La Rey Juan Carlos denuncia el borrado de 5.400 ‘e-mails’ de la cuenta del instituto del ‘caso máster’

Miles de e-mails se han esfumado de la cuenta del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, epicentro del caso máster. Según ha denunciado el delegado del rector a la policía, han detectado que se han eliminado 5.400 correos electrónicos recibidos o enviados entre 2008 y 2014 —periodo que incluye los cursos en los que Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón obtuvieron sus títulos—. Un borrado multitudinario que se suma a las "sospechas" de la universidad de que alguien se llevó también documentación de los despachos.

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Según consta en el sumario de la causa, al que tuvo acceso EL PAÍS, Pablo Acosta, nombrado máximo responsable del IDP tras intervenirlo al saltar el escándalo, telefoneó el pasado 20 de junio a la policía para informar de que había logrado entrar por primera vez en la cuenta de correo electrónico del centro investigado y que se había topado con ese gran borrado de e-mails. Aunque no pudo precisar el momento en el que fueron suprimidos —"ni si fueron eliminados en bloque o en fechas distintas", según resaltan los investigadores en un informe—, Acosta lo encontró "sospechoso" y decidió llamar a los agentes, que ya habían abierto pesquisas por las "irregularidades" detectadas en las cuentas bancarias del instituto, manejadas por el catedrático Enrique Álvarez Conde, considerado el cerebro de la trama.

Posteriormente, Acosta también relató a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que cree que han extraído papeles de los despachos del IDP porque ha "encontrado muy pocos" y porque algunos "salieron publicados en la prensa y no estaban en el instituto". "Sospecho que se han llevado documentación", apostilló el pasado 3 de agosto, durante su declaración como testigo ante la juez. En esa ocasión, también contó que la URJC no ha entrado en el despacho de Álvarez Conde —se le ha despojado de la dirección del centro investigado, pero sigue teniendo su plaza de catedrático—. "No sé si hay documentación ahí. No sé si hay en su casa", añadió.

El supuesto cerebro del caso máster, calificado por la juez como el "urdidor" de la trama, había ordenado también al banco que enviara la correspondencia del instituto a su domicilio particular, según relata el delegado del rector, nombrado por este para hacerse cargo del IDP tras estallar el escándalo. Así, al revisar los extractos de las cuentas, se comprobó que Álvarez Conde se había pagado sobresueldos de entre 10.000 y 22.000 euros al año; se hizo transferencias a sí mismo y a sus dos hijos —que no tienen relación con la universidad—; y también usó la tarjeta asociada para todo tipo de gastos personales, comidas en restaurantes y compras en supermercados, entre otros.

La URJC denunció entonces al catedrático por malversación. Una causa que recayó en el Juzgado de Instrucción número 34, que se inhibió y la trasladó al número 51, donde se lleva el caso máster. Pero Rodríguez-Medel rechazó asumir esa parte para evitar aumentar la "complejidad" del proceso y evitar dilaciones; y porque, según la magistrada, no se trata de un delito conexo a los investigados por ella.