Golpe contra los camiones diésel que falsean las emisiones contaminantes

Hay tutoriales en YouTube para instalarlos en un santiamén y decenas de anuncios en Internet para comprarlos por dos duros. Se trata de unos dispositivos con los que camiones y autobuses diésel se saltan las normas europeas de limitación de los contaminantes. Se llaman emuladores. Y se conectan a los vehículos para anular los sistemas Adblue que ayudan a que los motores cumplan con los límites de óxidos de nitrógeno (NOx). Al desactivar el Adblue se consigue un ahorro económico importante.

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La amplia oferta en Internet para poder comprar un emulador –que se puede adquirir desde algo más de 20 euros– es una pista de lo extendido que puede estar este fraude que tiene consecuencias para el medio ambiente y para la salud. Los óxidos de nitrógeno –monóxido y dióxido de nitrógeno– son unos gases tóxicos que a su vez generan las dañinas partículas finas causantes de miles de muertes prematuras cada año.

El servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Fiscalía de Medio Ambiente han desarrollado una investigación pionera para detectar la instalación de los emuladores. Y han establecido un sistema para poder calcular las emisiones por encima de los límites legales que expulsan los motores de los camiones que tienen esos dispositivos fraudulentos. La idea, explican fuentes de la investigación, es poder abrir también la vía penal contra aquellos que cometan este fraude al cuantificar esas emisiones contaminantes que han expulsado de más. Hasta ahora, cuando la Guardia Civil o las diferentes policías autonómicas localizaban los dispositivos en un camión o un autobús se abría solo un expediente administrativo contra el responsable.

La operación, que se inició hace un par de años tras la denuncia de un fabricante de Adblue, se ha llevado a cabo junto con Europol y también se ha desarrollado en Francia y Reino Unido. Se ha centrado en una empresa de transportes de Madrid que, según ha concluido el Seprona, tenía instalados emuladores en 30 de sus 160 camiones. Principalmente, estaban montados en los vehículos que deben cumplir las normas anticontaminación Euro 4 y Euro 5 (ahora está en vigor para los camiones nuevos la Euro 6).

Los investigadores, según la Guardia Civil, calculan que la empresa habría obtenido unos beneficios de 700 euros por vehículo y año. Y, con ese aparato, los 30 camiones habrían emitido hasta 90 toneladas de óxido de nitrógeno por encima de los límites legales. Esta estimación es la que permite a la fiscalía y al Seprona poder abrir la vía penal contra los responsables de la empresa transportista. A cuatro personas –los dueños de la empresa y un alto cargo– los investigadores les acusan de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, también se investiga el posible blanqueo de capitales y evasión de impuestos.

Con la instalación de los dispositivos, la empresa lograba ahorrarse el líquido (a partir de urea) que emplea el sistema Adblue para limpiar las emisiones de los motores. Por otro, al desactivar el sistema se ahorraba también el mantenimiento del mismo. Y, además, se evitaba que cuando el Adblue falla se paralice el motor del camión, para lo que está programado, lo que puede generar importantes gastos si se está realizando un transporte de mercancías, explican fuentes de la Guardia Civil.

Los óxidos de nitrógeno son uno de los principales problemas de polución del aire de las ciudades. Y son también el principal hándicap de los motores diésel, que emiten más de estos gases que los de gasolina. Por eso los vehículos de gasóleo tienen que recurrir a sistema como el Adblue para cumplir con los límites que se fijan desde Bruselas.

Según el último informe de Proyecciones emisiones a la atmósfera elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, en 2015 se expulsaron a la atmósfera en España 805.000 toneladas de NOx. De ellas, el 34% fueron responsabilidad del transporte por carretera. El ministerio resalta que desde 2005 se había reducido hasta un 42% los óxidos expulsado. Entre las razones que se esgrimen para esa reducción están “los avances tecnológicos del parque de vehículos” y “la introducción de las normas Euro”. Sin embargo, escándalos como el diéselgate o la instalación de emuladores para anular el sistema Adblue ponen en duda, precisamente, el verdadero cumplimiento de esas normas europeas.