La Fiscalía investiga a una residencia de Valencia ante unas duras imágenes de abandono de los ancianos

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto este miércoles diligencias de investigación de oficio ante la gravedad de las imágenes de ancianos desasistidos de la residencia de ancianos Domus VI de Llíria. Las imágenes fueron grabadas por una exempleada del centro y fueron emitidas el martes. La Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat valenciana ya anunció este martes que abría una investigación a la residencia Domus Vi de Llíria, en Valencia, a raíz de la denuncia pública. En el vídeo, que ha difundido por Telecinco, puede verse a un anciano caer al suelo sin que nadie acuda a socorrerlo, a una mujer sola, desnuda y sujeta a una silla y otra, de avanzada edad, que intenta comer un plato de comida sin ninguna ayuda y ni siquiera una mesa para apoyarlo.

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“Los tienen atados ahí sentados, no les importa si comen o no comen. Es un infierno, yo la llamo la residencia de la muerte. Se me caía el alma al suelo viendo el sufrimiento de estas personas, porque son personas. Cada día me iba a casa llorando”, declara la extrabajadora en el vídeo de unos 30 segundos que grabó. La extrabajadora ha declinado este miércoles realizar más declaraciones a petición de otros medios de comunicación distintos de Tele 5.

Varios familiares han acudido esta mañana al centro y algunos han optado por llevarse a sus allegados. Isabel Díaz, hija del anciano que sufrió la caída grabada, ha asegurado antes de entrar en el centro que siente “rabia e impotencia” y que en absoluto entiende “cómo se puede hacer eso a un ser humano”. “Hay cosas que se pueden entender, un abandono puntual porque no dé abasto el personal, pero lo sucedido no. Me lo llevo [a su padre] a un hospital, y en función de lo que me digan los médicos actuaré, si está desnutrido o tienen algún golpe, actuaré. Tengo claro que denunciaré, eso ha sucedido, no sabemos quién es el responsable, pero esos señores no se atan solos, hay falta de socorro”.

Otra familiar, Mariló Madrigal, que tiene ingresado a su padrastro en el centro, ha relatado que su familiar sufrió la amputación de parte de un pie porque no se le curó adecuadamente una herida, y además, se le olvidó a quien lo atendía meterlo en una ambulancia para ser trasladado al hospital. La hermana de dos internos, Pilar García, ha explicado que “durante alguna temporada no les cambiaban de ropa, o les ponían ropa de invierno a 30 grados, o no les cambiaban las sábanas tras orinarse”. Otros familiares, en cambio, han explicado a los periodistas que jamás han visto “nada raro”, ni han tenido constancia de maltrato alguno, según recoge Europa Press.

La consejería que dirige Mònica Oltra ya comunicó a este centro, antes de conocerse este último caso, una sanción de 174.000 euros después de inspeccionar las instalaciones, con capacidad para 150 residentes y con 35 plazas concertadas con la Generalitat. Este departamento detectó falta de personal médico y de enfermería, que fue subsanado; también material defectuoso en las habitaciones, falta de cuidados a algunas personas residentes e incumplimiento de contrato, pues no tenían servicio de peluquería y podología.

Domus Vi compró el centro en noviembre de 2018 a la empresa Serviger y, desde entonces, la Consejería de Igualdad ha inspeccionado las instalaciones en cuatro ocasiones desde 2019, a instancias del Ayuntamiento de Lliría, que le trasladó las quejas de los familiares. En las inspecciones, se detectaron varios “incumplimientos graves” y algunos fueron subsanados gracias a la acción de la Generalitat y otros estaban en curso. Domus V, multinacional de origen francés con 142 residencias en España, ha sido objeto de polémica durante la pandemia por su gestión en diversos centros. En su residencia de Alcoi fallecieron 73 de los 139 residentes de marzo a julio, lo que ha llevado a la Generalitat a anunciar su intención de revertir la concesión privada del centro, de titularidad pública.

El director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enric Juan, ha incidido este miércoles en que la empresa gestora de la residencia tenía “denuncias previas de familiares”, tanto por el trato a los residentes como por deficiencias en materia de infraestructuras y “por ello se le impuso la multa”. "Ha sido una de las más inspeccionadas en los últimos meses antes de la pandemia -cuatro visitas- e incluso en 2020. Desde ese momento no hemos tenido más quejas de las familias y por eso no se ha actuado”, ha agregado. Además, ha ofrecido los recursos de la Consejería para trasladar a internos o cambiar la modalidad de la prestación que reciben en caso de que la familia lo solicite.

A través de un comunicado, Domus Vi ha mostrado su repulsa por el vídeo, que achaca a una mala praxis de la exempleada. “Se trata de imágenes grabadas por una extrabajadora cuyo contrato temporal no fue renovado porque no cumplía con sus obligaciones laborales”, apunta una portavoz de la residencia, que indica que la ex empleada trabajó de refuerzo los meses de abril y agosto. Según prosigue el comunicado, “las imágenes emitidas corresponden a residentes del centro durante la etapa de confinamiento que, por su avanzada edad y problemas psicomotrices, habían sufrido una caída. En este caso, los empleados les atienden de manera inmediata". Domus Vi acusa a la extrabajadora que grabó el vídeo de omisión del socorro al no ayudar a uno de los residentes cuando se cayó al suelo, según lo visto en las imágenes. El comité de empresa la residencia Jardines de Llíria tenía previsto leer un comunicado en defensa de la profesionalidad de los trabajadores.

El alcalde de Llíria, el socialista Manolo Civera, por su parte, ha calificado de “vergonzosas, dolorosas y repudiables porque, además, provocan un sufrimiento a toda la sociedad y al conjunto de profesionales que trabajan en este sector, un servicio esencial en el que hay personas trabajando con una vocación extraordinaria”. Civera considera que se deben activar “todos los mecanismos necesarios para sancionar a aquellas personas que hayan podido realizar estas prácticas nada éticas” y aboga por “controlar los fondos de inversión que gestionan estos centros de mayores, porque es un sector en el que la mayoría de los personas trabajan con vocación social y en el que debe primar siempre el factor humano por encima del económico”.