Interior recluyó a los inmigrantes en la cárcel sin subsanar sus carencias

Las alertas se dispararon en Interior el viernes pasado. Ese día, las costas de Murcia y Almería comenzaron a recibir una oleada de pateras con centenares de inmigrantes. Dos días después, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía se presentaban ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Vera (Almería), Mónica Villena, con 10 sin papeles interceptados en la playa de los Muertos, de Carboneras, la noche del jueves. Según consta en el auto que dictó la magistrada, los agentes le solicitaron "autorización judicial de internamiento cautelar en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona". La juez lo aceptó. El abogado que asistió a los sin papeles, y que pide mantener el anonimato, aseguró a EL PAÍS que no se les informó ni a él ni a sus clientes de que iban a ser enviados a una prisión. Este martes ha anunciado que preparaba recursos para exigir su puesta en libertad ante lo que cree "una ilegalidad".

Ese mismo domingo por la mañana, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, telefoneó a la alcaldesa de Archidona, la socialista Mercedes Montero, para anunciarle que Interior iba utilizar la prisión situada en su municipio como CIE de manera "excepcional y provisional". "Me dijo que los inmigrantes iban a empezar a llegar de manera inminente, pero no me dijo fecha", ha dicho la regidora. El lunes llegaron 464. "Le volví a llamar y me reconoció que los primeros no tenían que haber llegado hasta el martes, pero que todo se había acelerado", ha asegurado.

Policías voluntarios

Unas prisas que se tradujeron en los primeros problemas logísticos. Interior —que el mismo lunes envió una nota de prensa en la que se refería a la cárcel como "centro" y utilizaba el término "habitaciones" para referirse a las celdas— montó un dispositivo policial de urgencia para el traslado en autobuses a los inmigrantes y su custodia allí. El mismo lunes, presentó con carácter urgente una convocatoria para pedir 52 agentes voluntarios para cubrir la seguridad del centro. Los CIE solo pueden ser custodiados por policías, no por funcionarios de prisiones. La incorporación de los agentes no se producirá hasta el 27 de noviembre.

Interior ha suplido este martes la falta de un servicio de cocina para dar de comer a los inmigrantes con el envío de 2.000 raciones. También ha remitido miles de botellas de agua dado que, como reconocieron fuentes del Ministerio, la que sale de los grifos del centro es "salubre", pero no potable. La alcaldesa de Archidona ha confirmado que el municipio no está suministrando agua potable al centro, que cuenta con una depuradora en sus instalaciones que no tiene autorización para funcionar.

También este martes Interior ha destinado al centro a dos médicos y dos técnicos sanitarios para atender a los recluidos. A ellos se sumarán en los próximos días personal de Cruz Roja para apoyarles. Desde Interior, este martes se ha insistido en la "temporalidad" de la medida  han negado cualquier irregularidad en la decisión de transformar lo que es oficialmente una cárcel —así se publicó en el BOE del pasado 18 de marzo— en un CIE. "Es una solución mucho mejor que montar un campamento", han insistido en línea con las declaraciones que el martes hizo el ministro Juan Ignacio Zoido cuando arreciaban las críticas a su decisión. No obstante, reconocieron que no existía una orden ministerial escrita que avalara el cambio de uso.

Interior también tendrá que decidir en los próximos días qué hace con los cerca de 300 funcionarios de prisiones que en las próximas semanas tenían que incorporarse a la cárcel, cuya apertura está prevista para enero. Según detallan fuentes sindicales, algunos de ellos ya llevaban días trabajando en el centro para recepcionar el material necesario para acoger a los reos. Otros debían acudir a tomar posesión de la plaza en los próximos días. Los sindicatos aseguran que los primeros han sido enviados de vuelta a las prisiones de origen.

Interior siempre ha insistido en que en ningún momento coincidirán en la prisión de Archidona reclusos con inmigrantes irregulares y que, por tanto, los funcionarios de prisiones no trabajarán en el centro penitenciario hasta que los segundos lo abandonen. La previsión inicial es de 40 días, aunque la ley permite mantenerlo recluidos hasta 60 días mientras se tramita su expulsión.