Ejecutados los cuatro condenados por la violación que despertó a India contra la violencia machista

India ahorcó al amanecer de este viernes a los cuatro condenados por la brutal tortura y violación en grupo de una joven estudiante en 2012. Tras varios aplazamientos de la sentencia, el desenlace del llamado caso Nirbhaya (la valiente, en hindi) supone la primera ejecución de una pena de muerte en el país desde 2015, y cierra el sumario de un crimen que conmocionó al mundo, mostrando los niveles de violencia contra la mujer en India y haciendo reaccionar a su sociedad ante el alarm...

India ahorcó al amanecer de este viernes a los cuatro condenados por la brutal tortura y violación en grupo de una joven estudiante en 2012. Tras varios aplazamientos de la sentencia, el desenlace del llamado caso Nirbhaya (la valiente, en hindi) supone la primera ejecución de una pena de muerte en el país desde 2015, y cierra el sumario de un crimen que conmocionó al mundo, mostrando los niveles de violencia contra la mujer en India y haciendo reaccionar a su sociedad ante el alarmante historial de crímenes machistas en el país asiático.

“Hoy se ha hecho justicia después de siete años”, dijo Asha Devi, la madre de la víctima, a los periodistas congregados en la prisión de Tihar, en la que se ajustició a los condenados y que está a las afueras de Nueva Delhi. “Felicito a la justicia india y agradezco a Dios por escuchar nuestras plegarias... El alma de mi hija ya puede descansar en paz”. A las afueras de la penitenciaría, centenares de policías velaban para controlar a la multitud que se había congregado para la ejecución. Con pancartas en las que se podía leer “Justicia para la mujer” o “Ahorcar a los culpables”, los reunidos esperaban al cumplimiento de una sentencia dictada en 2013, y cuya ejecución se había ordenado para enero pasado, pero que se había pospuesto tras varias apelaciones de los culpables.

La crueldad del suceso, ocurrido el 16 de diciembre de 2012, cuando un grupo de seis hombres violaron y torturaron a una fisioterapeuta de 23 años en un autobús de la capital, movilizó entonces a las autoridades de India. Estas resolvieron el caso y emitieron el veredicto con una rapidez y severidad sin precedentes. La policía identificó a los seis culpables en cuestión de días y, en escasos nueve meses, cuatro de ellos —otro falleció en su celda y el sexto, menor, fue enviado a un correccional— fueron sentenciados a pena de muerte. Las protestas multitudinarias de amplias secciones de la sociedad india llevaron la seguridad de la mujer, postergada antes al ámbito privado y familiar, al primer plano de la agenda política y mediática, contribuyendo a visibilizar la violencia machista y al nacimiento de movimientos feministas o el Me Too indio, un lustro más tarde.

El caso Nirbhaya también supuso cambios en el marco legislativo; generando una comisión gubernamental que impulsó la reforma de los delitos sexuales y la creación de tribunales especiales, junto al Fondo Nirbhaya para la compensación de supervivientes y familias. Sin embargo, las activistas critican el cumplimiento solo parcial de las recomendaciones del Comité de Justicia Verma, creado tras este crimen, —que incluía el amparo de las supervivientes en el ámbito administrativo, policial y judicial—. Desde el punto de vista penal, desde entonces India ha incluido la tipificación de delitos como el voyeurismo o el acoso sexual, además de la aplicación, en 2018, de la pena de muerte a violadores de menores de 12 años, a raíz del caso de una niña musulmana en Cachemira.

Las estadísticas relativas a la violencia machista en India continúan siendo desalentadoras y hacen que se le considere uno de los peores países del mundo para la mujer. Según los datos publicados por el Gobierno hace un mes, en 2018 una mujer era violada cada 15 minutos en el país. Las 34.000 violaciones registradas aquel año apenas variaron sobre las denunciadas el anterior. Lo que es peor, solo el 85% de esos casos fueron considerados delitos, y apenas un 27% acabaron en sentencias condenatorias; uno de los principales motivos por los que grupos defensores de derechos humanos denuncian la nula eficacia del endurecimiento de las penas si estas no se acompañan del estricto cumplimiento de la legislación ya existente.