Gibraltar vota a favor de acabar con su restrictiva ley del aborto, que lo penalizaba con cadena perpetua

El 62% de los votantes gibraltareños se ha manifestado en un referéndum celebrado este jueves a favor de suprimir la pena de cadena perpetua que pesaba contra las mujeres que aborten, para dar paso a una ley de plazos.

En la práctica, el resultado, conocido a la una de la madrugada de este viernes, se traducirá en la entrada en vigor de una modificación de la Ley Penal de Gibraltar —Crime Act— que lleva lista desde abril de 2019. La decisión de someter el cambio a consulta popular (consensuada por el Parlamento gibral...

El 62% de los votantes gibraltareños se ha manifestado en un referéndum celebrado este jueves a favor de suprimir la pena de cadena perpetua que pesaba contra las mujeres que aborten, para dar paso a una ley de plazos.

En la práctica, el resultado, conocido a la una de la madrugada de este viernes, se traducirá en la entrada en vigor de una modificación de la Ley Penal de Gibraltar —Crime Act— que lleva lista desde abril de 2019. La decisión de someter el cambio a consulta popular (consensuada por el Parlamento gibraltareño) y la pandemia, después, han alargado el proceso hasta la extenuación de todas las partes implicadas en la campaña.

A partir de ahora, entra en vigor una ley de plazos que permitirá el aborto hasta las 12 semanas de gestación (en España es hasta las 14, y hasta las 22 semanas por patología fetal o por problemas de salud, física y psíquica, de la madre). El cambio se queda bien lejos de las interrupciones hasta las 24 semanas que se autorizan en el Reino Unido, país del que Gibraltar tiene independencia legislativa, pese a depender de él como territorio de Ultramar. A las urnas estaban llamadas 23.342 personas, incluidos los mayores de 16 años, pero se obtuvo una participación de solo 52,75%, una cifra relativamente baja para un territorio acostumbrado a implicaciones de más de un 70%, como en las últimas elecciones generales de 2019.

Con todo ello, testimonios anónimos como los recopilados y difundidos por la iniciativa a favor de la medida Gibraltar for yes! han pasado a la historia desde la madrugada de este viernes. “Estuve todo el camino de vuelta de Sevilla a Gibraltar dormitando, con dolor y respondiendo a la voz preocupada de mi madre que me preguntaba si estaba bien”, señala uno de ellos.

La legislación, que llevaba más de dos años esperando a la consulta popular, sigue un modelo de supuestos: la interrupción será posible en cuatro casos: sin que haya que justificarlo, antes de las 12 semanas; y sin limitación de tiempo —siempre con supervisión médica— en estos tres supuestos: si evita lesiones graves “en la salud física o mental de la embarazada”; si seguir adelante pone en riesgo la vida de la gestante, y si se da un peligro de muerte fetal. No obstante, se prevé la objeción de conciencia de los facultativos, pero limitada al deber de salvar vidas.

Es precisamente la posibilidad de interrupción del embarazo más allá de las 12 semanas en esos supuestos limitados, concretos y tutelados la que, sin embargo, más ha polarizado a la sociedad gibraltareña. La Iglesia católica, el Movimiento Provida de Gibraltar y la iniciativa Save Babies, Vote No han sido las voces más beligerantes contra la modificación legislativa. En su campaña, se han mostrado a favor de votar por el no e incluso por mantener la antigua legislación, pese a que se trata de una de las más restrictivas del mundo, que colocaba a Gibraltar a un nivel de prohibición similar al de Ciudad del Vaticano. Anoche, tras conocerse los resultados, Karenza Morillo, portavoz de esta última iniciativa, apenas podía ocultar su “decepción” por lo que considera “una ley extrema”, según valoró al poco de saberse el escrutinio al periódico local Gibraltar Chronicle.

En el lado contrario se han manifestado el propio ministro principal, Fabian Picardo (líder del Partido Socialista Laboralista de Gibraltar, GSLP), sus socios de Gobierno del Partido Liberal o la formación de izquierdas Together Gibraltar. Picardo se ha congratulado por el “excelente resultado para las mujeres”, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. “Trabajaremos para introducir los nuevos servicios que necesitaremos para garantizar el asesoramiento y los abortos legales y seguros”, ha añadido el político.

Tampoco han ocultado su alegría en Gibraltar for yes!, la iniciativa popular a favor de la despenalización del aborto. Los gritos de “no más vergüenza” irrumpieron con fuerza esta madrugada cuando se leyeron los resultados de la votación. Ese ha sido uno de los lemas del movimiento, empeñado durante la campaña en demostrar el duro estigma que ha supuesto durante décadas a las gibraltareñas tener que salir de El Peñón para abortar y la larga sombra del silencio que se imponía entre las mujeres que optaban por recurrir a este derecho.

Gibraltar for yes! ha compartido en sus redes sociales en este tiempo testimonios de mujeres anónimas, como el de una chica que, cuando optó por interrumpir su gestación era una joven de 25 adicta a las drogas, al igual que su pareja; que tuvo que ir hasta Sevilla en busca de una clínica abortiva de pago. Sin embargo, la iniciativa y el propio Picardo no las tenían todas consigo y en los últimos días de la campaña habían llegado a contener el aliento por un posible rechazo al cambio de la ley. Eso hubiese complicado la situación legal de El Peñón, ya que la modificación partió después de que en 2018 el Tribunal Supremo del Reino Unido —al que está sujeto también Gibraltar— fallase que la legalidad de la Ley del Aborto en Irlanda del Norte resultaba desproporcionada e incompatible con el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, algo que también ocurría con la anterior norma de la Roca.

La abolición de la pena de cadena perpetua para las mujeres que aborten se suma a una lista de reformas de corte social que el partido de Picardo comenzó desde que llegó al poder en 2011. Pese a la imagen de modernidad que la ciudad de 33.701 habitantes transmite, Gibraltar mostraba una visión mucho más conservadora en cuestiones como la posibilidad de las uniones de hecho sin importar el sexo de los contrayentes, aprobada en 2014. Dos años después, El Peñón dio un paso más y aprobó los matrimonios igualitarios, en ese caso, por medio de una reforma aprobada en el Parlamento sin referéndum, pero abierta al aluvión de las 3.490 consultas que recibió.