Puigdemont pide al juez Llarena que anule la euroorden y se aparte por falta de imparcialidad

Carles Puigdemont cree que el Tribunal Supremo tiene la “obligación” de levantar su orden nacional e internacional de detención y archivar la causa abierta contra él desde noviembre de 2017. Estas son las dos consecuencias fundamentales que, según la defensa de Puigdemont, debe tener para el expresidente catalán —prófugo en Bruselas— la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. Puigdemont pide también que, si la causa sigue adelante, el Supremo aparte al instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, por falta de imparcialidad.

Puigdemont se juega, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras, la posibilidad de poder ejercer como eurodiputado y utilizar el Parlamento Europeo como un altavoz. La defensa del expresidente catalán no solo considera que tiene derecho a ocupar su escaño, sino que cree que debe hacerlo sin las limitaciones que imponen la orden de detención y de ingreso en prisión que el Supremo mantiene sobre él.

En un escrito de 63 páginas, el abogado Gonzalo Boye ha pedido este jueves al instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, que decrete el “sobreseimiento libre” y el “archivo inmediato” de las actuaciones abiertas contra Puigdemont. “Nunca antes se ha puesto en duda que, en caso de haber adquirido la inmunidad como diputado al Parlamento Europeo, ello implicaba de forma insoslayable la obligatoriedad de levantar cualesquiera medidas cautelares personales dictadas en contra de mi mandante. Por ello, aclarado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que mi representante efectivamente ha adquirido plenamente la condición de diputado al Parlamento Europeo y la inmunidad que corresponde al cargo desde el momento de su proclamación, poco más cabría discutir sobre la procedencia de levantar todas las órdenes de detención, prisión o extradición”, recoge el escrito.

El abogado critica la posición que ha mantenido la Fiscalía desde que se conoció el fallo del tribunal europeo sobre Oriol Junqueras. “No solo es extravagante sino que es grosera, manifiesta y palmariamente ilegal, con todo lo que ello implica”, señala el escrito en referencia a la petición del ministerio público de seguir adelante con todas las medidas cautelares dictadas contra el expresidente catalán y pedir al Supremo que solicite a la Eurocámara que levante la inmunidad de Puigdemont.

Para la defensa del expresidente, la euroorden contra él fue dictada “sin fundamento legal y sin la previa autorización del Parlamento Europeo” y las medidas cautelares (las órdenes de detención e ingreso en prisión) son “incompatibles con las inmunidades inherentes a esa condición”. “E incompatibles también con los derechos fundamentales en cualquier sistema democrático”, afirma Boye, que exige a Llarena que levante incluso la orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión que pesa sobre él. “No hay más caminos. Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo que, como decimos, es el de todos nosotros”, afirma.

La defensa de Puigdemont pide que el juez Llarena se aparte de la causa al entender que ha perdido la imparcialidad porque ya se pronunció sobre la inmunidad del expresidente (rechazó levantar la euroorden cuando Puigdemont se convirtió en eurodiputado electo) “en términos absolutamente incompatibles con sus derechos fundamentales, así como con el derecho de la Unión”. En caso de que el instructor se niegue a apartarse voluntariamente, Puigdemont pide al Supremo que le recuse (es decir, que le aparte de forma forzosa).