Besteiro se niega a responder ante la juez sobre los seis delitos que le imputa

Ninguna sorpresa de última hora. Como se auguraba, José Ramón Gómez Besteiro se ha negado a declarar una vez más ante la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo e impulsora de las dos causas en las que figura como principal investigado (término equivalente ahora al de imputado), las Operaciones Pulpo y Garañón, en las que la juez le atribuye un total de 10 delitos. El que fue líder de los socialistas gallegos y hombre de Pedro Sánchez jamás ha respondido en el juzgado por los hechos que están bajo la lupa de De Lara, a pesar de que hace meses insistía públicamente en su deseo de aclarar el error con la magistrada, seguro de que con las pruebas incontestables de su inocencia que iba a presentar podría ser desimputado.

Gómez Besteiro ha entrado este miércoles callado, rodeado de cámaras, pasadas las 11 horas y no ha llegado a estar 10 minutos dentro del juzgado. El socialista ha recusado a la juez en el caso Garañón y está pendiente de que la Audiencia de Lugo resuelva. Mientras tanto, Pilar de Lara se ha apartado temporalmente de esta operación que investiga supuestos delitos urbanísticos y cohecho en la compra y reforma de la vivienda del político cuando ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo en la ciudad gallega. En este escenario, ayer Esperanza Ferreiro, la abogada que representa a Besteiro en la Operación Pulpo (recientemente asociada con él en un bufete después de verse abocado a dejar su carrera política), defendió que, por coherencia, De Lara debería abstenerse también en este caso que ha sumido al PSOE gallego en su peor crisis, descabezando el partido ante unas próximas elecciones autonómicas.

En la Pulpo, Besteiro está siendo investigado por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos durante su época como presidente de la Diputación Provincial.

Este miércoles también estaban citados como investigados su jefa de comunicación en el organismo, Leticia Vilar (por los supuestos delitos de tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, descubrimiento de secretos y uso de información privilegiada), y el empresario Raúl López, dueño de Monbus, el más poderoso grupo de transporte de viajeros por carretera de Galicia (cohecho, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiada). La que era mano derecha de Besteiro en la Diputación ha seguido la misma estrategia que su jefe ante la juez, y no ha declarado amparándose en el secreto que todavía pesa sobre una parte del sumario, mientras que el propietario de las compañías de autobuses que prestaban servicios en programas de viajes provinciales solo ha contestado a las preguntas de su propio abogado.

La magistrada cree que Besteiro benefició reiteradamente a López en los concursos públicos de la diputación, investiga si hubo amaño de contratos desde el Gobierno provincial y desvío de fondos europeos para fines diferentes de los previstos. El propietario de Monbus, presidente de sucesivos equipos de baloncesto gallegos, es un viejo conocido de la magistrada. Fue detenido por orden de la misma juez a causa de otra operación judicial, la Cóndor, todavía en marcha, en la que se investigan varios presuntos delitos, entre ellos el de blanqueo.

La Operación Pulpo arrancó en 2013 por un supuesto caso de acoso laboral en la Diputación de Lugo, pero los registros policiales destaparon nuevas supuestas irregularidades en el funcionamiento del organismo provincial, tanto de la etapa en la que gobernaba el todopoderoso barón popular Francisco Cacharro, fallecido el año pasado, como de la época de su sucesor en la presidencia, el socialista Gómez Besteiro. En marzo de este año la juez imputó a siete personas al detectar presuntas adjudicaciones "ilícitas" y subvenciones "fraudulentas" a entidades deportivas relacionadas con López.

Aunque el aspecto de la investigación que ha levantado más polvareda es el rastreo del llamado "gasto social" de la Diputación para sus trabajadores, una partida en funcionamiento desde la década de los noventa que ha servido para sufragar, desde entonces, dispendios particulares de la plantilla provincial y sus familias tan llamativos como las operaciones de la vista, costosos tratamientos odontológicos, viajes, balnearios e incluso la implantación de DIU. En las facturas incautadas también abundan los banquetes por muchos miles de euros. La Diputación, hoy también en manos socialistas, se apresuró a aclarar el día que salieron a la luz las imputaciones que con Besteiro se acabaron lo que la juez definió como "vacaciones subvencionadas", con destinos como Eurodisney, India o cruceros por el Rin.

Besteiro no quiso responder a la prensa amparándose en que, según él, ya no es político. Y su letrada ha insistido en que, de momento, por lo que conoce del sumario, no ve que haya caso contra su cliente y al mismo tiempo socio. "No existe el más mínimo indicio de la comisión de ningún delito por parte de todos los que están siendo investigados", ha dicho a los periodistas congregados. Ferreiro ha recordado que hay algún tomo todavía secreto y a ello se aferran ella y Besteiro: "Defendernos de algo sin saber por lo que estamos acusados no tiene mucho sentido. En el momento en que esté todo abierto decidiremos si habrá declaración o no". Y sobre los seis delitos que se le imputan al exsecretario general del PSdeG, ha ilustrado: "Un presidente de diputación o un alcalde o un consejero no toman las decisiones, sino que dan el visto bueno a los informes técnicos que existen".