de los acusados que desempeñaron su cargo como concejales en la Junta de Gobierno local entre 2003 y 2007 afirman haber leído las actas en donde se consignaba que las licencias eran ilegales, una cuestión que fue atribuida por parte de los acusados al secretario de la corporación, ya fallecido.