Acampadas frente al Ministerio de Trabajo: “La ayuda a domicilio es un nicho de vulnerabilidad y pobreza”

Tres mujeres duermen al raso desde hace 14 días en la arquería frente al Ministerio de Trabajo, en Madrid. Dos tienen 61 años y 66 una tercera, recién jubilada. Son auxiliares del servicio de ayuda a domicilio. Por allí han pasado más compañeras, los fines de semana alcanzan la decena, pero ellas son las únicas que no han fallado ni un día. Les pesan los años de trabajo a sus espaldas, y no es una frase retórica: es en la espalda donde se concentra la mayoría de sus problemas porque atienden a varias personas en situación de dependencia cada día, las levantan de la cama, las bañan, les dan de ...

Tres mujeres duermen al raso desde hace 14 días en la arquería frente al Ministerio de Trabajo, en Madrid. Dos tienen 61 años y 66 una tercera, recién jubilada. Son auxiliares del servicio de ayuda a domicilio. Por allí han pasado más compañeras, los fines de semana alcanzan la decena, pero ellas son las únicas que no han fallado ni un día. Les pesan los años de trabajo a sus espaldas, y no es una frase retórica: es en la espalda donde se concentra la mayoría de sus problemas porque atienden a varias personas en situación de dependencia cada día, las levantan de la cama, las bañan, les dan de comer. Cargan muchísimo peso. No ingresan ni mil euros al mes. Se cansaron de llamar a una puerta detrás de otra durante años y que nada cambiara. La decepción las llevó a coger sus sacos de dormir y montar un campamento en el que reivindican que haya una evaluación de riesgos laborales en las casas en las que trabajan, que se les reconozcan enfermedades profesionales específicas, poder jubilarse a los 60, que la ayuda a domicilio sea un servicio público (gran parte tiene gestión privada). Están expectantes porque este lunes se reúnen con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

La noche es el peor momento. Se dispara la sensación de alerta. El ritual comienza siempre de la misma manera: para contener la entrada de aire frío, colocan maletas, mochilas, cualquier bulto que tengan a mano, delante del plástico con el que han forrado las rejas que unen los arcos, del que cuelgan carteles con sus peticiones. Extienden esterillas y ponen encima las colchonetas que las separarán, apenas unos centímetros, del suelo. Cogen mantas y se acuestan vestidas, con el bolso dentro de los sacos de dormir y un silbato a mano, por si tuvieran que pedir ayuda. Montaron la protesta en noviembre, pese al clima, porque Teresa Villar, de 66 años, se jubiló en octubre. “Así nos asegurábamos de que alguien siempre estuviera disponible, para no depender solo de las vacaciones que puedan cogerse las compañeras”, explica esta mujer que pasó 12 años como trabajadora del servicio de ayuda a domicilio en Cáceres. “Yo en enero vuelvo a tener vacaciones”, advierte Eva Miguel, de 61. Ella viene de Gijón, junto a Carmen Diego, de la misma edad.

Las tres forman parte de la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención a Domicilio, un grupo que aglutina a compañeras en cinco provincias del país, cuentan. “Estamos abandonadas”, se queja Carmen Diego. “La jornada laboral es muy parecida en todos sitios. Empiezas de siete a ocho. Llegas a una casa, levantas a la persona de la cama, la pones en una silla de ruedas, la llevas al baño, del baño al váter, de ahí a la duchvicea, la secas, la vistes, de nuevo a la silla de ruedas, y se puede quedar en el dormitorio o en el salón. Son cinco movilizaciones. Si es muy dependiente, en media hora ya cogiste 375 kilos, suponiendo que la persona pese 75″, dice. “Recoges el baño, haces la cama, la comida. Todo eso en una hora, fichas al entrar y al salir, y al mismo tiempo escuchas a esa persona, que te traslada sus angustias. Es una realidad muy dura. Te dan 10 minutos para ir a otra casa, cuando en realidad tardas 20 en llegar, te quitas la ropa y sales corriendo. Y vuelta a empezar. Yo tengo seis servicios”, explica, y añade: “Cobro 747 euros por 35 horas a la semana y llevo 29 años en esto”.

