Ignacio González, un político escurridizo entre tramas corruptas

En la historia de la corrupción política en España, probablemente no exista un político con tantas causas judiciales abiertas y tan escurridizo como Ignacio González. El expresidente madrileño hizo una carrera política exitosa a la sombra de Esperanza Aguirre. La victoria del PP en las elecciones generales de 1996 y 2000 le permitió ejercer como subsecretario de Educación (con Aguirre de ministra), secretario de Estado de Administración Pública y delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.

La mayoría absoluta de Aguirre en las elecciones autonómicas de octubre de 2003 llevó a González hasta la vicepresidencia del Gobierno regional, donde acumuló un inmenso poder. Para seguir su escalada, Aguirre le brindó en bandeja la presidencia de Caja Madrid en 2009 mediante un pacto con la oposición y los sindicatos. Pero Mariano Rajoy frustró aquella operación y eligió a Rodrigo Rato para sustituir a Miguel Blesa, fallecido en julio de 2017, en el puesto.

La carrera política de González se frenó hasta 2012, cuando heredó el cargo de presidente de la Comunidad de Madrid tras la renuncia de Esperanza Aguirre, quien impuso el nombre de su sucesor contra los deseos de la dirección nacional de su partido. Tres años después, González dejó la política por la puerta de atrás. Alertado por algunas sospechas de corrupción que rodeaban a González, el entonces presidente Rajoy eligió a otra candidata, Cristina Cifuentes, para encabezar las listas del PP a las elecciones autonómicas de 2015.

Desde entonces, a González le persigue el descrédito por su gestión en la Comunidad de Madrid. En todas las causas judiciales que tiene abiertas se sigue buscando la prueba directa que le incrimine. Los indicios contra González son numerosos, pero el arma del delito continúa desaparecida. Su caída en desgracia comenzó por un asunto personal.

El ático de Estepona. Ignacio González disfrutaba desde 2008 de un ático alquilado en Estepona por el que pagaba 2.000 euros al mes, lo que suponía el 40% de su salario como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Era el único inmueble de toda la urbanización que había sido comprado por un extranjero, en este caso ciudadano estadounidense, y en extrañas circunstancias. Estos hechos se conocieron en 2011. Para zanjar la polémica y ahuyentar las dudas, González decidió en 2013 adquirir el ático por 770.000 euros.

El comisario José Manuel Villarejo, hoy preso por corrupción, aireó en marzo de 2015, a dos meses de las elecciones autonómicas, una parte de la conversación que grabó a González en noviembre de 2011. En esa reunión, el vicepresidente comentaba su interés por que no salieran a la luz noticias de su ático y el policía le ofrecía sus servicios para solucionar el problema. Aquella grabación, que se hizo pública, fue la puntilla definitiva a la carrera política de González, que ya no repitió como candidato y dejó la política.

La causa judicial del ático de González lleva ocho años empantanada entre comisiones rogatorias a Panamá, Estados Unidos y el Reino Unido, todas fallidas. El instructor no ha encontrado la prueba definitiva de que el ático fue un regalo de empresarios a los que habría beneficiado el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

La compra de Emissão a cambio de 5,4 millones de dólares. El Canal de Isabel II, empresa pública madrileña cuyo presidente fue durante muchos años Ignacio González, compró en 2014 una sociedad brasileña dedicada a la distribución de aguas llamada Emissão. La compra se cerró por 30 millones de dólares (unos 27 millones de euros) y el vendedor dedicó una parte -5,4 millones de dólares- a pagar una mordida a quienes gestionaron la adquisición. Ese dinero, depositado en cuentas suizas, iba destinado a directivos de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica, y, supuestamente, a Ignacio González.

El principal responsable de la compra fue Edmundo Rodríguez Sobrino, exconsejero del diario La Razón y presidente de Inassa, colocado en ese puesto por González.

Rodríguez Sobrino confesó el delito en la Audiencia Nacional y reveló que una parte de la comisión ilegal -1,8 millones de dólares- iba destinada a González. Pero el expresidente de la Comunidad de Madrid nunca retiró el dinero que supuestamente estaba reservado para el en una cuenta suiza.

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes activó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía Anticorrupción. Rodríguez Sobrino intentó neutralizar a Cifuentes mediante amenazas, utilizando para ello a directivos del periódico La Razón, según las grabaciones incorporadas al sumario de este caso. González colaboraba como columnista de La Razón cuando estalló el escándalo, con un sueldo similar al que cobraba como presidente de la Comunidad de Madrid.

La mordida de 1,4 millones del tren a Navalcarnero. La investigación del caso Lezo descubrió el supuesto pago de una comisión ilegal por la concesión a OHL, la constructora de José Manuel Villar Mir, de una línea de tren a Navalcarnero.

Adrián de la Joya, empresario involucrado en múltiples negocios como intermediario, aseguró que OHL le ingresó 1,4 millones de euros en una cuenta suiza para que se los diese a Ignacio González en supuesto pago por la concesión de la Comunidad de Madrid. Pero González nunca cobró ese dinero. De la Joya se quedó con los 1,4 millones de una deuda que supuestamente mantenía OHL con este empresario por sus gestiones para la explotación de unas minas en África.

La financiación ilegal del PP-Madrid. La investigación del caso Púnica acumula pruebas de que empresas privadas, contratistas de la Comunidad de Madrid, pagaron a proveedores electorales del PP por servicios no prestados para financiar a esta formación política por vías ilegales. Esta operativa fue, supuestamente, ordenada por Ignacio González a sus colaboradores en una reunión celebrada en la Asamblea de Madrid.

El principal testimonio sobre estas maniobras es indirecto: un exdirectivo de la empresa pública ICM confesó al juez que su jefe le contó el contenido de la reunión y la orden que había recibido del entonces presidente de la Comunidad de Madrid. Pero los supuestos participantes en ese encuentro, González incluido, han negado en sus declaraciones ante el instructor que esa reunión se celebrara.

Cuando en una causa solo existen indicios y no pruebas directas, el Tribunal Supremo considera que deben darse los siguientes requisitos para considerar válida una sentencia condenatoria:

- “Los indicios deben ser plurales y deben estar interrelacionados de manera que se refuercen entre sí”.

- “Si es un indicio único, debe tener una singular potencia acreditativa”.

- “La inducción o inferencia del tribunal debe ser razonable, no solamente que no sea arbitraria, absurda o infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia”.

De todas las causas que Ignacio González tiene abiertas en los juzgados, la primera por la que tendrá que sentarse en el banquillo se refiere a la compra de Emissão por parte del Canal de Isabel II. El Tribunal deberá determinar si los indicios existentes son suficientes como para hacer culpable a González de una operación delictiva confesada por sus principales ejecutores.