El Gobierno defiende la inmersión lingüística de la escuela catalana

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha defendido la inmersión lingüística de la escuela catalana, un modelo de "cohesión e inmersión lingüística". La competencia en lengua castellana de los alumnos catalanes, según los datos de 2017 de las pruebas de acceso a la universidad, "es equivalente a la media del Estado", ha afirmado Celaá. Los alumnos de esta comunidad autónoma sacaron de media un 6,41 de nota, solo ligeramente por debajo del 6,45 de la media nacional. "Los datos avalan que la comunidad autónoma catalana cumple con la cooficialidad de las lenguas en cuanto al conocimiento de los alumnos", ha afirmado.

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"Otra cosa es si ha podido haber o no abusos, vulneraciones; pero lo desconozco", ha continuado en su primera comparecencia como ministra en la comisión de Educación del Congreso. "Vamos a tratar de gobernar soportados en un bloque de confianza, con optimismo pero sin ingenuidad", ha añadido. Celaá, también portavoz del Gobierno, ha dicho también que "la excesiva ideologización de unos y de otros debe ser abandonada a las puertas de la escuela".

El modelo de inmersión lingüística ha sido objeto de polémica en el PSOE. Barones de comunidades autónomas como Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura han defendido que los padres catalanes pudieran elegir el castellano como lengua vehicular. El Gobierno del PP también lo cuestionó. El exministro Íñigo Méndez de Vigo aseguró que el Ejecutivo garantizaría que los alumnos en Cataluña pudiesen estudiar el 25% del currículo en castellano. Su promesa, que nunca cumplió, era su respuesta a las demandas del sindicato minoritario AMES o Societat Civil Catalana (SCC), que pedían que en la preinscripción se habilitase la llamada casilla lingüística, un recuadro que permitiese a las familias indicar que sus hijos elegían el castellano como lengua vehicular. Esta opción, avalada por varias sentencias, nunca fue puesta en marcha por la Generalitat pero cuando el Gobierno del PP tuvo opción de hacerlo en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tampoco lo llevó a cabo.

Méndez de Vigo también encargó un informe a la Alta Inspección Educativa sobre el presunto adoctrinamiento en libros de texto. Preguntada por la portavoz educativa de Ciudadanos, Marta Martín, sobre el resultado de dicho análisis, que el exministro nunca dio a conocer, Celaá ha contestado: "Desgraciadamente, no estaban encima de la mesa. No los conocemos, pero los vamos a buscar".

A la ministra le han preguntado también por los ocho de los nueve docentes del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) denunciados por la fiscalía por humillar presuntamente a hijos de guardias civiles después de las cargas policiales del 1 de octubre que han pedido el traslado de centro. Celaá considera que son los centros educativos los que deben garantizar la convivencia y ha afirmado que en el Ministerio "no obra nada al respecto" y la información que tiene sobre el tema la ha recibido a través de la prensa.

Educación infantil "asequible"

La ministra ha desplegado ante la comisión de Educación del Congreso una batería de medidas que espera poner en marcha durante su mandato, sin concretar plazos. La ministra ha anunciado que la educación infantil "asequible" será una de las prioridades de su mandato. El Gobierno, ha explicado, impulsará un programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas en educación de cero a tres años, que incluirá la financiación de programas de apoyo y orientación a los padres y madres. Estas ayudas estarán dirigidas a las familias con las rentas más bajas y se diseñarán en coordinación con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, según ha explicado sin entrar en detalles.

La ministra ha anunciado además una firme "apuesta por la Formación Profesional (FP) como motor del cambio de modelo productivo". El Ejecutivo planea desarrollar una Ley de FP para modernizar esta enseñanza, adaptarla a la nueva economía y diseñar una oferta única, integrada y flexible. Educación, en cooperación con el Ministerio de Empleo y con la participación de los agentes sociales, empresarios y sindicatos, integrará el sistema educativo de FP y la formación para el empleo. 

De manera inmediata, el Gobierno actualizará el catálogo de cursos y se reactivará el Sistema Nacional de Cualificaciones y FP.  También revisará el modelo Dual de FP para acometer "una regulación básica que permita organizar su regulación en todas las comunidades autónomas y evitar desigualdades". El Ejecutivo quiere incluya una contraprestación económica y establecer de manera clara una relación contractual.

Evaluaciones de diagnóstico

El Gobierno quiere recuperar también las evaluaciones de diagnóstico de los centros en 4º de primaria y 2º de la ESO para planear mejoras en colaboración con las comunidades. "Nos proponemos introducir el número de identificación del alumno como medida censal", ha anunciado también, como medida dirigida a conocer mejor la composición de los centros educativos para avanzar en la equidad. El Ministerio quiere también dar recursos a las escuelas de los barrios más pobres para ayudar a los alumnos a mejorar sus resultados.

La ministra ha desplegado ante la comisión de Educación del Congreso una batería de medidas que espera poner en marcha durante su mandato. Sin concretar plazos ni acciones, Celaá ha anunciado también que entablará un diálogo con los centros concertados que segregan por sexo, que "contravienen los principios generales de la educación inclusiva y la coeducación". El pasado abril el Tribunal Constitucional avaló la financiación pública de esos centros concertados.

Como ya adelantó en una entrevista en EL PAÍS, el Gobierno modificará los aspectos de la Lomce que más contribuyen a la desigualdad, como los itinerarios que segregan a los alumnos a los 13 años, porque "condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento". El Ejecutivo modificará también el artículo 109.2 de la ley educativa "por el cual la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada 'demanda social', un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada".

Algunos grupos políticos han pedido a la ministra la derogación completa de la Lomce y no la modificación de algunos de sus artículos. Celaá argumenta que no se puede derogar porque "no es una ley sustantiva, sino que descansa sobre otras leyes orgánicas".

Durante su comparecencia la ministra ha confirmado también que la asignatura de Religión dejará de contar para la nota media de bachillerato y que creará una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos. El Gobierno revertirá aspectos del decreto 14/2012 que materializó los recortes en el profesorado en 2012 y que ha sacado del sistema a unos 30.000 docentes, pero no lo derogará, como piden los sindicatos. "Se revertirá el aumento del número de alumnos por aula, el aumento de la jornada lectiva de los profesores y el plazo de 10 días para su sustitución", ha añadido Celaá.