Carmen Diego tiene tendinitis crónica en el hombro y en 2019 se le rompió una vértebra en el trabajo. “La L3 [tercera lumbar]. En la mutua me mandaron antiinflamatorios. Después de ocho días en que no podía aguantar el dolor me hicieron un escáner y ya ahí se vio”. Eva Miguel tiene “dos hernias discales, cervicalgia [dolor cervical] crónica, la espalda es una contractura entera, lumbalgia, ciáticas a causa de las hernias discales”. “Es sangrante”, resume. Ingresa “862 euros por una jornada completa”, lleva 32 años en la ayuda a domicilio. Dicen que muchas compañeras tienen problemas de ansiedad y depresión.

Se desconoce el número exacto de auxiliares de ayuda a domicilio en España. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales estima que son unas 100.000 en el sistema de atención a la dependencia. “La ayuda a domicilio no es un nicho de empleo, es un nicho de vulnerabilidad y pobreza”, se queja Villar. “No puedes estar manejando cargas de cientos de kilos hasta los 67 años”, continúa. Ella tiene hernias discales. Cuenta que ha notado algo de mejoría a raíz de dejar el trabajo, ya no anda “a pasito de geisha”.

“La ley de prevención de riesgos laborales exige que haya una evaluación del lugar de trabajo, en nuestro caso, los domicilios”, prosigue Villar. Asegura que la mayoría no están adaptados, que las sillas a veces no entran por las puertas, que prácticamente no hay grúas. “No se hacen evaluaciones porque empresas y administraciones aducen que se trata de domicilios particulares. En el Ministerio de Trabajo nos dicen que la ley nos ampara, pero que entran en colisión el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad con el derecho a la vida y a la integridad física”, continúa. “Alegan que hay complicaciones técnicas, pero no explican cuáles son esas complicaciones. Yo sospecho que se debe a que a las empresas, a las mutuas y a la propia Administración les supondría más gastos”. Villar argumenta que los usuarios ya ceden parte de su intimidad cuando solicitan una prestación a través de la ley de dependencia. “Permiten acceso a sus datos de salud, a su situación económica, dejan que un trabajador social entre en su domicilio y realice una evaluación. ¿Por qué no puede entrar un técnico también?”.

Las tres coinciden en que, si hay una fractura durante las horas de trabajo, se cubre como accidente laboral, pero aseguran que muchos problemas físicos no se relacionan con su empleo, sino que pasan por enfermedades comunes, como los problemas con el túnel carpiano o las hernias. “Por eso necesitamos que se nos reconozcan enfermedades profesionales específicas; no tendríamos periodos de carencia en el caso de las bajas, por ejemplo, y tendríamos una indemnización por los daños causados si quedas incapacitada”, sigue Villar.

Su sensación de abandono aumentó durante la pandemia. Fueron el segundo sector más contagiado, según los estudios de seroprevalencia realizados durante las primeras oleadas. Pero en febrero, cuando el Gobierno reconoció a trabajadores de centros sanitarios o sociosanitarios la covid-19 como enfermedad profesional, a ellas se las dejó fuera. Por ello no se benefician de la ampliación indefinida del periodo en el que quedarían cubiertos ante la Seguridad Social si padecieran en el futuro alguna enfermedad derivada del coronavirus (con un accidente de trabajo, el periodo es de cinco años). No fueron consideradas de primera línea.

Una portavoz del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, explica que en el departamento se han reunido “en cuatro ocasiones con diferentes representantes del colectivo de trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y de empleadas domésticas” y que son “sensibles a las demandas que plantean sobre cuestiones que llevan décadas sin resolverse”. Han creado un grupo de trabajo y están estudiando la situación. Fuentes del Ministerio de Inclusión señalan que en la mesa de diálogo social se están analizando “con criterios objetivos” qué colectivos deben ser considerados como profesiones con penosidad, algo que permitiría que se jubilen antes sin que su pensión se vea resentida. Y las de Derechos Sociales remiten al plan de choque en dependencia, que contempla la necesidad de una mejora en las condiciones laborales.

Pero ellas están cansadas de “titulares vacíos”, de no sentirse “defendidas por los agentes sociales”. Seguirán acampadas hasta que firmen con Trabajo un calendario de reuniones. Dos de ellas están en periodo de vacaciones y lo disfrutan en el campamento. No hay vuelta atrás. Exigen una respuesta.