Los partidos pactan que el plazo de prescripción de la pederastia se inicie cuando la víctima tenga 35 años

Los delitos graves contra menores, entre ellos, los abusos sexuales, no prescribirán hasta que la víctima cumpla al menos 40 años. Así consta en una enmienda que han acordado los partidos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, con el PP, Ciudadanos, Bildu, ERC, BNG y Más País y que se votará este jueves en el pleno del Congreso, cuando se debata el dictamen del proyecto de la ley de protección de la infancia frente a la violencia. Hay amplio consenso en torno a esta modificación, por lo que hay votos más que suficientes pa...

Los delitos graves contra menores, entre ellos, los abusos sexuales, no prescribirán hasta que la víctima cumpla al menos 40 años. Así consta en una enmienda que han acordado los partidos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, con el PP, Ciudadanos, Bildu, ERC, BNG y Más País y que se votará este jueves en el pleno del Congreso, cuando se debata el dictamen del proyecto de la ley de protección de la infancia frente a la violencia. Hay amplio consenso en torno a esta modificación, por lo que hay votos más que suficientes para incorporarla al texto. Ahora mismo, en España el plazo de prescripción empieza a correr cuando la víctima cumple 18 años. A partir de ahí, en función de la gravedad del delito, dispone de cinco a 15 años para denunciar. El texto legal que llega este jueves al Congreso recoge que el umbral a partir del cual comienza a contar el tiempo se eleve a los 30 años, un gran avance que, sin embargo, algunas organizaciones de infancia veían insuficiente. La enmienda incorporada a última hora gana cinco años de margen, es decir que se elevará hasta los 35 años. Es un cambio que se añade in extremis, antes de que este jueves se someta a votación.

Quienes han sufrido abusos suelen tardar en procesar lo ocurrido y en atreverse a dar el paso a denunciar. Por ello, uno de los caballos de batalla de las organizaciones de infancia y de supervivientes de abusos ha sido elevar este umbral. Pese a que los partidos no lograron acordarlo durante la fase de ponencia (cuando los grupos políticos debatieron sobre las 576 enmiendas presentadas), el PP, ERC, Ciudadanos y partidos del Grupo Plural habían propuesto alargar los plazos, o bien elevar este umbral a los 40 años o hacer estos delitos imprescriptibles. Fuentes de Vox confirmaron a este diario que también compartían que se elevara a los 40 años. La negociación continuó hasta última hora, porque este mismo jueves se vota el dictamen en el pleno del Congreso, donde requiere de una mayoría absoluta. “Aunque no sean los 40 años que demandábamos inicialmente, es una mejora de la ley”, explica la portavoz de Ciudadanos Sara Giménez. Coincide la diputada de ERC María Carvalho.

La ley, que situará a España a la vanguardia internacional en cuanto a protección de los derechos de los menores, ha sido demandada por organizaciones de infancia durante años y suscita un gran consenso entre los grupos parlamentarios. La semana pasada, en la Comisión de Derechos Sociales en la que se aprobó el dictamen del proyecto legislativo, solo Vox y PNV votaron en contra, este último partido por considerar que invade competencias. A excepción de ERC y EH-Bildu, que se abstuvieron, el resto de grupos dieron luz verde al texto que tiene un enfoque integral y que los expertos comparan a la ley contra la violencia de género, precisamente porque contempla todos los ámbitos, desde la prevención, hasta la detección, intervención y reparación.

Entre las grandes novedades que incorpora la ley, figura un amplio paquete de medidas de prevención, por el que se establece que el menor tiene que crecer en “entornos seguros” en el ámbito familiar, en los centros educativos y de protección. El texto legal regula la obligatoriedad de que se disponga de protocolos tanto en los colegios como en los centros deportivos y refuerza el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados. Además, recoge importantes cambios a nivel judicial, desde la obligatoriedad de la prueba preconstituida para menores de 14 años, es decir, que solo tengan que declarar una vez durante la fase de instrucción del proceso judicial, frente a las hasta cuatro veces que se ven obligados a hacerlo en la actualidad.

Asimismo, refuerza la protección de los menores que viven en familias donde se dan situaciones de violencia de género y prohíbe que se emplee el síndrome de alienación parental, que carece de aval científico, por el que se entiende que un progenitor, normalmente la madre, manipula a los hijos en contra del otro progenitor, hasta que los menores terminan por rechazarlo. También da un mandato al Gobierno para, en el plazo de 12 meses, desarrollar la legislación que regule la creación de juzgados de violencia contra la infancia, así como la especialización de la fiscalía.

Pese al amplio consenso que suscita la norma, los partidos quieren aún introducir cambios y mantienen vivas algunas enmiendas que ya fueron rechazadas en la comisión de la semana pasada y que volverán a votarse en el pleno de este jueves. Por ejemplo, la transaccional firmada por Unidas Podemos, Más País, ERC, EH-Bildu y Ciudadanos que establece que se priorizarán las soluciones habitacionales “adecuadas” ante un desahucio o un lanzamiento de una familia con menores a cargo. O la de EH-Bildu que contempla la supresión de la condición de agente de autoridad que en el texto se otorga a los trabajadores sociales, algo que según alertaba este miércoles durante una rueda de prensa Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política de Save the Children, “daría presunción de veracidad” a los funcionarios de servicios sociales y, durante los procedimientos administrativos en los que se decide la retirada de tutela a los menores, aumentaría el desequilibrio entre la Administración y las familias. La misma opinión tiene Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, quien también pide que se suprima esta condición.

Pese a estos cambios que las organizaciones de infancia defienden que se incluyan en la ley, celebran ampliamente su aprobación. Ibarra recalca que es una normativa pionera, que pone al niño en el centro y el foco en la prevención, con el objetivo de evitar que los niños acaben siendo víctimas de violencia. Considera que es un gran “salto de calidad”. Andrés Conde, presidente de Save the Children, recalca también que la ley “es el marco más ambicioso que existe en Europa en cuanto a violencia contra la infancia, y probablemente en el mundo”. “Es esencial que se apruebe”, ha dicho, para luchar contra una “violencia invisibilizada” de la que apenas hay datos y que suele quedar impune, porque “raras veces se denuncia y muy pocas veces tiene consecuencias”, pese a los “efectos devastadores” en los niños. “Lo que vamos a ver mañana es el punto de llegada de más de 12 años de lucha”, después de que el Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendara en 2010 a España la aprobación de esta ley, y “mucho esfuerzo legislador de tres Gobiernos distintos”, ha dicho Conde en referencia al Ejecutivo de Mariano Rajoy y a los dos liderados por Pedro Sánchez, el primero con el PSOE en solitario y el segundo, en coalición con Unidas Podemos. Tras la aprobación en el pleno del Congreso, el texto comenzará su recorrido en el Senado y, si se mantiene el trámite de urgencia que ha regido hasta ahora, podría aprobarse definitivamente en junio.